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Creciente tensión en Sevilla por la falta de fondos para el empleo comunitario

El Gobierno Civil de Sevilla ha impuesto sendas multas de 250.000 pesetas a José Manuel Guerra, secretario de organización de Comisiones Obreras del Campo, y Antonio Pineda, alcalde accidental de Badolatosa, por los incidentes ocurridos el pasado jueves entre jornaleros en paro y fuerzas de la Guardia Civil en las localidades de Peñaflor y Badolatosa. Otros dos trabajadores han sido sancionados con 100.000 pesetas cada uno. Por su parte, el Partido Comunista de Andalucía ha pedido el cese del gobernador, José Manuel Sanz Pastor.Los sucesos en cuestión son consecuencia de la tensión creciente en el campo sevillano a causa de la escasez de fondos para el empleo comunitario. Guerra fue detenido en Peñaflor, donde la fuerza pública procedió a desalojar a trescientos vecinos que permanecían encerrados en el Ayuntamiento desde el pasado día 1 de abril, después de que el pueblo recicibiese fondos para un solo día de trabajo a la semana, en vez de los dos que viene siendo habitual. Hay que indicar que la reclusión la inició un grupo de mujeres y que el Gobierno Civil decidió no enviar más dinero mientras continuase el conflicto.

CC OO ha denunciado posteriormente que José Manuel Guerra había sufrido malos tratos durante su detención en el cuartel de la Guardia Civil. Por su parte, el Gobierno Civil ha anunciado la apertura de una investigación sobre estas supuestas vejaciones. En Badolatosa, la Guardia Civil desalojó a trescientos jornaleros encerrados en el Ayuntamiento, deteniendo al alcalde en funciones y a otros dos obreros. Continúan, por otra parte, los encierros en El Coronil, Paradas y Lebrija, localidad esta última en la que el alcalde, Antonio Torres -en huelga de hambre desde el martes- ha enviado un telegrama al presidente de la Junta de Andalucía, preguntándole qué hace este organismo ante la situación de hambre en el campo.

Juicio contra Casero

Ayer tuvo lugar en el Juzgado de Osuna la vista de la causa seguida contra Francisco Casero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, por su presunta participación en la marcha de jornaleros parados realizada el pasado verano en esta población. A Casero se le piden dos meses de cárcel y 50.000 pesetas, de multa. Como es sabido, el dirigente del SOC se encuentra en huelga de hambre desde hace dos semanas en Villamartín (Cádiz), donde hoy se celebrará el Día de la Tierra plantándose un arbol simbólico en la tierra recogida en veintidós fincas de la zona, cuya expropiación exigen los trabajadores.

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