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El Gobierno negociará el desarrollo de las autonomías con los principales partidos parlamentarios

El Gobierno intentará pactar el desarrollo de las autonomías con los partidos que cuentan con mayor representación parlamentaria y no exclusivamente con el PSOE, según manifestaron ayer Felipe González y el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, al concluir la reunión celebrada en el palacio de la Moncloa por una delegación gubernamental y otra socialista, en la que fueron designados los miembros de la comisión de expertos encargada de suministrar criterios a los dirigentes políticos para articular el proceso autonómico

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Siete profesores de Derecho Público

Junto con Eduardo García de Enterría, que desempeñará la función de presidente, tal como se anunció el viernes último al finalizar la entrevista que sostuvieron Calvo Sotelo y Felipe González, integrarán la comisión técnica Tomás Ramón Fernández, Luis Cosculluela, Francisco Sosa Wagner y Tomás Quadra Salcedo. Colaborarán con ellos Santiago Muñoz Machado, que actuará de secretario de la comisión, y Miguel Sánchez Morón, que realizará tareas de vicesecretario.Todos estos nombres, correspondientes a profesores de Derecho Público, fueron revelados por el secretario general del PSOE al leer el comunicado conjunto en el que se daba cuenta de la reunión de ayer, que se prolongó por espacio de dos horas y media. Participaron en ella, además del dirigente socialista y del titular de Administración Territorial, el presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas; el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, y Eduardo García de Enterría.

Felipe González, tras indicar que el PSOE es partidario de asociar al proceso de negociación sobre las autonomías a las fuerzas políticas que estuvieran dispuestas a ello -«si alguna quiere hacer la guerra por su cuenta, será su problema»-, señaló que el presidente del Gobierno recibiría probablemente en breve plazo «al resto de los responsables de otras fuerzas políticas para plantearles el debate que hemos tenido y pedirles sugerencias».

El líder socialista añadió que la ordenación autonómica es un proyecto que afecta a todos, si bien matizó que las comunidades que ya poseen estatutos tienen problemas específicos y unas vías de comunicación que son las comisiones de transferencias. «Este trabajo», prosiguió, «exige tiempo y dedicación. Estoy dispuesto a echar muchas horas en el tema, pero de momento no hay un calendario».

En cuanto a la designación de la comisión de expertos, que ayer mismo celebró su primera sesión de trabajo, resaltó que había acuerdo de principio entre el Gobierno y el PSOE, sin que se hubiesen producido dudas en cuanto a los nombres. No obstante, reconoció que se había partido de una relación más amplia, para concluir, después de considerar la situación de algunas personas y sus múltiples ocupaciones, con un grupo reducido.

Una perspectiva global

Destacó que la ordenación autonómica debe efectuarse con una perspectiva global, ya que de una manera u otra el tema afecta a la Administración y a problemas socioeconómicos. Afirmó que en las conversaciones de ayer había surgido el compromiso de desarrollar la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de forma que se constituye en breve plazo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo que tiene como fin coordinar la política presupuestaria de las comunidades autónomas con la del Estado. También se llegó al acuerdo de poner en marcha inmediatamente el Fondo de Compensación Interterritorial.El secretario general del PSOE advirtió con énfasis que no hay motivos para temer un frenazo del proceso autonómico. «No hay motivos para la inquietud», declaró, en una alusión clara a los recelos manifestados por el presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, que el lunes se mostró contrario a la creación de una comisión de expertos para la articulación de las autonomías. «Hay un mecanismo de transferencias perfectamente establecido en los estatutos catalán y vasco», agregó, «y ese mecanismo, a mi juicio, va a continuar con rigor y con fírmeza».

"No hay frenazo"

Si alguien puede deducir de la existencia de estas conversaciones», prosiguió, «que se pretende frenar el proceso autonómico, está llegando a una conclusión absolutamente falsa. Lo que se pretende es darle rigor a la construcción del Estado de las autonomías. Darle rigor no implica darle un frenazo, y a veces el rigor exige incluso medidas que hace unos meses resultaban insospechadas; serán, por tanto, medidas de avance». Comentó asimismo que los criterios de los técnicos no serán vinculantes para los políticos, «serán tenidos en cuenta con pleno respeto, pero nadie podrá hablar de dejación de responsabilidades».A su vez, el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, resaltó también que no habrá frenazo autonómico. «Me gustaría que me dijesen dónde». Manifestó, no obstante, que el desarrollo del Estado de las autonomías requiere muchos años: «Todos hemos dicho que podríamos darnos por contentos si realmente este proceso estuviese terminado en los veinte años que quedan de siglo; lo que sí se puede pretender es que en 1983 estén despejadas todas las incógnitas en la elaboración estatutaria».

Martín Villa enumeró como principales problemas a abordar en la negociación autonómica la deliberación en el Parlamento de los estatutos pendientes de tramitación, clarificar la vía que les corresponde a alguno de ellos, y, fundamentalmente, el reparto de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

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