Los "siete grandes" quieren comprar la López Quesada y el Meridional

Aparte de la oferta por la López Quesada y por el Meridional, cuyo concurso restringido se cerró ayer a las dos de la tarde, los siete grandes tienen pensado hacer una segunda oferta de adquisición por el Promobank, una pequeña entidad que cuenta con diecisiete oficinas en la zona de Levante y que también está bajo administración del Fondo de Garantía de Depósitos, según se ha informado a EL PAIS.La decisión final de acudir al concurso restringido de la López Quesada y del Meridional, cuyo cierre se había extendido ocho días por expreso deseo de la banca española, fue adoptada en la mañana de ayer por los consejeros delegados de los principales bancos españoles, que durante las últimas semanas han mantenido reuniones casi monográficas sobre la posible expansión de la banca extranjera en España por la vía de la compra de pequeños bancos españoles ya instalados.

Los bancos nacionales (Banesto, Central, Hispano, Popular, Vizcaya, Bilbao y Santander) presentaron su oferta global por los dos bancos en crisis pocas horas antes de cerrarse el concurso restringido. No está claro, sin embargo, si este plazo se cerraba a las dos de la tarde, como mantenía el Fondo de Depósitos, o a las doce de la noche, como parecía ser la opinión del Banco de España. El caso es que la oferta fue anunciada por la mañana a la entidad que ostenta la mayoría de las acciones de los dos bancos y concretada por la tarde, en una reunión de los consejeros delegados los siete grandes con el gobernador y subgobernador del Banco de España.

La presentación de esta «oferta nacional» significa, según algunas interpretaciones prácticas, la eventual compra de las dos instituciones por parte de un pool bancario formado por los siete grandes de la banca española y el eventual rechazo de las dos ofertas que existen. Estas propuestas parten de la Banque Nationale de Paris (BNP), que habría ofrecido unos 5.000 millones de pesetas por la López Quesada, y una entidad nacional de primer orden que, curiosamente, también participa en el consorcio bancario que ha ofertado a su vez por el Meridional.

Tras la presentación formal de las propuestas, el Fondo de Garantía de Depósitos y su brazo técnico, la Corporación Bancaria, tendrán que dirimir todavía la conveniencia económica de las ofertas presentadas, extremo éste que podrá tardar entre seis y quince días para quedar finalmente evaluado.

Aunque el alcance final de la propuesta económica de los siete grandes era ayer desconocido, fuentes informadas señalaron que ésta no era precisamente muy atractiva. No obstante, la oferta habría mejorado por la tarde, en el curso de las reuniones mantenidas por los responsables de los grandes bancos en el Banco de España. En este sentido, medios gubernamentales indicaron que en el caso de igualar a las ofertas previas, el destino final de los dos bancos correspondería a intereses nacionales, aunque «sólo fuera por patriotismo».

Según algunas fuentes, la presentación de la oferta global de los grandes bancos no se hizo sin un relativo grado de apresuramiento y con las posiciones enfrentadas de los siete participantes. A este respecto, tanto el Hispano como el Vizcaya mostraron sus reticencias a acudir al concurso y algún consejero delegado ni siquiera firmó el acta. Otro punto sin decidir fue la forma jurídica y hasta técnica de cómo se harán cargo de las instituciones bajo gestión administrativa de la Corporación Bancaria.

Sin embargo, EL PAIS pudo saber que los siete grandes no crearán una nueva entidad jurídica especial para adquirirlas entidades bancarias integradas en la UVI bancaria, sino que la adquisición se hará en nombre de los siete grandes bancos españoles (Banesto, Central, Popular, Vizcaya, Bilbao, Santander e Hispano). Queda por decidir, sin embargo, la fórmula de aportación por cada entidad del capital necesario para la adquisición y las personas encargadas de la gestión, así como el número de personas que cada entidad destinará a esta función, o si sólo lo hará una de ellas.

Tampoco está claro el destino final de los dos bancos rescatados por laCor-poración. Alguno de los asistentes habría expresado su deseo de que los dos bancos sean sencillamente liquidados, mientras que otros argumentaron que sería una contradicción acudir a la subasta si no se tenía la intención de mantener en funcionamiento las dos instituciones.

La pugna con la banca extranjera

La decisión de las principales instituciones españolas de acudir al concurso restringido convocado por el Fondo de Garantía de Depósitos supone un duro golpe a las aspiraciones de la banca extranjera instalada en España de ampliar su campo de actuación en nuestro país que, como se sabe, está regulado por el Real Decreto 1.388/78.Hasta la fecha, sólo el Barclay's Bank británico ha podido obviar este decreto mediante la adquisición, en concurso restringido, del Banco de Valladolid, otro de los bancos en crisis que fue saneado mediante la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos. Esta compra desencadenó una fuerte polémica entre la banca española y el Gobierno, controversia que se ha prolongado durante varios meses y que no parece que quedará zanjada con el cierre del concurso de las dos últimas instituciones importantes que quedaban bajo gestión de la Corporación Bancaria.

En este sentido, la interpretación más extendida es que la batalla por la López Quesada el Meridional forma parte de un pulso político sin precedentes entre el actual equipo económico del Gobierno y parte de la banca nacional sobre la remodelación del sistema financiero que se inició el pasado enero.

Uno de los temas conflictivos, aunque no el único ni el más importante, se cifra en la sorprendente importancia que ha adquirido la banca extranjera instalada en España, al amparo del decreto de 1978, en los mecanismos de financiación españoles. Aunque las limitaciones del decreto parecen obvias, algunos bancos tradicionales habrían expresado su, voluntad al Gobierno de que se busquen nuevas formas, si no de reformar el decreto, lo que parece fuera de lugar, de imponer limitaciones a la eventual expansión de la banca, de cara, sobre todo, a la eventual integración en las Comunidades Europeas.

Las limitaciones se debían concretar, según algunas versiones, en el número de sucursales autorizadas, mientras otros mantienen que lo que debería restringirse es la relación que existe entre su financiación ajena interior y el monto de sus inversiones en valores y créditos a entidades españolas.

Asimismo, la banca nacional estaría a favor de un período prolongado de transición (entre ocho y diez años) para la libertad total de instalación de entidades de crédito extranjeras, una vez hayamos ingresado en la CEE.