El Gobierno aplica al comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas la ley Antiterrorista

La puesta en libertad de los militares presuntamente implicados en la operación desestabilizadora, detectada él pasado 22 de junio, ha sido fundamentada en el artículo 672 del Código de Justicia Militar, que establece que «el juez instructor a quien se entregue un detenido deberá, dentro del plazo máximo de cinco días, proponer o decretar su libertad o prisión preventiva en los casos y formas establecidos en los artículos siguientes».La ley orgánica de 1 de diciembre de 1980, sobre supuestos previstos en el artículo 55,2 de la Constitución, más conocida como ley Antiterrorista, prevé la suspensión de todos o algunos de los derechos fundamentales «a aquellas personas que presuntamente integradas o relacionadas bien con elementos terroristas, bien con bandas armadas que incidan gravemente en la seguridad ciudadana, planeen, organicen, ejecuten, cooperen o inciten de modo directo a la realización de las acciones» que en la misma ley se especifican.

La aplicación de la ley Antiterrorista puede determinar la suspensión del derecho que toda persona tiene a ser puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de 72 horas desde su detención, del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones. Los detenidos en aplicación de cualquiera de los supuestos previstos habrán de ser puestos a disposición judicial dentro de las 72 horas siguientes a la detención. Sin embargo, la detención gubernativa podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores hasta un plazo máximo de siete días. La autoridad que haya decretado la detención o prisión podrá ordenar la incomunicación por el tiempo que estime necesario.

El Ministerio del Interior, sin necesidad de mandato judicial previo, podrá ordenar la detención de los presuntos responsables de las acciones tipificadas en la ley, así como el registro de los efectos e instrumentos que pudiesen guardar relación con el delito. Inmediatamente ha de ser comunicado al juez competente las detenciones y registros realizados, así como las causas que lo motivaron.