Sobre coherencias y pactos escolares

La experiencia diaria nos hace pensar que tras los pocos pasos reales dados van quedando parte de nuestras ilusiones en cuanto a una renovación y cambio de la política educativa seguida en España. En tal caso nos es necesario hacer una reflexión sobre la realidad actual y, a la vez, adelantándonos a la misma, plantear la urgencia de un cambio de objetivos -si es que ahora hay alguno- para lograr esa escuela pública capaz, dotada de medios pedagógicos y financieros y, a la par, pluralista y cercana a su entorno sociocultural.Decir que es preciso ir a una revocación y abandono de las líneas seguidas hasta la fecha, tal vez a alguien le pueda parecer atrevido. Sin embargo, el confusionismo, la falta de incidencia de las leyes educativas y el paulatino deterioro de la escuela nos avalan en este criterio. Y también nos hace recordar que ese paso adelante en defensa de una formación integral de la comunidad no se ha producido ni lleva camino de producirse, por el sendero dubitativo y falto de criterios homogéneos que en la actualidad se sigue.

Cuando nuestra experiencia cercana como españoles y nuestra propia historia nos han venido caracterizando como un pueblo discontinuo en sus soluciones, pensamos que es necesario romper con este sino trágico. Por tanto, es urgente darle a la escuela, a la educación, el papel que debe de tener como elemento generador de cultura, de técnicas, de ideas y de comportamientos, hasta hacer de ella, en libertad, la dinamizadora del cambio de la colectividad.

Es urgente, pues, que en los Presupuestos del Estado se planifiquen las inversiones en materia educativa, con criterios de medio y largo plazo, se legisle con el mismo sentido y se arbitren las fórmulas necesarias para renovar todas aquellas estructuras que dificulten esta política. En definitiva, es necesario coger al toro por los cuernos, dejar de contentar a este o aquel grupo de presión y hacer un programa de Estado. Hacer o crear la base para hacer un plan educativo, con criterios pedagógicos y políticos actuales, significa pasar por encima de aquellos detalles o intereses que se oponen de manera sistemática al mismo, pretendiendo detentar lo que en todas las sociedades cercanas ya no tienen. Es necesario mantener las conveniencias generales sobre las particulares y arbitrar las fórmulas que permitan a las minorías participar sin sentirse coaccionadas, sosteniendo que sólo desde el pluralismo es posible enriquecernos mutuamente y hacer válidos los principios de la Constitución.

Pero, sin embargo, la política educativa, aquella que ha de intentar que los españoles se formen desde la infancia, continúa en su destino, casi mítico, de hacer castillos de naipes. Nacen y se derrumban las leyes desde que ven la luz. Se legisla para contentar ese ego lógico, pero después se cae el edificio por no tener los cimientos necesarios. Son leyes para otro lugar o sueños laudables de realidades de los que al final tan sólo queda aquello que unas cuantas voluntades comprometidas han podido salvar. Se legisla una escuela para el niño, pero sin él. Se pretende hacer una enseñanza llevada por maestros a los que frecuentemente se ignora. Es un proceso educativo sin los padres, haciendo del centro escolar un gueto ajeno a cuanto le rodee. Y siempre, en esta sinrazón, por causa de una razón administrativa.

Si a lo dicho unimos los intereses, que se posan como cuervos, creamos la situación actual, donde la pugna por lograr el mejor lugar de salida priva en muchos planteamientos, en las discusiones y en las soluciones a dar.

Se debatió la ley de Centros Docentes o Escolares. Se creó un clima de interés. Se aprobó la participación de alumnos y padres en la comunidad escolar buscando, creemos, el beneficio de una educación complementaria y cercana a su ambiente, pero no está el horno para ello. Se hace necesario buscar su aplicación con cuentagotas y topes, como si tal ley fuese como un purgante.

Mientras, debemos callarnos, cuando de forma salvaje medio se estropea un curso de BUP por agravios comparativos de los que somos alumnos, padres y la sociedad, enteramente ajenos. Y lo más absurdo: debemos luchar por hacernos oír cuando es evidente nuestra razón, y tan sólo nos quejamos de abandono.

Consejos de dirección

Como consecuencia del estatuto aludido, nacen los consejos de dirección y las juntas económicas en los colegios. Laudable idea, pero un altísimo porcentaje de los mismos no se han formado ni formalmente reunido. En unos casos, por boicó puro y simple. En otros, por un control dirigido que pretende dar a los padres un carácter subsidiario en el proceso educativo.

