La insolvencia fraudulenta de Sofico abre camino a la responsabilidad por quiebra

La sentencia del juez especial, declarando fraudulenta la insolvencia de Sofico Renta, por estimar que su pasivo es superior en casi 3.000 millones de pesetas a su activo (véase EL PAIS, 20-6-1981), podría abrir camino a las responsabilidades penales de los representantes y administradores por supuesta quiebra. Con ello crecen, entre los 17.000 afectados, las esperanzas de recuperar una parte mayor de su inversión.

Los pequeños ahorradores-cuenta-partícipes de Sofico compraron la ilusión de una rentabilidad alta (el famoso 12% una liquidez permanente y una garantía de solvencia basada en la presencia de altas personalidades en el Consejo de Administración y en aparatosas fachadas. La inversión media de estos miles de afectados fue de unas 260.000 pesetas, de las cuales podrían recuperar un 30% a través, fundamentalmente, de la venta de edificios. Sin embargo, ahora se especula con la posibilidad de que los representantes y administradores tengan que responder con su propia libertad si se les considera responsables de la supuesta quiebra.Estas esperanzas se basan en la propia sentencia, que declara la insolvencia fraudulenta (presentada inicialmente con un pasivo inferior al activo) «con todas las consecuencias inherentes a las personas de. quienes fueron sus representantes y administradores ».

El presidente de Sofico, Eugenio Peydró, ingresado en prisión por delito de estafa en mayo de 1976, fue el fundador, hace casi veinte años, de una nueva era de la inversión inmobiliaria. Sofico fue, con los edificios en la Costa del Sol, el principio del boom de los mal reglamentados fondos de inversión inmobiliaria, y fue también el número uno en caer cuando las vacas gordas de la expansión comenzaron a adelgazar en 1974, en los albores de la crisis económica internacional. La caída estrepitosa del imperio Sofico, que prometía liquidez permanente a los cuenta partícipes, pero que no pudo pagar ni siquiera la rentabilidad del 12% desde septiembre de 1974, arrastró en cadena a todos sus imitadores: Hiconsa. Eurovasa, etcétera. La fórmula especulativa de estos fondos inmobiliarios era semejante a la bola de nieve que se derrite cuando deja de correr o la bicicleta que mantiene su estabilidad mientras anda y cae estrepitosamente cuando se deja de pedalear. Su filosofía estuvo basada en un modelo económico de crecimiento eterno y rápido, y su eficacia se apoyó en el engaño a pequeños ahorradores ansiosos de rentabilidad fácil y en el tráfico de influencias, cerca de la Administración del antiguo régimen.

El mecanismo era el siguiente: comprar un apartamento a Sofico, ceder ese mismo apartamento a Sofico por un número determinado de años y recibir a cambio una rentabilidad mínima garantizada por contrato. Al principio ofrecieron un 10% anual, y poco después, el famoso 12%, que cubría en enormes carteles una gran parte de nuestras playas y paisajes junto al caballito de mar que popularizó la imagen de Sofico en España y parte del extranjero. Cuando el Ministerio de Hacienda, que hizo muy poco por evitar la catástrofe de los fondos inmobiliarios, prohibió la publicidad del 12%, Sofico basó su publicidad en el mismo número doce, pero cambiando la palabra rentabilidad por años de pago.

Desde 1970 Sofico dejó de ven der apartamentos para pasar a vender inversiones y dio vida dentro del grupo, además de Sofico Renta, cuya insolvencia acaba de ser declarada como fraudulenta, a Sofico Inversiones, Sofico Vacaciones y Sofico Servicios Turísticos. Desde mediados de 1974 algo empezó a ir mal en Sofico; los pequeños inversores temieron, primero, por su rentabilidad dorada, y luego, por sus ahorros, pero el vicepresidente de la compañía, teniente general Cavanillas Prosper, desmintió los rumores diciendo que «son falsas noticias, producto de envidias y maquinaciones». Las primeras noticias, publicadas en octubre de 1974 por el semanario económico Doblón, se confirmaron pronto con la suspensión de pagos de Sofico presentada el 2 de diciembre de ese mismo año. El negocio no parecía muy fiable, y los bancos cortaron sus créditos. Eugenio Peydró explicó así el hecho: «Los bancos nacionales no nos dan dinero porque somos una competencia para ellos». La realidad vino a demostrar más tarde que el barco de Sofico se estaba hundiendo, porque, por distintas razones, e dinero de los nuevos cuenta-partícipes no afluía en las cantidades y al ritmo necesarios. La única forma de pagar las rentabilidades comprometidas en aquellos con tratos consistía en conseguir nuevas inversiones. El negocio sólo podía mantenerse y autoalimentarse con las nuevas captaciones.

Cargos civiles y militares

En 1974 formaban parte de Consejo de Administración de Sofico altas personalidades civiles y militares. Eugenio Peydró Salmerón, conocido como don Eugenio, natural de Almería y creador de varias empresas, era el presidente e impulsor del grupo. Como vicepresidente figuraba el teniente general Rafael Cavanillas Prosper, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y ex presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Otros vicepresidentes habían sido el ingeniero industrial Luis Nieto Antúnez, hermano del almirante Pedro Nieto Antúnez; el general Celestino Aranguren Bourbon, que falleció al poco tiempo de incorporarse al consejo, y el también general Antonio Gómez Goya. El resto lo constituían Eugenio Peydró Brillas, consejero delegado e hijo del presidente; Hipólito Jiménez, secretario y abogado; José María López Pelegrín, intendente de Hacienda, que solicitó la baja antes de producirse la suspensión de pagos; Juan Losada Pérez, coronel de la Guardia Civil, hoy general, y ex jefe de Seguridad del anterior jefe del Estado, Francisco Franco; Juan Martín Pariente, abogado y teniente coronel de Intendencia del Aire.