El Plan de Ampliación de la Casa de Campo le supondrá a Pozuelo duplicar su población

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprobó definitivamente el pasado lunes, en el curso de una sesión plenaria extraordinaria, el llamado Plan de Ampliación de la Casa de Campo, que supone en realidad dar el visto bueno legal a la construcción de 7.500 viviendas en ese término municipal, lo que propiciará el que Pozuelo duplique su población actual. El grupo de concejales socialistas de la Corporación, que anteayer votó en contra de la aprobación del plan, estudia ahora la posibilidad de recurrir contra ésta ante el Gobierno Civil.

El pleno municipal en el que fue aprobado definitivamente el plan estuvo lleno de incidentes desde su comienzo. Los concejales socialistas, que habían basado su campaña de las elecciones municipales de 1979 en su oposición a la aprobación definitiva del plan, insistieron en que tres de los concejales presentes -dos de UCD y uno de Coalición Democrática- no podían pronunciarse sobre el tema, dada su condición de familiares de propietarios de terrenos en la zona afectada por el plan, y que, en consecuencia, podrían verse indirectamente beneficiados por la aprobación que se proponía.El alcalde, Juan Carlos Garcia de la Rasilla, de UCD, no aceptó, sin embargo, la impugnación y alegó que, tras numerosas consultas, los tres afectados habían llegado a la conclusión de que, al no ser propietarios directos, podían, legal y moralmente , permanecer en el pleno y emitir su voto. En anteriores ocasiones en las que la Corporación municipal había abordado el tema, los tres concejales implicados habían abandonado la sesión o no se habían presentado a ella. Pero el lunes pasado, al tratarse de la aprobación definitiva, su ausencia de la sala del pleno hubiera podido significar que los seis concejales socialistas, unidos en la votación con tres de la Candidatura del Pueblo (CP) y el comunista, hubieran podido dar al traste con la propuesta favorable a la aprobación.

En líneas generales, el Plan de Ampliación de la Casa de Campo supone la construcción de 7.500 viviendas en unos terrenos situados en el lindero entre los términos municipales de Madrid y Pozuelo de Alarcón. Mediante la oportuna permuta de volúmenes, lograda a base de ceder a la Casa de Campo cerca de doscientas hectáreas, la construcción de esas viviendas podrá hacerse en las 533 hectáreas restantes.

30.000 habitantes en 500 hectáreas

En esas 7.500 viviendas, a cuatro habitantes por cada una de ellas, pueden llegar a vivir unas 30.000 personas, lo que supondría duplicar la población actual de Pozuelo, que es de 30.000 habitantes, aproximadamente. La situación de saturación que esta nueva población puede llegar a provocar se vería agravada, en alguna medida, por el crecimiento calculado para la cercana colonia de Somosaguas, también dentro del mismo término municipal, que llegaría a unas 20.000 personas.Aparte del crecimiento desaforado e incontrolado de la población residente en Pozuelo, que además, en su mayoría, acude a Madrid a trabajar, el gran defecto detectado en el planeamiento ahora aprobado reside en su gran falta de equipamientos de todo tipo. Las cesiones de suelo con destino a ellos no cubren, ni con mucho, las necesidades reales que a la nueva población se le plantearán. Además, se dan casos tan curiosos como el de las reservas para equipamiento escolar: de las 7,4 hectáreas previstas para ello, cuatro están ya ocupadas por el colegio Americano, destinado en exclusiva para niños norteamericanos y que, por tanto, nulo servicio habrá de darle, en el futuro, a Pozuelo.

Precisamente estas previsiones de cesiones de suelo para equipamientos colectivos han sido pieza fundamental en las disensiones surgidas en el seno de la Corporación municipal a la hora de aprobar el plan.

El Plan de Ampliación de la Casa de Campo fue aprobado inicialmente un mes después de que entrara en vigor la ley del Suelo, en el año 1973. Según una disposición transitoria de esta ley, todo plan urbanístico que fuera aprobado con posterioridad a ella debería ser adaptado a la nueva redacción que había recibido. En este tema, la principal diferencia entre la antigua ley -la de 1956- y la nueva estaba en que, en tanto que la de 1956 sólo preveía que los propietarios de terrenos no tenían obligación de ceder el suelo necesario para los equipamientos, sino tan sólo reservarlo, en la nueva redacción legal está previsto que los ayuntamientos en cuyos términos municipales se promuevan planes urbanísticos reciban de los propietarios de los terrenos el 10% de éstos, con este fin. Dado que el plan fue redactado con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, aunque aprobado posteriormente, la disputa está en si se debe adaptar a ésta o no. En el primero de los casos, supondría de hecho la redacción de un nuevo plan y anulación de las actuaciones legales efectuadas.

El alcalde anunció, en el pleno del lunes pasado, que la junta de compensación del plan, había ofrecido -y en base a tal oferta se proponía la aprobación del mismo- aportar cincuenta millones de pesetas para la construcción de un colector, realizar viales y servicios de urbanización previstos en el plan, compromiso con el Canal de Isabel II para asegurar el abastecimiento de agua a toda la población -puesto en entredicho en más de una ocasión- y encargarse, de las conexiones necesarias entre la red viaria del pueblo y la general que conduce a Madrid.

Pero estas cesiones por parte de los promotores inmobiliarios propietarios de la mayoría del terreno afectado por el plan -Urbis, Cobasa y Urbanizadora Casa de Campo- no han servido para vencer la oposición demostrada por los socialistas al plan. Mientras, UCD mantiene oficialmente la postura de que el plan no es revisable a menos que se paguen unas indemnizaciones, que podrían ascender incluso a los 2.000 millones de pesetas.