Creada una comisión de seguimiento de la investigación de la Caja Rural de Santander

Las principales fuerzas políticas y sindicales de Cantabria, a excepción de UCD, se han constituido en comisión de seguimiento de las investigaciones que el Banco de España y algunos particulares han realizado en la Caja Rural de Santander, entidad que atraviesa una delicada situación económica.

Ayer, la citada comisión, integrada por los partidos PSOE, PCE y Regionalista, por las centrales UGT y CC OO y los sindicatos agrarios UGAM, FTT-UGT y de Ganaderos Montañeses (SDMG), fue recibida por el gobernador civil y el delegado de Trabajo, en un intento de frenar los despidos del comité de empresa y otros dos trabajadores, a los que la dirección de la Caja Rural acusa de Filtrar información a la Prensa.Mientras en el interior de la entidad bancaria los trabajadores celebraban una asamblea promovida por la empresa para revocar al actual comité como paso necesario para su despido, medio centenar de sindicalistas de Banca y Ahorro permaneció concentrado ante la oficina principal de la Caja Rural, en la calle de Sanz de Sautuola, exhibiendo pancartas de solidaridad y otras que exigían la readmisión de los ya despedidos. Después de la asamblea, en la que no prosperó la revocabilidad del comité de empresa, el presidente del citado comité recibió, sin embargo, un escrito en el que se le imputa una serie de cargos que pueden dar lugar al despido disciplinario. Poco después los secretarios generales de UGT y CC OO, José Luis Cos y López Coterillo, manifestaban que el conflicto, de mantenerse la empresa en sus posiciones, iba a trascender los límites de la región, «porque para nosotros», concretó Cos, «es más importante la postura de preservar los derechos de un comité de empresa en conflicto con una dirección que la de lograr un punto más en la discusión de un convenio». Por su parte, López Coterillo advirtió que «el castigo tiene que ser para los culpables, no para los que denuncian la culpa».

También ayer se celebró asamblea general de socios cooperativistas de la Caja Rural, en la que se renovaron algunos cargos del consejo. El punto principal de la reunión, celebrada a puerta cerrada en un hotel de El Sardinero, estuvo en el informe del presiden e en funciones y en el análisis de una serie de intervenciones que intentaron minimizar los problemas de esta entidad de crédito rural (véase EL PAÍS, 10-6-1981). Días pasados. uno de sus directores reclamó ante la Magistratura de Santander una indemnización de 33 millones de pesetas por haber sido apartado de sus funciones técnicas sin razón justificada. Los abogados del alto ejecutivo, dedicado actualmente a estúdiar «la viabilidad de una oficina en la zona pasiega», entendían que la decisión de la dirección estuvo motivada por la negativa de aquél a firmar el balance del último ejercicio de la empresa.

Investigada toda la plantilla

Sobre el caso Caja Rural, que ha conmovido la vida política regional, al estar relacionado con algunos dirigentes de UCD de Cantabria, se conocieron en los últimos días nuevos datos, entre ellos el que hace año y medio la dirección de la entidad encargó a unos detectives privados que investigasen el comportamiento de la plantilla.Aunque no se conocen los resultados del trabajo en su vertiente económica, ha trascendido que en los informes se incluyeron datos relativos a la intimidad de las personas, ajenos por completo a toda actividad profesional.

Se sabe también que en el listado de créditos de la Caja Rural, obtenidos en la fecha en que el Banco de Espana inicio su inspección, aparecen cuertas de hasta cien millones de pesetas a nombre de cooperativas inexistentes, según certificaciones del Registro General de Cooperativas, del Ministerlo de Trabajo, emitidas el pasado 13 de junio.