¿Qué falla? ¿Qué sucede para que tengamos que ir haciéndonos a la idea de que han de transcurrir años antes de que la democracia llegue a la escuela? ¿Por qué ha de ser como un parto doloroso, algo que la más elemental pedagogía reconoce? ¿Dónde está la pedagogía moderna, dónde la burocracia, dónde los goznes oxidados? Es como para derivar a discusiones bizantinas. ¿No?

Nosotros, como padres, no podemos estar en contra del enseñante. Esta sinrazón no es su culpa. Nosotros pedimos para él el reconocimiento de que es, con nosotros, el educador de nuestros hijos. Y pedimos que lo crea firmemente. Y esto significa valorar su figura y su trabajo. Y estaremos a su lado siempre que él pida a las autoridades responsables, que así sea. Pero estaremos en contra de quien sea, también, cuando se pase por encima del derecho reconocido a recibir una educación digna.

El problema más inmediato que nos atañe ya no es el incumplimiento de las leyes, sea por inadecuación propia o del aparato que ha de hacerlo . El problema actual es el continuado proceso de degradación de la enseñanza dependiente del Estado, en la cual, y ante los diferentes órganos responsables, los padres venimos haciendo de bomberos, apagando fuegos, tapando huecos y poniendo andamios.

De todos modos, lo más deplorable es este creciente deterioro de la enseñanza estatal donde se echa de menos un control de calidad en los libros de texto, en los que observamos algunas perduraciones dignas de figurar entre colecciones de curiosidades. ¿Y cuál es el proceso de elección, distribución y venta de los libros? ¿Son suficientes las normas ministeriales al respecto?

Por otro lado, y en cuanto al mismo deterioro, ¿son sociales y pedagógicos los criterios de adjudicación de plazas a los docentes? ¿Se ha resuelto ya el problema de su jubilación? ¿Se hace valoración y control de actividades? Por lo que conocemos, se dan muy pocos escasos de una planificación integral o por niveles en los colegios.

Pero se puede complicar aún más el panorama mientras no se encuentre una forma de interesar a los padres en la formación de sus hijos. Debe irse a una educación humanista, haciendo individuos responsables.

Sin embargo, esta falta de sensibilización social por la educación de los hijos conduce al frecuente desarraigo del escolar respecto a su medio familiar, y el desinterés de los padres por los gustos y motivaciones del niño lleva comúnmente al principio de desconexión mutua desde la escuela.

Próximamente, nuestro Parlamento nos brindará la discusión de la ley de Financiación de Centros Escolares, aunque ya el Ministerio nos ha adelantado el coste adicional que representa con cargo al Presupuesto del Estado. Alrededor de 45.000 millones de pesetas del erario público.

Desde luego que desde aquí no vamos a decir que la enseñanza no sea gratuita a todos los niveles, se imparta o no en centros dependientes de la Administración, pero sí decimos que ante las carencias inocultables de los centros estatales es una manipulación potenciar a la ensenanza privada con fondos públicos, mientras no se cubran gran parte de las carencias existentes en los primeros. Y que es aberrante no exigir a los centros subvencionados las mismas dependencias y las mismas obligaciones que a los estatales, creando inspecciones Financieras y pedagógicas, en relación a la dependencia económica que desean tener con la Administración pública. Algo diferente vulneraría el propio espíritu de la Constitución y el de la lógica.

No se puede dejar de anotar, ante las discusiones venideras, que en los centros públicos faltan generalmente bibliotecas escolares. Que el Ministerio de Educación no asume la educación física ni el deporte escolar. Que es prácticamente testimonial la sanidad. Que los seguros los hacemos y los pagamos los padres. Que los gabinetes psicopedagógicos o los montamos a nuestro cargo o son casos aislados, y más raros son aún los integrados con el resto de la comunidad escolar. Los comedores se restringen y no se retribuye convenientemente el trabajo de los profesores en los mismos. Abundan las construcciones deficientes y conocemos casos de ruinas. El libro de texto no es gratuito y los medios audiovisuales y las instalaciones deportivas no son la tónica general en nuestras escuelas. Por otro lado, se da una desigual distribución de plazas, tanto en cuanto a su situación como a su tipo.

Nosotros suponemos que dentro del «pacto escolar» se incluye suplir estas deficienclas y aplicar con sentido económico los escasos recursos financieros disponibles.