Aprobado el abastecimiento de agua a Tarragona con los caudales del Ebro
El Congreso de los Diputados dedicó casi toda la sesión plenaria de ayer a la aprobación del proyecto de ley sobre actuación en materia de aguas en Tarragona, que permite el abastecimiento urbano e industrial de la provincia de Tarragona con aguas procedentes del río Ebro. Los máximos oponentes al proyecto de ley -fruto del acuerdo entre el grupo centrista y la Minoría Catalana- fueron el representante del Partido Aragonés Regionalista, Hipólito Gómez de las Roces, los comunistas y, en menor medida, los socialistas.
Las enmiendas a la totalidad defendidas por Gómez de las Roces y Josep Solé Barberá fueron rechazadas con 126 votos favorables, 153 en contra, ninguna abstención y dos votos nulos. Solé Barberá criticó duramente al ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Luis Ortiz, por no haber consultado con los parlamentarios de la zona ni tampoco con las comunidades de regantes ni otras instituciones representativas. Lamentó que el objetivo de la ley no comprendiera la agricultura, mientras que beneficiará a las industrias que se pretende instalar en Tarragona.Por su parte, Hipólito Gómez de las Roces pidió la devolución del proyecto al Gobierno, por constituir un privilegio en favor de Cataluña y crear el peligro de un conflicto regional. A ambos diputados contestó el ministro de Obras Públicas y Urbanismo asegurando que se trata de un abastecimiento para el consumo humano de carácter urgente, que en ningún caso olvida la solidaridad debida entre las regiones.
Según el proyecto de ley aprobado, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ejecutará el acondicionamiento y mejora de la infraestructura del delta del Ebro que permita una mayor eficacia en la distribución del agua y en su aprovechamiento agrícola. «Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de municipios de la provincia de Tarragona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa».
Según otro de los artículos del proyecto de ley, la concesión citada será solicitada, y en su caso obtenida, «por los ayuntamientos e industrias constituidas en un ente con personalidad jurídica propia, cuyos estatutos serán aprobados por la Generalidad». Los comunistas propusieron que los sindicatos campesinos también participaran en este ente, pero la enmienda fue rechazada.
El agua destinada al abastecimiento mencionado «devengará un canon de cinco pesetas por metro cúbico, que se repercutirá en la tarifa de suministro» y cuyo importe «se ingresará en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que lo destinará, en primer lugar, al plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del delta del Ebro». En el caso de que las aguas concedidas utilizaran compartidamente obras de instalaciones existentes se incrementaría el canon en la parte proporcional de los costes de conservación y mantenimiento de las mismas que corresponda al caudal concedido.
Al término del debate sobre este proyecto de ley, Gómez de las Roces felicitó (según dijo, dirigiendo la mirada hacia los escaños ocupados por los diputados de la Minoría Catalana) a quienes «en silencio han conseguido que otros les saquen las castañas del fuego». Se lamentó de que la mayoría lograda para sacar adelante este proyecto de ley no coincidiera con la posición más razonable en torno al mismo.
Por parte comunista llevó el peso del debate el diputado Josep Solé Barberá, quien insistió en la solidaridad necesaria entre las distintas regiones, de acuerdo con la concepción autonomista conforme con la Constitución que tienen los comunistas. Por el grupo centrista, Antonio Faura aseguró que el texto legal es solidario y que la comisión mixta de regadíos de Aragón estaba satisfecha con su contenido. Añadió que la nueva ley es respetuosa con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía catalán.
Contestando al diputado socialista catalán Triginer, aseguró que el proyecto de ley contribuirá a la unidad de la cuenca del Ebro.
El Pleno continuó con la aprobación de la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio de 1976, tras ser rechazadas sendas enmiendas a la totalidad defendidas por el comunista Fernando Pérez Royo y el socialista Enrique Barón. Ambos diputados coincidieron en que los presupuestos de 1976 fueron aprobados por las Cortes orgánicas, con las que las actuales Cortes democráticas no se sienten vinculadas, por lo que sería mejor que se anularan las cuentas anteriores a la llegada de la democracia, dada la falta de garantías sobre su contenido.
