Más de cincuenta acuerdos concretos sobre el desarrollo autonómico

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El mapa autonómico queda fijado en dieciséis comunidades autónomas que son las siguientes: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, País Valenciano y País Vasco. A Ceuta y Melilla se les reconoce el derecho constitucional a constituirse como comunidades autónomas, pero los cuatro partidos coinciden en apreciar como más conveniente la potenciación de su condición de entidad local, mediante un régimen especial de carta. Con Navarra se procederá por la vía del amejoramiento del fuero y se respetarán las previsiones de la Constitución.

Sin embargo, este mapa autonómico no se ha querido cerrarlo definitivamente ya que en los Estatutos de Cantabria y La Rioja, al igual que en el de Castilla-León, existe acuerdo para que se prevea la posible integración de las dos primeras en la tercera. Este acuerdo de integración debería ser adoptado en la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, por decisión de al menos dos tercios de sus miembros. Este acuerdo deberá ser ratificado en un plazo de seis meses por un número de ayuntamientos no inferior a los dos tercios del total provincial. Segovia se incorporará a Castilla-León conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Constitución. El proyecto de ley orgánica sobre Segovia deberá estar en el Congreso antes del 1 de octubre.

Los estatutos pendientes estarán aprobados antes de 1983. Los de Asturias, Cantabria y Andalucía ya han sido ultimados por la Comisión Constitucional del Congreso. Los de Canarias, Murcia, La Rioja, Valencia y Murcia, deberán superar al menos, el trámite de la Comisión Constitucional antes del 31 de diciembre si no es posible su total aprobación. Los demás estatutos serán presentados en el Congreso antes del 31 de diciembre de 1981.

Los cuatro partidos y el Gobierno están de acuerdo en la celebración de las elecciones de ámbito regional en la, misma fecha, que para las primeras será necesariamente entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 1983. En esta primera ocasión coincidirán bien con las generales bien con las locales, aunque en lo sucesivo pueden ser convocadas sin que se dé esta coincidencia. Existe el compromiso de negociar con los consejos de gobierno del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, así como con los partidos presentes en los respectivos parlamentos autónomos, una fórmula que permite hacer coincidir sus elecciones autonómicas con las del resto de las comunidades. Ni vascos ni catalanes se han pronunciado todavía sobre el tema.

Son varios los acuerdos concretos que intentan regular, bajo el objetivo fundamental de la homogeneidad, los ritmos de transferencias tanto a las comunidades autónomas ya constituidas como a los entes preautonómicos.

Destacan sobre todos estos temas concretos los compromisos suscritos en relación con los techos autonómicos, la famosa batalla de los números entre estatutos del 151 y del 143. En este punto, los partidos no siguen las estrictas recomendaciones de la comisión de expertos. Aceptan que los estatutos elaborados por la vía del artículo 143 puedan incluir competencias que superen el techo del artículo 148 de la Constitución, pero deberán hacerlo en artículo o artículos aparte.

Además se exigirá que conste en esos estatutos que las competencias que excedan el artículo 148 podrán ser asumidas: a) transcurridos cinco años, previo acuerdo de la asamblea, adoptado por mayoría absoluta y previa ley orgánica aprobada por las Cortes; b) mediante delegación o transferencia, conforme al artículo 150,2 de la Constitución, acordada por ley orgánica de las Cortes Generales. Esta delegación o transferencia también se hará a partir de cinco años contados desde la aprobación del Estatuto.

La peculiar condición de Canarias -por sus características geopolíticas y su régimen fiscal especial- deberá ser tenida en cuenta a la hora de fijar los techos dé este Estatuto, en el que se ven suficientes razones de excepcionalidad.

Disolución de las asambleas

En el tema de las relaciones de los Gobiernos autónomos con sus parlamentos existe un acuerdo total con la salvedad de la mayoría que se ha de exigir para que triunfe la moción de censura constructiva. No se prevé ningún supuesto de disolución de las asambleas legislativas que no sea la falta de acuerdo, transcurridos dos meses de la constitución de la Cámara, para elegir al presidente de la comunidad autónoma.

En ningún caso la asamblea podrá ser disuelta por el consejo de Gobierno u órgano ejecutivo de la comunidad autónoma. Dado que este supuesto está previsto en la ley de gobierno de la comunidad autónoma vasca, aprobada anteayer, los cuatro partidos y el Gobierno intentarán negociar una modificación de esta ley para adecuarla al compromiso suscrito. Ni el Estatuto vasco ni el catalán prevén la disolución de los parlamentos por el Ejecutivo. Una medida de este tipo, reconocida a las dieciséis comunidades, sería un permanente factor de inestabilidad política.

Los períodos ordinarios de sesiones de las asambleas legislativas regionales comprenderán cuatro meses y se celebrarán entre septiembre y diciembre, en el primer período, y entre febrero y junio, en el segundo. Se admite la posibilidad de sesiones extraordinarias. Los miembros de las asambleas no percibirán sueldos fijos ni periódicos, sino simplemente dietas. Los negociadores se comprometen a fijar un máximo de parlamentarios regionales, a la vista de cada estatuto. (Estos acuerdos no afectan a los estatutos en vigor.)

A los parlamentarios regionales se les reconoce unánimemente el derecho a la inviolabilidad (respecto a sus actuaciones como parlamentarios), pero existen discrepancias sobre el derecho a la inmunidad. La inmunidad tiene dos vertientes. Sobre una, la necesidad de suplicatorio para perseguir un delito penal cometido por un parlamentario regional, existe ya el acuerdo de no estimar tal necesidad.

Sin embargo, sobre la posibilidad de reconocer el derecho a no ser detenido, la otra vertiente de la inmunidad, se dividen las opiniones. PSOE y PCE están a favor del reconocimiento del derecho, mientras UCD y AP opinan lo contrario.

Existe también unanimidad sobre la conveniencia de que los ejecutivos regionales no tengan más de diez miembros. Un dato muy importante es el compromiso de que los cargos con responsabilidad administrativa directa desde el nivel equivalente a director general serán libremente designados entre funcionarios. Se tiende, por tanto, a la profesionalización y despolitización de la administración autónoma.

En el tema del papel de las diputaciones existe ya un acercamiento de posiciones considerable. Se admite que las diputaciones han de ser la administración periférica de las comunidades autónomas, aunque el PSOE mantiene al respecto alguna reserva.