El PSOE, ante la situación política

EL LARGO documento El PSOE ante la situación política, publicado por la dirección del partido socialista hace unos días (véase EL PAIS de 17-6-1981), es una ponderada mezcla de plataforma electoral y de programa de Gobierno. Demasiado extenso y prolijo como para ofrecer una visión global del proyecto socialista, y excesivamente atado al corto plazo como para esbozar una perspectiva desahogada de futuro, el alejamiento de las responsabilidades del poder y las incertidumbres sobre la incorporación del PSOE a las tareas del Ejecutivo antes de las próximas elecciones privan a sus propuestas de acción gubernamental de ese interés que suscitan las medidas realizables de inmediato.De esta forma, el documento del PSOE no es ni uno de esos programas ideales que se pueden embellecer impunemente, porque no existe el riesgo de tener que aplicarlo desde el Gobierno, género político-literario habitualmente cultivado por los grupos mal situados en la carrera hacia el poder, ni un paquete de estrategias y decisiones cuyo diseño hay que cuidar al milímetro, precisamente porque tienen que ser puestas en práctica sin demora. Así, los que reprochan al PSOE el abandono de las tensiones utópicas y su compromiso matrimonial con la política realista echarán en falta horizontes ambiciosos y se lamentarán del exceso de detalles y tecnicismos del texto. En cambio, quienes se hallan familiarizados con el ejercicio del Gobierno por su larguísima estancia en las residencias del poder censurarán los errores de cálculo, las imprecisiones o las contradicciones de un documento que no puede sacrificar enteramente al pragmatismo posibilista las aspiraciones y los deseos del electorado socialista.

El análisis de las razones coyunturales que han aconsejado a la dirección del PSOE sacar a la luz este texto ofrece mayor interés que el examen circunstanciado de sus detalles. El documento, que parece algo improvisado en su elaboración, y muy descuidado en su presentación, apunta, sobre todo, a marcar distancias respecto al Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo y a señalar plazos improrrogables para la formalización de los acuerdos que vayan nutriendo esa política de concertación ofrecida por el poder ejecutivo a finales de febrero, y aceptada por el PSOE. Los socialistas, así, lanzan una especie de ultimátum para que el Gobierno y la oposición firmen, antes de finales de julio, «los acuerdos necesarios en materia autonómica y en materia de política municipal hasta 1983». Consciente ya de que el tiempo ganado por el Gobierno mediante la maniobra de diversión de la comisión de expertos ha sido tiempo perdido para la solución efectiva del embrollo autonómico, el PSOE, que en un primer momento avaló esa operación, parece haberse percatado de que nada se obtiene dejando que los problemas se cuezan y se pudran en su propia salsa.

El documento permite también apreciar el temor de la dirección del PSOE a que su estrecho tacto de codos con el Gobierno durante los últimos meses deteriore irreparablemente su imagen electoral, precisamente cuando la fulgurante victoria de Mitterrand demuestra que los socialistas pueden llegar al poder a través de las urnas, en plena crisis económica y con Ronald Reagan en la Casa Blanca. «La confusión no debe mantenerse ante la opinión pública», señala el documento, y los socialistas darán en adelante cuenta del desarrollo de sus propuestas, «de su aceptación o rechazo por el poder ejecutivo» y «del grado de cumplimiento de los posibles acuerdos». La seria acusación al Gobierno de que sus demoras en el cumplimiento de los pactos son «fruto de la debilidad o de la arbitrariedad de comportamientos sectarios» deja entrever la profundidad de la brecha de desconfianza abierta entre el poder ejecutivo y el principal partido de la oposición.

Es de lamentar que el documento no explicite las causas concretas de la interrupción de la tregua establecida entre el Gobierno y el PSOE durante los últimos meses. Las agitadas relaciones entre Adolfo Suárez y Felipe González desembocaron en una operación de acoso y derribo del presidente por los socialistas, objetivamente concurrente con presiones extraparlamentarias para desestabilizar el funcionamiento de las instituciones democráticas mediante la defenestración del jefe del poder ejecutivo, sin moción de censura triunfante, sin nuevas elecciones y sin explicaciones a la opinión pública. El amplio margen de confianza concedido por los socialistas a Leopoldo Calvo Sotelo se enmarca, seguramente, en el recuerdo de los meses que precedieron al 23 de febrero.

El PSOE se mueve hoy en los cuernos de un difícil dilema. De un lado, como señala el documento, los socialistas consideran la posibilidad de «realizar el esfuerzo y el sacrificio de renunciar temporalmente a parte de nuestras aspiraciones partidistas, en favor de una política capaz de democratizar y modernizar el Estado y la sociedad». Pero, de otro, quieren evitar que «se incurra en el error de pensar que esta actitud supone apoyar la acción del Gobierno, sin que existan garantías de que se vaya a realizar una política de verdadero asentamiento de la democracia». Hasta esta misma semana, pocas dudas cabía albergar acerca del apoyo, casi incondicional y sumamente discreto, prestado por los socialistas a Leopoldo Calvo Sotelo. Precisamente por esa razón resulta tan significativo este primer aviso dado al Gobierno, oblicuamente acusado por el PSOE de haber abusado de las ayudas recibidas y de la confianza otorgada. Resultaría, sin embargo, sumamente conveniente para la transparencia de nuestra vida pública que Felipe González explicara con claridad y detalle cuáles han sido los incumplimientos del actual presidente en lo que concierne al desarrollo de esa estrategia de concertación negociada en las penumbras de la reserva después del golpe de Estado frustrado del 23 de febrero.