La policía desarticula una operación golpista en la víspera del santo del Rey
El Ministerio del Interior ha detectado en los últimos días que la trama golpista aún no desarticulada podría llevar a cabo próximamente algún intento desestabilizador coincidiendo con la onomástica del rey Juan Carlos, que se celebrará hoy, según supo EL PAIS de fuentes gubernamentales de toda solvencia. La reacción inmediata del Ejecutivo ha sido proceder al arresto y detención de tres militares de graduación y cuatro civiles, todos ellos, a juicio de las citadas fuentes, posiblemente implicados en los citados preparativos desestabilizadores.
Los tres militares arrestados son el coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor Ricardo Garcitorena Salta, el coronel de Ingenieros Antonio Sicre Canut y el comandante de Infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas. El coronel Garcitorena estuvo implicado, al parecer, en un suceso protagonizado en la sede del Gobierno Militar de Madrid la noche del 23 de febrero que aún no ha sido aclarado, y el comandante Sáenz de Ynestnillas fue procesado y juzgado por su participación, junto con el teniente coronel Tejero Molina, en los preparativos de la Operación Galaxia.
Los civiles detenidos son Luis Sicre Canut, hermano de uno de los dos coroneles arrestados, María Concepción Villagrasa y María de la Paz Pérez Nieto. Fuentes solventes indicaron que Angel Palomino (hijo del escritor) prestó también declaración ante el juez. Sin embargo, su padre afirmó anoche a Efe que su hijo no había sido retenido y que se encontraba en Palma de Mallorca,
Estas cuatro personas fueron llamadas a declarar, junto con los tres militares ya citados, ante la Jefatura Superior de Policía de Madrid, previa petición del ministro del Interior, Juan José Rosón. Los militares pasaron posteriormente a la jurisdicción militar por orden del capitán general de Madrid, y anoche estaban siendo interrogados por un juez especial, nombrado en este sentido en la sede del Gobierno Militar de Madrid. Las primeras declaraciones prestadas por estas siete personas fueron hechas ante funcionarios de la Brigada Regional de Información.
Medios gubernamentales se mantenían anoche bastante reservados a la hora de facilitar información sobre aspectos concretos de este probable nuevo intento desestabilizador.
La Jefatura Superior de Policía facilitó una nota oficial en la que se precisaba que se está desarrollando una serie de investigaciones en torno a las actividades de la extrema derecha el pasado fin de semana en Madrid (explosión de una bomba en la calle de Barceló y el asalto a un colegio de educación general básica), y añadía que estos hechos, «así como otras actividades que se investigan en sectores de extrema derecha, han determinado la presentación en dependencias policiales» de los tres militares y los cuatro civiles antes citados.
La policía investiga recientes actos de la extrema derecha
La detección de este probable nuevo intento desestabilizador podría partir de la explosión de una bomba en la confluencia de las calles de Barceló y Fuencarral, de Madrid, y de unas reuniones que venían celebrando, al parecer, los detenidos. La bomba hizo explosión en el preciso instante que el joven que la transportaba, el militante de Fuerza Joven (rama juvenil de Fuerza Nueva) José Luis Cuadrado, trataba de colocarla en una papelera. El citado joven, que resultó herido por la explosión, fue detenido por la policía. Entre los objetos que llevaba consigo se encontraban unos folios con instrucciones para lanzar cócteles molotov y unas claves secretas.A este suceso, de claro matiz terrorista, habría que añadir el asalto perpetrado al colegio de Educación General Básica Estados Unidos de América, ocurrido en la noche del jueves pasado. Un grupo ultra aún no identificado arrasó varias aulas del centro y pintarrajeó groseramente los retratos del Jefe del Estado.
La policía, en la misma operación que ha desembocado en la detención de los tres militares y los cuatro civiles antes citados, intentó que compareciera en comisaría el abogado Justo Maestre Arnáiz, defensor de uno de los procesados por su implicación en el fallido golpe del 23 de febrero, en este caso el teniente de la Guardia Civil Pedro Izquierdo Sánchez.
El citado abogado se negó a ser traslado a la Jefatura Superior de Policía y se puso en contacto para comentarle lo sucedido con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol Rius, quien, a su vez, estableció comunicación con el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína. La policía facilitó una nota sobre este incidente en la que ponía de manifiesto que a Maestre se le había «invitado a comparecer en las dependencias de la Jefatura Superior de Madrid con el fin de preguntarle sobre su posible relación con los sucesos producidos durante el fin de semana» (bomba de la calle de Barceló y asalto al colegio de EGB). La nota añadía que, «vista la negativa a tal invitación, se le ha requerido oficialmente para que comparezca».
Este periódico supo que gran parte de los abogados de los implicados en el fallido golpe de Estado celebraron una reunión a las siete de la tarde en el despacho de uno de éstos.
En la reunión, nueve abogados decidieron presentar una denuncia en el juzgado de guardia por el intento de detención de Justo Maestre. Poco después, hacia las once de la noche, Maestre acudió a la Dirección de la Seguridad del Estado, donde se le había requerido por escrito «para un asunto de su interés».
En cuanto a la detención de los tres militares y los cuatro civiles, se supo también ayer que hubo una reunión en el Ministerio de Defensa a la que asistieron el titular del departamento, el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Gabeiras Montero, y el capitán general de Madrid, teniente general Quintana Laccaci. En ella probablemente se decidió el nombramiento del juez especial (al parecer un general del Ejército). Los arrestos de los coroneles Garcitorena y Sicre Canut y del comandante Saenz de Ynestrillas fueron llevados a cabo por el segundo jefe de Estado Mayor de la I Región Militar, coronel Astilleros Miranda.
Dos de estos tres militares se encuentran destinados en el Gobierno Militar de Madrid. Se trata de Sicre Canut, que ascendió a coronel en 1979, y de Saenz de Ynestrillas, actualmente adscrito al negociado de contabilidad y asuntos generales del citado órgano militar. Saenz de Ynestrillas está realizando un curso de ruso en la Escuela Politécnica del Ejército. El coronel Garcitorena, por su parte, es en la actualidad ayudante de un general en la reserva.
Otra de las personas a las que, al parecer, intenta la policía presentar en comisaría para que preste declaración es el neofascista José Antonio Assiego, ex dirigente de Fuerza Nacional del Trabajo (sindicato de Fuerza Nueva) y en la actualidad jefe nacional de Acción Sindicalista Nacional del Trabajo. Assiego, al que se le considera muy próximo a José Antonio Girón, declaró ayer en Málaga, donde se encuentra, que carecía de fundamento la acción que funcionarios del Cuerpo Superior de Policía estaban realizando en las inmediaciones de su domicilio, y añadió que se había presentado ante el juez de guardia, quien le comunicó que no había orden de busca y captura contra su persona.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.