El presunto terrorista tiene derecho a la asistencia de letrado

La polémica sobre la necesidad de mantener el precepto legal de asistencia letrada al detenido en los casos de incomunicación por presuntos delitos de terrorismo y el deseo expresado por diversos profesionales de la justicia de que el abogado no sea un «convidado de piedra» en los interrogatorios policiales, estuvieron ayer en el centro de los debates del curso que, sobre «La justicia en la década de los ochenta», se celebra en la Universidad Menéndez y Pelayo, de Santander.La conferencia sobre «La reforma de lalegislación procesal», pronunciada por Miguel Pastor, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, dio pie a que se expusieran diversos problemas relacionados con las garantías de los detenidos y temores como el de María Angeles Montes, fiscal de Bilbao, quien explicó que en los cinco meses que lleva en el cargo ha comprobado en los cuartelillos de la Guardia Civil que los detenidos desconfían de que quienes les visitan sean realmente el fiscal y el forense, y que éstos, a su vez, tampoco tienen garantías de que los detenidos que les presentan sean las personas que están siendo interrogadas.

«La Guardia Civil», dijo María Angeles Montes, «ha tomado postura en algunas ocasiones para iniciar dudas en el detenido sobre nuestra identidad y cuando llegamos a los cuartelillos nos reciben de una forma muy especial, como si pensaran que estamos urgando o fiscalizando su trabajo».

La intervención de la fiscal de Bilbao sobre las mutuas dudas en la identidad de los detenidos y de sus visitantes hizo decir a Miguel Pastor que «estamos viviendo tiempos en los que casi todo es posible».

Detenidos renuncian por miedo al abogado

Juan José del Aguila, abogado adscrito al Servicio de Asistencia al Detenido de Madrid, denunció «una práctica policial que hace que al detenido se le sugiera que la presencia del abogado puede complicar las cosas,y se extrañó de qué el porcentaje de renuncia a la asistencia letrada en algunas comisarías de Madrid ascienda al 60% de los detenidos.Miguel Pastor expuso la necesidad de buscar un equilibrio entre el «aseguramiento del proceso penal y los derechos de la persona» y apuntó que, aunque en el momento actual esté muy presente el terrorismo, «debemos ser consecuentes con nuestros principios ».

Fernando Ledesma, vocal del Consejo General del Poder Judicial, indicó que la legislación no hace excepciones en los casos de la ley Antiterrorista por lo que respecta al derecho a asistencia de letrado.