UGT denuncia en la OIT la responsabilidad empresarial por no crear puestos de trabajo

Ayer, con la intervención ante el plenario de la asamblea de la 67, Conferencia Internacional del Trabajo de José Antonio Aguiriano (UGT), representante de los trabajadores españoles, nuestro país agotó la intervención tripartita en la discusión del informe del director general de la OIT, François Blanchard.

José Antonio Aguirlano, al referirse a la integración de los impedidos en la vida laboral y social, calificó el proyecto de ley de Minusválidos, actualmente en trámite, de «pobre en su concepto y alicorto en sus objetivos», y condenó enérgicamente el régimen de segregación racial en Africa del Sur y los «regímenes totalitarios de El Salvador, Bolivia y Chile».Más adelante subrayó las responsabilidades del Gobierno en la protección y fomento de los derechos laborales, civiles, sociales y culturales de los emigrantes.

Denunció la subordinación y discriminación de la mujer trabajadora de la sociedad actual en España, y el oscurantismo en las actitudes, conductas y conciencias respecto a la mujer.

Expuso, además, la grave situación económica y el elevado índice de paro en España, subrayando la importancia del Acuerdo Nacional sobre el Empleo.

Respecto al patrimonio, reclamó la devolución del patrimonio histórico a la UGT y rechazó, por «inconsecuente e incoherente», la postura empresarial sobre el patrimonio acumulado.

José Antonio Aguiriano señaló también la responsabilidad no solamente gubernamental, sino empresarial en la política económica de los últimos años, denunciando la «falta de inversión generadora de puestos de empleo».

Posiblemente, debido a su próxima incorporación a un alto cargo en la OIT, fue esta la última ocasión que José Antonio Aguiriano interviene en calidad de representante de los trabajadores españoles en este foro internacional.

Dos normas internacionales fueron aprobadas ayer en el seno de la conferencia. Una, sobre el «fomento de la negociación colectiva», sobre la cual se abstuvieron los empresarios españoles, y otra, una «recomendación» también sobre el fomento de la negociación colectiva, que España votó a favor a nivel de Gobierno, trabajadores y empresarios.