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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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El ruido y las nueces

Josep Borrell

Ante la actual situación de anormalidad laboral protagonizada por parte del personal médico, laboral y funcionario del Hospital Provincial, y las razones que su utilizan formalmente para justificarla, la Diputación ha dado a conocer oficialmente su posición en numerosas ocasiones:- Los Órganos gestores del Hospital Provincial mantienen contactos informativos con todos los trabajadores que los soliciten, pero solamente negocia un convenio único con los únicos representantes que reconoce, que son los que resulten de unas elecciones sindicales y constituyen el comité de empresa.

- Una huelga protagonizada por el personal médico sería considerada como ilegal, de acuerdo con la legislación vigente, que exige que ésta sea solicitada por el comité de empresa o por el 25% de la plantilla del centro.

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En consecuencia, analizamos, con todos los inevitables riesgos de error, las razones por las cuales el gobierno de la Diputación considera que:

- «Un convenio franja» referido exclusivamente a un grupo de trabajadores, no es una solución adecuada.

- La huelga puede verse conducida o motivada por razones distintas de las esgrimidas, tales como las recientes medidas reguladoras del ejercicio privado de la medicina en un hospital público.

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- La solución al conflicto planteado no puede venir sino de una profundización en las medidas de reforma ya iniciadas, que, a la vez que eliminan privilegios, permiten recuperar y ejercer el control del hospital por sus verdaderos y únicos propietarios: los contribuyentes.

En ningún hospital de este país existe un convenio referido exclusivamente al personal médico, con independencia del de los demás trabajadores.

Falta de experiencia sindical

Posiblemente, el personal médico carece de la suficiente experiencia sindical para darse cuenta de que lo importante no es conseguir una negociación autónoma, sino llegar a obtener sus reivindicaciones aunque sea en una negociación global. Posiblemente desconocen que este problema no es privativo suyo, y que ha encontrado en otras empresas una solución adecuada sin tener que fragmentar la negociación. Más posiblemente todavía, su desconfianza puede ser aprovechada para generar el ruido necesario a la defensa de situaciones menos argumentables.

¿De verdad la huelga se plantea únicamente por y para la consecución de un convenio franja que, por su propia naturaleza, no afectaría más que a los médicos con contrato laboral?

¿De verdad? Entonces, ¿qué se les ha perdido en este asunto a los eminentes jefes de servicio, que por su condición de funcionarios no se ven afectados en absoluto por esta reivindicación, algunos de los cuales parecen ser, a pesar de ello, los más ardientes promotores de la misma?

¿El ardor combativo del doctor Aznar, director del laboratorio que facturó, según sus propias declaraciones, más de veinte millones de pesetas en 1980 por análisis efectuados a clientes privados, es por que desea disfrutar del plus de transporte o por que se le ha prohibido recientemente el desarrollo de tan lucrativa actividad?

La vocación sindicalista que acaban de descubrir algunos doctores, como el doctor Hidalgo y los restantes grandes usuarios de la clínica privada, ¿no tiene nada que ver con que el Consejo de Administración del hospital haya decidido hacer públicos los honorarios que perciben, facturarlos vía Administración y efectuar las correspondientes declaraciones a Hacienda?

¿La huelga que ustedes proponen y a la que se han sumado, in extremis, no es una medida de presión para conseguir que no sean sancionados los médicos actualmente sujetos a expediente por actuaciones que, de ser ciertas le hubieran costado el puesto de trabajo a cualquier trabajador en cualquier empresa eficientemente organizada?

¿No desean ustedes que esta huelga produzca, entre otros efectos, la destitución del director técnico del hospital, doctor Barros? La ocasión es buena para decir que el doctor Barros es un prestigioso cirujano, de reconocida fama internacional, uno de los más capacitados para asumir la dirección técnica del hospital, y dotado a la vez de la suficiente voluntad de reforma y talante democrático para contribuir técnicamente a mejorar la asistencia hospitalaria, aunque ello signifique cuestionar en el estado actual heredado e imponer la necesaria disciplina a los trabajadores. Pero no es el responsable político del hospital ni el autor de las decisiones adoptadas por sus órganos gestores, por lo que concentrar en él, gratuita y virulentamente, las críticas no responde sino a la vieja táctica de atacar por el punto más débil. Y no saquen ustedes el espantapájaros de la colectividad o de la socialización de la medicina y del atentado contra la libertad profesional. No tenemos nada contra el ejercicio privado de la medicina. Pretendemos simplemente regular públicamente este ejercicio en el seno de una institución pública.

A título de ejemplo, nos parece muy bien que el doctor Aznar desee ser el patrón de un laboratorio. Seguramente le sobra capacidad técnica para ello. Adelante. Invierta, constrúyalo, equípelo y hágalo funcionar. Amortice, reponga, repare, contrate personal, cotice a la Seguridad Social, incurra en costes y riesgos como cualquier empresario, pero no pida a los contribuyentes que hagan todo esto por usted. Y si hasta ahora se le permitía utilizar en beneficio propio unos bienes de propiedad pública, los representantes de sus propietarios han creído conveniente no mantener esta situación que no sería consentida a ningún trabajador (y esto y sólo esto es lo que usted es en el hospital) en ninguna empresa privada. Ya ven ustedes, en el fondo si alguna revolución estamos haciendo, tranquilícense, no se trata más que de la revolución burguesa para eliminar los residuos feudales tan frecuentes en nuestra Administración.

Perjuicios salariales para los médicos

El gobierno de la Diputación no quiere dejar de reconocer que, como resultado de anteriores convenios, el abanico salarial del Hospital Provincial puede haberse reducido excesivamente en perjuicio del personal médico.

Pero la solución a este problema, que nos hemos comprometido formalmente a encontrar, no puede provenir de una fragmentación de la negociación en procesos independientes.

Los legítimos derechos laborales y profesionales de los médicos, como el de cualquier otro colectivo de trabajadores, pueden y deben encontrar su justa satisfacción en el marco de una negociación global, si las partes de las mismas adoptan actitudes inteligentes y realmente progresistas.

El ejercicio del poder no tiene más justificación que el de transformar en el respeto a la legalidad, y de acuerdo con los presupuestos políticos que han recibido un apoyo mayoritario, las instituciones que gobernamos. No cuestionar en el estado actual recibido y asistir indiferentes al mantenimiento de situaciones que se critican cuando se está en la oposición y a las que no se tiene el valor de enfrentarse cuando se ejerce el gobierno, equivaldría a convertir la esperanza regeneradora que la izquierda representa en una superestructura formal que disfruta de los símbolos del poder, pero no utiliza sus mecanismos. En este sentido, el conflicto del Hospital Provincial de Madrid puede adoptar el valor de un símbolo, de cuyo resultado depende la credibilidad que el ciudadano otorgue al sistema democrático y a los principios que proclaman los partidos políticos.

José Borrell es portavoz del grupo socialista en la Diputación Provincial de Madrid, delegado de Hacienda y presidente del comité económico del Hospital Provincial.

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