Injerencias civiles militares
El artículo publicado por el señor Tuñón de Lara el 20 de marzo en EL PAÍS, bajo el título «Dos siglos de Ejército y sociedad españoles», me obliga no sólo por lealtad a mi apellido, sino por pura justicia histórica, a oponer mentís muy concreto a la afirmación aparecido en el mismo de que allá por el año 1919 el Ejército «manda más que nadie en Barcelona, puesto que Milans del Bosch, capitán general de Cataluña, reexpide, manu militari, para Madrid al gobernador civil Carlos Montañés y al jefe superior de Policía, Gerardo Doval, causando la dimisión de Romanones ante esta injerencia del poder, de hecho militar, en esferas ajenas a su competencia».De acuerdo con la exposición que el propio general Milans del Bosch, mi bisabuelo, hizo de su actuación entre el 6 y el 14 de abril de 1919. y que figura como apéndice (V) en la obra del académico de la Historia Carlos Seco Serrano Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (Madrid, 1979) -importante documento que, por cierto, ya tuvo en cuenta el profesor Stanley G. Payne para rectificarse a sí mismo en la segunda edición de su estudio Los militares y la política de la España contemporánea-, cabría pensar más bien en la injerencia de la autoridad civil en la jurisdicción militar.
Porque el conflicto entre el oobernador y el capitán general de Cataluña se produjo durante una etapa en que, por orden del Gobierno Romanones había sido declarado el estado de sitio en Barcelona, y como consecuencia de que el gobernador, tras pedir autorización al capitán general para interrogar a
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Injerencias civiles militares
Viene de página 11determinados presos sometidos a la jurisdicción militar, los puso luego en libertad por su cuenta y riesgo, sin contar con aquél.
La lógica reacción de Milans del Bosch produjo la dimisión del gobernador y de su jefe de policía, que le sirviera de instrumento. Ante ciertas declaraciones de Romanones a la Prensa de Madrid -subrayando que estaba muy satisfecho de la actuación de aquellas autoridades civiles-, Milans del Bosch presentó, a su vez, la dimisión, apresurándose el Gobierno a pedirle que continuase en su puesto.
Si el Gobierno rechazaba la renuncia del general y le obligaba a permanecer en su puesto, era evidente que las autoridades civiles que se habían interferido en sus disposiciones no debían continuar en el suyo. En torno a este conflicto de jurisdicciones, no provocado precisamente por la militar, se produjo la salida del gobernador y de su jefe de policía, por decisión propia, tras una entrevista con los diputados catalanes Figols y Sala. Ahora bien, como las contradicciones en que había caído Romanones le dejaban mal en cualquier caso, prefirió presentar su dimisión.
Esta es la realidad histórica documentada, y no la que, quizá con cierta ligereza, pretende Tuñón de Lara. /
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