El retraso en las autorizaciones oficiales está paralizando el programa de viviendas

La debilidad de la demanda para viviendas de protección oficial y el retraso denunciado por algunas cajas de ahorro en la concesión de autorizaciones por el Ministerio de Obras Públicas están paralizando el programa previsto para este año. Sin embargo, el grado de cumplimiento en los compromisos de financiación de la banca privada y oficial es total, según el informe elevado al Gobierno por la Comisión de Seguimiento del Programa de Viviendas con los resultados del primer trimestre de este año. Por el contrario, los compromisos contraídos por la Confederación de Cajas de Ahorros sólo han sido cubiertos en un 50%.

La Comisión de Seguimiento, encabezada por Antonio Santillana, presidente del Banco Hipotecario, envió al Ministerio de Economía el pasado mes de abril un informe en el que daba cuenta del estado de los compromisos financieros contraídos por la Asociación de Banca Privada (AEB) y de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) con el Gobierno, así como del grado de cumplimiento de cada uno de los miembros representados.A la vista de tal informe (cuyo resumen queda reflejado en el cuadro adjunto) puede afirmarse que tanto los bancos privados como los públicos del crédito oficial han cumplido en su práctica totalidad con los compromisos de financiación mediante la aportación de 71.500 millones de pesetas los primeros y de 90.000 millones los segundos.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ha aportado los 66.000 millones previstos en el programa. Las cajas de ahorro han contribuido con 20.600 millones, correspondientes a su coeficiente de regulación especial. Sin embargo, de los 101.000 millones comprometidos por la CECA en nombre de sus miembros, para financiar viviendas de protección oficial mediante la subsidiación de intereses, las cajas de ahorro tan sólo habían aportado, al término del primer trimestre de este año, 55.000 millones de pesetas, lo que supone poco más de la mitad.

La no cobertura por las cajas de ahorro de la parte comprometida por su Confederación con el Gobierno está poniendo en duda, por una parte, la representatividad de la propia CECA a la hora de adquirir compromisos en nombre de todas las asociadas y, por otra, las bases mismas sobre las que se diseñó el programa de vivienda para el próximo trienio. En cuanto a lo primero, aparecen razones de índole político esgrimidas por las cajas vascas (dos de Guipúzcoa y dos de Vizcaya ya han confirmado que no acudirán a financiar este programa en la parte que les correspondía) y, en cuanto a lo segundo, las cajas catalanas argumentan que no hay demanda en su zona de actuación para viviendas de las características de las de protección oficial ni posibilidad de construirlas a los precios fijados por el módulo de Obras Públicas, debido a los altos precios del suelo.

En las últimas semanas han Firmado parte de sus compromisos algunas cajas catalanas, como la Caixa, la Caja de Ahorros- y Monte de Piedad de Barcelona y la Caja de Cataluña, así como una caja de Vallencia. También las cajas de Alava han acudido a cubrir su parte en el programa. En el resto de España han anunciado que no firmarán, además de las cuatro vascas antes citadas, las de Segovia, Córdoba y Gran Canaria.

El presidente de la Comisión de Seguimiento, Antonio Santillana, ha transmitido al Ministerio de Economía, según ha sabido EL PAIS, su preocupación por el incumplimiento financiero del programa, y ha pedido que intervenga ante las cajas pendientes aún de firmar sus compromisos.

Por su parte, las cajas sostienen que no hay demanda suficiente en su área para viviendas de protección oficial y piden la posibilidad de financiar dentro de ese cupo viviendas de régimen libre, debido al precio del suelo, asimilables a las de protección oficial, estableciendo un módulo de valoración especial que tenga en cuenta las características de la zona. Las viviendas financiadas por las distintas cajas deben construirse, según el programa, en su área de acción correspondiente. Miembros de la Comisión de Seguimiento, consultados por este periódico, han pronosticado que en las próximas reuniones -celebran dos mensuales y elaboran una nota mensual y una evaluación trimestral- se habrán cubierto hasta 80.000 millones de los 101.000 señalados en el programa.

Critican también las cajas la falta de una política de vivienda global, que hubiera contemplado no sólo la vivienda para pobres, sino una óptica más amplia y realista de vivienda libre, que es la que demanda el mercado. «Si la preocupación es el paro», señalan fuentes consultadas en dichas cajas, «el Gobierno debería promover vivienda libre, ya que no hay demanda para la protección oficial, y debería agilizar, sobre todo, los permisos y calificaciones dentro del Ministerio de Obras Públicas, ya que el retraso en tales autorizaciones está paralizando expedientes de construcción por valor de muchos cientos de millones de pesetas».