Dinero para los sindicatos

EL PACTO bilateral entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, que garantiza a CC OO y UGT la percepción en tres plazos anuales de un anticipo de 2.400 millones de pesetas a cuenta de sus derechos sobre el patrimonio verticalista, ha suscitado una apasionada reacción de la CEOE, la organización empresarial que había rubricado, a lo largo del proceso de negociación simultáneo a tres bandas con el poder ejecutivo y las centrales, el acuerdo nacional sobre el empleo.La protesta parece provocada, como causa inmediata, por la falta de información o por la eventual ocultación de esas conversaciones bilaterales, que no sólo caminaron en paralelo con la negociación trilateral, sino que incidieron positivamente en su éxito final.

Para nadie son un secreto las vinculaciones entre UGT y PSOE y entre CC OO y PCE. En esa perspectiva, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos es el fruto de una negociación entre centros de poder situados en campos opuestos, que han llegado a un compromiso en función de sus respectivos intereses. Sin caer en las simplificaciones y esquematismos de algunos grupos de izquierda, que asignan a UCD el papel de leal servidora de la CEOE, las afinidades de la organización empresarial con el centrismo o con la gran derecha y sus claras preferencias por fórmulas de Gobierno de este signo, resultan también evidentes.

En este sentido, el considerable alboroto creado por la CEOE en torno a los anticipos comprometidos por el Gobierno en favor de CC OO y UGT, que aceptan, a su vez, aplazar durante tres años sus reclamaciones sobre el patrimonio sindical, no puede sino contribuir a la confusión y crispación de nuestro panorama político, en unos momentos en que la demagogia de los golpistas hace leña de cualquier madera. Aunque nadie en su sano juicio pueda pretender que Leopoldo Calvo Sotelo y sus ministros sean peones al servicio de la estrategia de la izquierda, la desmesurada campaña de la CEOE está alimentando el desnutrido almacén de argumentos de la ultraderecha para apuntalar tan absurda teoría.

Todo hace suponer, como decimos, que ese acuerdo parcial sobre el viejo contencioso en tomo al patrimonio de los sindicatos verticales y los bienes incautados en 1936-1939 a las centrales históricas ha desempeñado un papel altamente positivo en la firma del pacto de política de rentas para 1982. De añadidura, la CEOE siempre se ha mostrado partidaria de negociaciones directas con los sindicatos, interlocutores indispensables en un sistema moderno de relaciones industriales. En esa doble perspectiva, parece que la organización patronal debería dar su beneplácito a cualquier medida que se orientara a la consolidación de centrales vigorosas, responsables y abiertas a la negociación con los empresarios, que son los primeros interesados en la existencia de esos interlocutores, y que serían los más perjudicados por la proliferación de minisindicatos ultrapolitizados y testimoniales. Y, sin duda, salvar de la quiebra financiera a UGT y CC OO es una condición necesaria para la consolidación de un sistema de relaciones industriales moderno.

Queda, finalmente, el complicado problema jurídico y administrativo de la titularidad del patrimonio sindical, a cuya solución en nada ha contribuido la política de aplazamientos y de silencios de los sucesivos Gobiernos centristas a lo largo de cuatro años. Es indudable que el patrimonio incautado durante la guerra civil a los sindicatos históricos tiene que ser devuelto a sus propietarios, si bien las cuatro décadas transcurridas, las transformaciones urbanas y las indemnizaciones por daños y perjuicios dificulten la tarea de inventariar y valorar esos activos. En lo que respecta al patrimonio de los sindicatos verticales, los derechos esgrimidos por la CEOE, que se basan en la llamada cuota patronal dentro de la afiliación sindical obligatoria, no pueden ser abstraídos del contexto histórico y político del régimen anterior y del papel que desempeñaron los sindicatos verticales dentro del franquismo.

El tinglado vertical, alimentado por las tasas de las empresas y por los descuentos en las nóminas, se subrogó imperativa y coercitivamente en las competencias y funciones de unos sindicatos de clase perseguidos a sangre y fuego, pero respetó, salvo algunos intervencionismos menores, la autonomía de los empresarios, a quienes se regaló, de añadidura, la persecución penal de las huelgas. Resulta, en verdad, complicado dar una solución clara y equitativa al destino de ese patrimonio, acumulado por un monopolio de falsa representatividad obrera y reclamado ahora por una pluralidad de sindicatos de trabajadores. Pero la pretensión de que el 85% de esos activos pertenece a la CEOE o a otras organizaciones empresariales en función de los mecanismos de pago de las cuotas obligatorias durante el franquismo, o es una cortina de humo, o es una infame broma de la patronal. La cuota sindical del franquismo fue una tasa más impuesta por el régimen, que ofreció tranquilidad social y garantizó bajos salarios a las empresas, mientras encarcelaba a los líderes obreros. Querer regatear ahora a los sindicatos de clase su patrimonio expoliado después de la guerra y el construido sobre la represión y el terror es empeñarse en no querer comprender el significado mínimo del tránsito hacia las libertades.