"La ley de Administración Local no va contra nadie", afirma Martín Villa

El ministro de Administración Territorial presentó ayer a los medios informativos el proyecto de ley básica de Administración Local, una ley que, según sus palabras, «no va contra nadie» y persigue como objetivos fundamentales la garantía de los ámbitos de autonomía reconocidos en la Constitución a municipios y provincias, así como la gobernabilidad de ayuntamientos y diputaciones. Este proyecto de ley se convertirá en una pieza clave del Estado de las autonomías, análisis en el que coinciden tanto sus defensores como sus detractores.En efecto, para el ministro de Administración Territorial, el proyecto de ley es enormemente respetuoso con el mandato constitucional (artículos 137, 140 y 141 de la Constitución) de fundamentar la organización del Estado en los municipios, las provincias y las comunidades autónomas. Por el contrario, para vascos y, sobre todo, catalanes, esta ley supone un atentado a sus respectivas comunidades autónomas. Jordi Pujol sostiene que la pervivencia de las diputaciones supone la «laminación de la Generalidad». Sin entrar en juicios de valor es evidente que la potenciación de las diputaciones supone un freno al poder de la comunidad autónoma, cuya misión será más bien normativa, pero no ejecutora de una política determinada.

Los contenidos del proyecto de ley responden sustancialmente a lo adelantado por este periódico (véase EL PAIS del 4 de abril de 1981). Se potencian las Figuras del alcalde y presidente de la Diputación mediante la ampliación de sus facultades, competencias y atribuciones. Desaparecen numerosas tutelas de la Administración central sobre los ayuntamientos y se pretende garantizar igual independencia municipal frente a las comunidades autónomas.

La comisión de gobierno, importante innovación

La ley pretende deslindar al máximo entre el pleno-parlamento municipal y la comisión de gobierno de las corporaciones locales. Una importante innovación es, en este sentido, la posibilidad de que los municipios de más de 100.000 habitantes puedan dotarse de una comisión de gobierno, verdadero órgano gestor, que estará formado por personas de libre designación por el alcalde, sin necesidad de que sean concejales. Sí se exige, en cambio, que los designados sean funcionarios.

No se contempla en este proyecto de ley el sistema electoral de las corporaciones locales, tal vez como contribución al enfriamiento de una ley de por sí bastante caliente. Martín Villa sostiene, a título personal, que de acuerdo con el objetivo de favorecer la máxima gobernabilidad, lo lógico sería que la futura ley electoral estableciera un sistema por el que la lista más votada se alzara con la mayoría de concejales. Mientras se mantenga el actual sistema electoral, la izquierda siempre verá con recelo la potenciación de las diputaciones, donde su implantación es menor que en ayuntamientos y asambleas parlamentarias regionales.