¿El regreso a los años cuarenta?

¡REINDUSTRIALIZACIÓN! BAJO esta jaculatoria, inventada en Estados Unidos con miras muy distintas (nuevas industrias, nuevos procesos tecnológicos y una bandera en la que enganchar una nueva esperanza en la economía de mercado), los políticos responsables de la economía española parecen proponer la vuelta al intervencionismo de los años cuarenta. La salida de la crisis pasaría, así, por el abandono de las referencias a la economía de mercado y por un regreso al suancismo renovado.«El Gobierno, oídas las asociaciones empresariales y centrales sindicales más representativas, podrá declarar por real decreto la reconversión de sectores industriales». En las diferentes redacciones de¡ proyecto de decreto-ley sobre reindustrialización, reestructuración o reconversión nada se dice sobre las causas o motivos que pondrían en marcha el mecanismo, si bien cabe suponer que serán las dificultades de algunas empresas dentro de un sector determinado las que enciendan la señal de alarma. Ahora bien, dado que en todos los sectores hay empresas en dificultades, toda la industria española es, en principio, candidata a la terapia gratuita de esta original seguridad social. Naturalmente, los puntapiés y los navajazos por llegar los primeros a la ventanilla se convertirán en la tarea prioritaria de los sectores industriales españoles o de las empresas en dificultades dentro de cada sector.

El proceso de desindustrialización se encuentra con otra amenaza: la división del INI en dos mitades. Una de ellas, el Ente Nacional de Hidrocarburos, se quedará con las empresas más rentables. La otra recogerá los muertos vivientes (Seat, Hunosa, Potasas de Navarra, Astilleros Españoles, Altos Hornos del Mediterráneo y un largo etcétera) e invitará pronto a su mesa, pagada por los contribuyentes, a aquellas empresas privadas ineficientes, a cuyo frente siempre cabe colocar con un buen sueldo a políticos en paro. La división acabará, así, con el poco respeto que en España queda por la empresa pública, la cual, sin embargo, en países de rabiosa economía de mercado, como Alemania Occidental y Japón, ha demostrado ser un instrumento eficaz de la política industrial dentro de las reglas de la libre competencia.

Los proyectos de reíndustrialización y de partición del INI demuestran que, por desgracia, seguimos careciendo de política industrial, y quizá también de política económica. Pese a los excedentes de capacidad de muchos sectores industriales, el crecimiento de las importaciones de manufacturas de consumo y bienes de equipo durante 1980 ha puesto de manifiesto que los productos extranjeros son más competitivos que los nacionales en un mercado interior deprimido. Asimismo, nuestras exportaciones han perdido posiciones en los mercados internacionales. La conclusión es que, al margen de las sacudidas del petróleo, existen problemas y comportamientos peculiarmente españoles que disminuyen nuestra capacidad de competir en los mercados abiertos y en el propio mercado español.

Este tipo de causas es precisamente el que debe rastrearse para facilitar el ajuste de las empresas grandes, pequeñas y medianas a las nuevas circunstancias. Un observador económico llegado de otra galaxia se asombraría, sin necesidad de intérpretes, del largo catálogo de despropósitos de nuestra economía. Seguimos sin liberar los mercados financieros y carecemos de un mercado fluido de crédito a medio y largo plazo. Los bancos, que abren sucursales en puntos inverosímiles de nuestra geografía y negocian generosos convenios con sus empleados, están al abrigo de la competencia extranjera y de los intermediarios financieros que existen en otros países. Se diría que el enorme coste de intermediación del dinero es para los bancos una situación adquirida, y para la sociedad, un hecho inamovible. El despilfarro y desorganización del sector público, principal razón del déficit presupuestario, no se ataca frontalmente, pese a que el déficit público encarece el crédito, desincentiva la inversión y acaba provocando nuevos parados. El mercado de trabajo es un caos organizado, con reglamentaciones laborales defensoras. de situaciones adquiridas que terminan en la quiebra de las empresas y con una falta de presión sindical efectiva para la creación de nuevos puestos de empleo.

Mientras tanto, los negociantes más astutos o mejor introducidos políticamente siempre pueden conseguir que las deudas de un sector o de unas empresas sean transferidas de los bancos privados, en parte propietarios y en parte responsables del fracaso, al ICO o al Banco de España. De otro lado, las empresas favorecidas con exenciones y créditos sobrevivirán o naufragarán, pero, en cualquier caso, arrastrarán en su torbellino a las demás empresas sujetas a las reglas del juego sin subvenciones. La competencia desleal de los ayudados frente a los inermes será, en consecuencia, el marco de nuestra política industrial.

Si este enloquecido y arbitrista proyecto llegara a desarrollarse, se acrecentarían los males y nos encaminaríamos hacia una forma encubierta de neofranquismo económico. Por esa razón, el Gobierno debe pensárselo dos veces antes de aprobar el decreto-ley. Por otro lado, no hay razón alguna para no proseguir la política de liberalización económica que los últimos Gobiernos habían venido vacilantemente practicando. Si de verdad se quiere combatir la pérdida de competitividad de nuestro aparato productivo y frenar el paro no hay más solución que vigorizar el mercado, sanear el sector público y robustecerlo en los terrenos adecuados, disminuir el intervencionismo e invitar a cada palo para que aguante su propia vela.