13 presuntos militantes del PCEml, juzgados ante la Audiencia Nacional
Tres juicios contra diez presuntos militantes del PCE Marxista-Leninista -organización legalizada en fechas recientes- se han celebrado esta semana ante la Audiencia Nacional, informa Efe.
Los procesados son Amancio García Yarritu, Eugenio Zamora López, José Luis Pique Pérez, Juan López Amorós Tomás Pellicer Oliveros, María Teresa del Vigo Santacoloma, Antonio Pecos Sánchez, Anto nio Giménez Alcalde, Angel Heredero Esteban y Rosa María Garrote Colmenar.Los hechos sumariales, según el escrito de conclusiones del fiscal, fueron cometidos entre agosto de 1977 y diciembre de 1978, y están referidos, en resumen, a numerosos delitos de robo perpetrados en Madrid, así como a varios atentados contra agentes de la autoridad y robo de sus armas reglamentarias.
El botín obtenido -aún sin recuperar- como consecuencia de estos delitos asciende a unos 32 millones y medio de pesetas además de armas de fuego, entre ellas treinta escopetas, siete pistolas, otras armas cortas y cajas de munición, ocho máquinas de escribir y varios electrodomésticos. La estimación económica de este material asciende a unos tres millones y medio de pesetas, si bien la policía ha recuperado parte de estos objetos.
Las penas solicitadas por el fiscal son de 96 años por quince delitos de robo y tres de atentado, para Yarritu; 71 años, por trece delitos de robo y tres de atentado, para Zamora; 54 años y medio, por nueve delitos de robo y tres de atentado, para Amorós; cincuenta años y medio, por ocho delitos de robo y seis de atentado, para Piquer; 36 años, por seis delitos de robo y cinco de atentado, para Pellicer; veinticuatro anos, por cinco de robo, para Del Vigo Santa Coloma; cinco años, por uno de robo, para Pecos, Giménez y Heredero, y cinco meses de arresto mayor, por un delito de robo, para Garrote.
Como es sabido, el PCEml fue legalizado hace pocos meses, después de un largo camino administrativo y judicial, a la luz de una sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la legalización de esta organización. En el fallo se ordenó la inscripción del PCEml en el Registro de Asociaciones Políticas.
Uno de los argumentos de la defensa fue precisamente denunciar el que calificaron de montaje policial de estos tres procesos, con su relación abrumadora de delitos, «para pretender la ilegalización del PCEml».
La defensa recalcó que esta organización ha abandonado desde hace tiempo su línea de combate armado para ajustar su actuación al marco legal democrático. Pidió la libre absolución de los procesados.
Todos los procesados negaron rotundamente su participación en los hechos sumariales y, en el transcurso de la larga prueba testifical, más de un centenar de testigos han manifestado que no reconocían a los ocupantes del banquillo. Tan sólo algún testigo ha creído reconocer a determinados acusados sin certeza plena.
La denuncia de malos tratos por parte de la policía y de los interrogatorios extenuantes en comisaría fue hecha también por los procesados e invocada por los defensores para atribuir carácter de mero atestado a las declaraciones policiales.
