La Diputación no quiere entender

El conflicto del Hospital Provincial ha adquirido una significación de test sobre los derechos de los médicos en los planos profesional y laboral. Conviene tomar conciencia de que este caso no puede ser considerado aisladamente; al menos no debe serlo sólo como un conflicto interno, localizado entre un ente administrativo y sus funcionarios, sino que tiene carácter de exponente de una situación general que concierne a todos los médicos, a todos los organismos de la Administración -también al ministerio- con competencias sanitarias y a la opinión pública.Este conflicto no se habría producido si la opinión del médico en el orden profesional recibiera hoy una mínima atención por parte de los administradores y gestores de la sanidad y la Seguridad Social. Desgraciadamente no es así, ni en el Hospital Provincial ni en ningún otro. Para los mandarines de la sanidad española, el médico -y el resto del personal sanitario, para qué engañarse- tiene la consideración de mera utillería, como un bisturí o un fonendoscopio, cuyo papel consiste en mantener en dudoso pie los engranajes burocráticos en que han terminado por convertirse la organización sanitaria y la Seguridad Social.

De aquí el gran error, tan pertinaz como la sequía, en el que se ha empecinado nuestra Diputación Provincial y que le impide hallar una salida racional al conflicto o negociarla con los médicos o sus representantes. Los responsables políticos del Hospital Provincial, acompañados y jaleados por algún medio de información, como EL PAIS (véase su editorial del domingo día 5), se han cegado, desde prejuicios hueros de un mínimo análisis, con el maniqueo de que los médicos pretenden exclusivamente ganar más dinero y torpedear un régimen serio de incompatibilidades; en suma, mantener privilegios de casta. Para responder a estas fabulaciones, basta una rápida lectura del programa electoral con que la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos ganó las elecciones hace nueve meses; los párrafos que demuestran nuestra clara voluntad de acabar con las incompatibilidades no se han redactado, pues, al hilo del conflicto, y nuestra sección de médicos jóvenes lleva muy adelantado un voluminoso informe al respecto. La Diputación y EL PAIS prefieren opinar desde los prejuicios.

El problema real de este conflicto, que podría haberse manifestado en cualquier otro centro hospitalario, es la frustración de un profesional como el médico, que se cree formado y preparado para aportar su opinión en la definición del modelo de sanidad que conviene a España y para intervenir en la organización y gestión de la administración sanitaria y que, sin embargo, se ha visto alejado progresiva y brutalmente de todas las esferas, no ya de decisión, sino de mera consulta. También el ministerio debe tomar nota de este fraude al médico, a la sanidad y a la sociedad española.

La marginación del médico deriva del modelo de sanidad practicado en España. Nuestro gran hallazgo, merecedor de engrosar la galería universal del disparate, fue socialnacionalizar a los médicos y a los enfermos como vía rápida para crear un sistema de Seguridad Social. Socializar los medios era -y es- una operación mucho más cara en principio, pero incomparablemente más seria, responsable y, rentable a la larga. Este modelo de INI aplicado a la SS se contagió rápidamente al resto de las áreas sanitarias, fuera cual fuese la Administración competente, central, provincial o local.

Es hora de que los responsables adviertan que a quien han marginado de toda participación y de toda responsabilidad es precisamente al profesional sobre el que gira la asistencia sanitaria; al profesional sin el cual no existe la sanidad; al médico. Sin arquitectos podrá haber casas, pero no arquitectura, y podríamos seguir, porque sin el profesional adecuado no hay profesión, en el sentido de lo que ha entenderse como tal, es decir, una actividad que se desarrolla desde un conocimiento específico y desde una experiencia cuyo propio ejercicio es investigación práctica y genera nuevos conocimientos. En resumen, aquí se ha intentado hacer medicina, que no es firmar recetas ni sellar partes de altas y bajas, sin médicos.

Hacer medicina es hacer sanidad, y para eso estamos los profesionales médicos, con la capacidad necesaria y exigible para realizar la asistencia sanitaria que se presta y procurar la mejora de la calidad asistencial; profesionales que debemos reclamar una participación decisiva en la gestión y organiza.ción de la sanidad y de la Seguridad Social de los centros de asistencia sanitaria; profesionales que sólo en esas condiciones podemos comprometernos a asumir nuestra responsabilidad de médicos. Lo que no vamos a consentir en adelante es la complicidad tácita con unos montajes burocráticos que no sirven a la sociedad española, y de la que, en cambio, nos responsabilizan los enfermos porque somos el rostro identificable, la personificación de una organización sanitaria ineficaz en la que no tenemos arte ni parte, porque sus administradores no nos lo permiten.

Guste o no guste, los médicos somos nosotros y, por esa cualificación, debemos participar en las decisiones sobre la política sanitaría general y las políticas sanitarias concretas. Debemos decirlo desde nuestras instituciones representativas, los colegios, porque no es este un problema individual de cada médico ni de particulares sectores de nuestra profesión. Debemos también criticarnos y arrepentirnos por no haber adoptado antes, y colectivamente, posturas claras y terminantes frente a un modelo sanitario que, en primer lugar, nos desacredita a los propios médicos.

Por estas razones, como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, creo que debemos contemplar con perspectiva el conflicto del Hospital Provincial, que es, a fin de cuentas, expresión de la marginación radical y generalizada de todas las decisiones sobre sanidad, a todos los niveles y escalones, que hoy padece el médico. En nuestro Hospital Provincial de Madrid, esta marginación ha alcanzado cotas de desprecio a la dignidad a la que cualquier ser humano es acreedor.

Para evitar estas situaciones y, ante todo, el deterioro de la sanidad -que aún no es irreversible-, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid va a colaborar decididamente. En este orden, va a reivindicar, en primer lugar y de manera inmediata, la representación independiente de los médicos en todos los centros hospitalarios.

La huelga inevitable

La consideración del problema en estos que son sus verdaderos términos, no me exime de exponer mi opinion sobre la segunda de las cuestiones planteadas al aire del conflicto del Hospital Provincial. Se han negado al colectivo médico los más elementales derechos que se reconocen a cualquier trabajador. Se le ha negado la posibilidad del diálogo y la negociación. Se ha burlado el director técnico del Hospital, con excusas pueriles y por tres veces, de la mediación de buena voluntad ofrecida por el Colegio para escuchar su version y buscarjuntos una salida digna para todos.

Cuando el colectivo médico del Hospital Provincial inicia un procedimiento de presión legítima, como la huelga, reconocido a cualquier otro grupo, en respuesta a la postura cerril de la Administración, desde la Diputación se comenta cínicamente que esa huelga será ilegal, porque no la solicita una mayoría de los empleados del centro, mayoría eternamente inalcanzable por los médicos. Es esta la mejor razón que podían darnos para que nos empeñemos en conseguir nuestra representación específica, si no queremos vernos sepultados para siempre en el gueto de nuestra minoría.

Soy personalmente contrario a las huelgas de personal sanitario, porque perturban gravemente a terceros inocentes. Pero la opinión comprenderá ahora que se trata del bien de todos; porque los médicos no podemos seguir plegándonos, impasibles ante el deterioro irresponsable de la asistencia sanitaria, a la única razón esgrimida hasta ahora por la Diputación, la de la fuerza de quien manda.

El doctor Javier Matos Aguilar es presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.