Diputados liberales centristas propondrán la plena abolición de la "ley Fraga" de Prensa

Un grupo de diputados del sector liberal de Unión de Centro Democrático (UCD) presentará este mes una proposición de ley sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, en desarrollo del articulo 20 de la Constitución. Según explicó a EL PAIS uno de los promotores de esta ley, Joaquín Muñoz Peirats, el principal objetivo de esta iniciativa es la plena abolición de la ley de Prensa e Imprenta de 1966 -la llamada «ley Fraga»-, partiendo del principio de que «la mejor ley de Prensa es la que no existe».

De acuerdo con este presupuesto, la opinión personal de Muñoz Peirats es que se debería hacer una ley con un artículo único, en el que se aboliera la todavía vigente ley de Prensa e Imprenta y numerosas órdenes ministeriales derivadas de ella que siguen aplicándose en la práctica jurídica cotidiana. Respecto al estatuto de libertades públicas propuesto por los senadores centristas y actualmente congelado en la Cámara alta, Muñoz Peirats se proclama contrario a la regulación de las libertades mediante estatutos y normas excesivamente detallistas.Sin embargo, a la vista de que el artículo 20 de la Constitución exige una ley de desarrollo de determinados aspectos de la libertad de expresión y el derecho a la información que la Carta Magna enuncia, los diputados citados han decidido proponer una ley, corta en su articulado, pero de gran alcance político.Cláusula de conciencia y secreto profesional

Según Muñoz Peirats, la nueva ley constará de tres partes. En la primera, que será cortísima -«unos diez artículos, y si pueden ser cinco, mejor», dice-, se regulará la libertad de expresión e información en aspectos tales como el desarrollo del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de las libertades de expresión e información. Una segunda parte establecerá las disposiciones transitorias para que la nueva regulación se implante paulatinamente en los aspectos en que podría resultar perjudicial la aplicación inmediata de la nueva ley. Por último, una tercera parte, la más larga, será la disposición derogatoria, que detallará todos los preceptos vigentes en materia de Prensa que quedarán sin vigor.

En la preparación de esta ley trabajan, junto al ya citado Muñoz Peirats, Antonio Fontán, Ignacio Camuñas, Soledad Becerril, Víctor Carrascal, Miguel Durán, Carmelo Casan y otros diputados centristas liberales, así como un equipo de expertos que pretenden proponer antes de que finalice el actual período de sesiones un texto técnicamente perfeccionado y políticamente sencillo y de fácil aplicación. El objetivo principal es la desaparición de la regulación vigente sobre la Prensa y la imprenta que consideran fuera de tiempo y lugar, ya que se dictó en una época en que -como refleja el diario de sesiones de las Cortes orgánicas correspondiente a los primeros meses de 1966- existía un notable rechazo a las libertades, al sistema democrático y a los partidos políticos.

Etapas en favor de la libertad de Prensa

Según Muñoz Peirats, el sector liberal que en su momento aglutinó Joaquín Garrigues se propuso, desde 1977, una estrategia en favor de la libertad de Prensa, cuyas etapas principales eran la desaparición de la Prensa del Movimiento, actualmente en trámite; el establecimiento de la televisión privada, ya propuesta por UCD, y el control parlamentario sobre la televisión estatal, y la abolición de la ley Fraga. En cuanto a este último paso, los liberales centristas se remontan a la ley Sagasta de 1883, derogada por la ley Fraga, como antecedente ideológico más sobresaliente. Conectando este precedente legal con los imperativos legislativos de la Constitución, la nueva ley desarrollará los preceptos constitucionales consistentes en los derechos «a expresar y a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» y «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».

Asimismo, se desarrollará la norma según la cual «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» y la que establece que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Junto a esto, la nueva ley reforzará el derecho profesional a la investigación informativa, sin tener que dar cuenta del origen de las fuentes noticiosas. La nueva ley pretenderá también acabar con determinadas normas que enrarecen la situación jurídica de las empresas periodísticas, tales como la existencia de junta de fundadores, sistema especial de transmisión de acciones, depósito previo, pie de imprenta y otras. Según Muñoz Peirats, se tenderá a incorporar a las empresas de Prensa al régimen societario normal, lo que conlleva la derogación no sólo de la ley de Prensa, sino de otras disposiciones en vigor de la ley de Enjuiciamiento Criminal y de otras normas. De ahí la importancia que se concede entre los promotores de esta iniciativa legislativa a la cláusula derogatoria de la ley que proyectan proponer.