Un jefe del antiguo INP defraudó ocho millones de pesetas en falsos subsidios de paro en Vigo

Unos ocho millones de pesetas ha defraudado al Seguro de Desempleo un jefe de negociado del antiguo Instituto Nacional de Previsión, mediante el sistema de cobrar la mitad del supuesto subsidio de paro que él mismo había gestionado para no menos de veintiocho personas que no tenían la situación legal de parados, según informó ayer la emisora Radio Popular de Vigo. El funcionario, Justo Alonso, perteneciente a la Delegación de Vigo del INP, podría ser condenado a diecisiete años de cárcel como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos si el juez de la Audiencia Provincial de Pontevedra estima la petición formulada por el fiscal, quien ha solicitado también para los veintiocho perceptores del subsidio penas que oscilan entre los seis meses y los seis años de reclusión.Una primera fase del asunto fue descubierta hace tiempo, cuando Justo Alonso solamente llevaba detraídas 1.800.000 pesetas. Entonces, el funcionario confesó su culpabilidad y devolvió un millón y medio de pesetas, por lo que el asunto no trascendió ni, por lo visto, se tomaron medidas precautorias para impedir la repetición de los hechos.

Desde entonces, Justo Alonso vino ampliando el sistema, hasta alcanzar la cantidad citada de ocho millones de pesetas, de las que él percibiría la mitad, según las conclusiones del fiscal.

Un detalle curioso es que todos los beneficiarios del fraude son personas humildes y de precaria economía, pertenecientes a la comarca pontevedresa del Condado, por lo que se sospecha de la posibilidad de que allí tuviese el funcionario citado un contacto que le proporcionase los clientes. Los beneficiarios recibían garantías de cobrar el seguro de desempleo, a pesar de no figurar como legalmente parados, a condición de renunciar a la mitad del subsidio. Justo Alonso extendía los recibos, que luego los perceptores cobraban en la ventanilla de caja, sin que se les exigiera el carné de parado, únicamente con la presentación del documento nacional de identidad.

Con este sistema, el funcionario acusado actuó durante aproximadamente un año, hasta que volvió a descubrirse el asunto.