Un proyecto de ley contestado

Las posturas en contra de la ley de defensa de la Constitución, en la que significa una novedad importante y destacable el cierre judicial de los medios de difusión que provoquen a la comisión de los delitos que el proyecto de ley contempla, han sido numerosas y a menudo críticas.El pasado día 16, el Gobierno presentó el proyecto a las Cortes para su tramitación por el procedimiento de urgencia, y ocho días más tarde, la Mesa del Congreso, con la Junta de Portavoces de esta Cámara, decidió, por unanimidad, contestar afirmativamente a la solicitud gubernamental de trámite urgente.

La Prensa y los medios de comunicación en general se han manifestado prácticamente unánimes en la condena de la citada ley, especialmente en lo relativo a garantizar la libertad de expresión. El diario Egin mostró su preocupación por el cierre de este periódico con la aprobación de la ley. El diario El Alcázar la calificó de involución anticonstitucional, y la Asociación de Editores de Diarios Españoles consideró que, «aun en aras de la defensa de la democracia frente a quienes atentan contra ella, una reforma penal que prevea medidas tan graves, como es la posible clausura de periódicos por vía cautelar, crea un arma legislativa de alcance incalculable contra la libertad de expresión». De ofensa de la Constitución califica EL PAÍS el citado proyecto de ley, que sirve para recortar la libertad de expresión, clausurar periódicos e incautar rotativas. El PSOE y el PCE han manifestado su postura con la presentación de ocho y diez enmiendas, respectivamente, todas ellas parciales y destinadas a introducir garantías para los derechos. Por último, Blas Piñar, Sagaseta y Bandrés presentaron enmiendas a la totalidad.