Desestimada la impugnación al nuevo Consejo del Banco de Asturias
La junta general del Banco de Asturias acordó el nombramiento del nuevo consejo de administración, integrado inicialmente por nueve miembros, para su posterior ampliación a doce, entre los que se encuentra Alfredo Lafita, vicepresidente ejecutivo de Banca March, que será el presidente del Asturias, cargo en el que sustituye a Prudencio Fernández Pello.Medios interesados habían conseguido filtrar a algunos periódicos la noticia de la existencia de supuestas irregularidades en el proceso que se inició con la intervención del Banco de España y que acaba de culminar con la compra del paquete mayoritario al Fondo de Garantía de Depósitos por parte de Banca March, entidad que controla el 76%, del capital.
Incluso se llegó a invocar erróneamente la autoridad de Alvaro Cuervo, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad de Oviedo, para justificar la ilegalidad de la compra de las acciones por Banca March. Este extremo fue desmentido en conversación con EL PAÍS por el propio Alvaro Cuervo, nombrado por el Banco de España administrador provisional del Banco de Asturias, en el que continuará como consejero por decisión de la Banca March.
Los administradores judiciales de la Corporación de Activos Financieros (CAFSA), anterior propietarla del Asturias y actualmente en suspensión de pagos, solicitaron la nulidad de la junta general argumentando la transmisión irregular de las acciones del banco. Tal propuesta fue rechazada por unanimidad de los demás accionistas. CAFSA conserva solamente el 5,75% del capital.
La actuación irregular de esta sociedad al frente del Banco de Asturias determinó la intervención del Banco de España y el cese de todo el anterior consejo de administración de aquél. Como consecuencia de las dificultades vividas por el Banco de Asturias en 1980, la cuenta de pérdidas y ganancias presenta un déficit de explotación que queda compensado con la reducción del capital realizada y de la aplicación de reservas, a la vez que se aumenta la dotación de la provisión para créditos de dudoso cobro que permitirá continuar el saneamiento.
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