Gestiones para congelar el peaje sobre el puente de Cádiz

La Comisión de Obras Públicas del Congreso de los Diputados ha aprobado una disposición no de ley en la que se insta al Gobierno a rescatar el puente José León de Carranza, sobre la había de Cádiz, pieza clavé para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Se habían presentado dos proposiciones: una de UCD y otra del PSOE. Lo aprobado coincide con ambas propuestas en la congelación del peaje del puente. También se ha aprobado, de acuerdo con la propuesta centrista y en contra de la socialista, el mantenimiento de las tarifas para. sufragar los gastos de conservación y para reintegrar al MOPU el adelanto del dinero necesario para el rescate.

En torno a esta cantidad hay ciertas discrepancias, ya que unos la fijan en 1.200 millones de pesetas y otros en 3.000 millones. La única cifra exacta es la deuda pendiente de pagar por el Ayuntamiento de Cádiz: cuatrocientos millones. Las diferencias están en la evaluación del lucro cesante de Bética de Autopistas, empresa que explota en la actualidad el puente. O lo que es lo mismo, el dinero que dejará de percibir esta empresa por la explotación del puente hasta 1999, año que cumple el contrato por el que el Ayuntamiento de Cádiz le concedía la explotación del puente sobre la bahía gaditana.Al parecer, UCD se ha opuesto a la desaparición de las tarifas, asegurando que se trataría de un privilegio para Cádiz, a pesar de lo insignificante que supone el dinero del peaje en los Presupuestos Generales del Estado.

Ambas proposiciones estaban presentadas desde hace meses, aunque no se habían llegado a debatir, ya que se esperaba el dictamen del Consejo de Estado sobre el informe presentado por el Ayuntamiento en torno a la posible nulidad del contrato con Bética de Autopistas. El alto cuerpo consultivo dictaminó a principios de mes contra las tesis municipales.

El puente José León de Carranza fue construido para la expansión urbana de Cádiz, que se asienta sobre una península y tiene prácticamente agotado su término municipal, con un déficit de viviendas superior a 5.000. Con la instalación de un peaje, esa expansión se vio limitada, al no poderse convertir el puente, como estaba previsto, en una calle más de Cádiz. El mantenimiento de las tarifas va a dejar pendiente de solución el problema de la expansión urbana de la ciudad, que en un principio se proveyó al otro lado de la bahía, en el término municipal de Puerto Real, donde existen más de mil hectáreas propiedad del MOPU, lo que se conoce como polígono Río San Pedro. Desde la construcción del puente, en 1969, la eliminación del peaje y su rescate ha sido una aspiración popular reflejada en manifestaciones y programas electorales, entre otros actos.