Un contable de Ford España condenado por estafa de 67 millones

Guillermo Martínez, de 35 años de edad, antiguo auxiliar de contabilidad de Ford España, ha sido condenado a diez años y un día de prisión mayor por haber estafado más de 67 millones de pesetas a la empresa. El estafador utilizaba un original sistema de engañar a la computadoras para hacerse con el dinero.La mujer del condenado, María José, de cuarenta años, ha sido también condenada a seis meses d arresto como encubridora.

El procedimiento utilizado por Guillermo Martínez se describe con todo detalle en la sentencia. El contable imprimió facturas falsas de proveedores de la empresa Cuando recibía facturas de proveedores, las grapaba con el albarán correspondiente y una especie de orden de pago denominado inputs, enviándolas al departamento en que debían recibir el visto bueno. Guillermo Martínez doblaba los albaranes y los inputs para evitar que fuesen perforados por el ordenador y quedasen así inutilizados.

Cuando recibía los documentos con el visto bueno, los alteraba hacia otros nuevos, aumentando el importe. Documentos falsos y faturas eran entonces visados y forados, de forma que, según reza la sentencia, «aparte de los cheque para las suministradoras, se extendieran otros para el pago de facturas duplicadas». Al hacer efectivo el importe lo ingresaba en varias cuentas bancarias que poseía a su nombre.

Guillermo Martínez, que había comenzado a trabajar en Ford en 1976, huyó a Barcelona en julio de 1978, creyendo que había sido descubierto. Al día siguiente de su desaparición, la esposa del estafador canceló todas las cuentas bancarias para evitar que fuese intervenidas. La sentencia considera que la mujer del inculpado «le auxilió para que se aprovechara de los efectos de los delitos que había cometido, comprando solares en Jávea, donde había edificado un magnífico chalé, abriendo cuentas corrientes y libretas de ahorro, conjunta e individualmente, así como trasladando el dinero a otras de las que ella era titular».

La sentencia Fija una indemnización que deberá hacer efectiva el condenado, igual al importe de lo sustraído.