Reflexiones sobre el futuro del monopolio de petróleos

La futura integración de España en la Comunidad Económica Europea implica -y se ha repetido hasta la saciedad-, por imperativos de la aceptación del tratado de Roma, la desaparición jurídica del monopolio comercial sobre los derivados de hidrocarburos. Si bien la ambigüedad del tratado constitutivo de la CEE hubiera permitido mantener el monopolio durante bastantes años -así lo ha hecho Francia-, la desigual posición de fuerza existente en el proceso negociador, cara a la integración española, hacen inviable cualquier intento de prolongar su vida, mucho más allá de un posible período transitorio (que en ningún caso sobrepasará los diez años).El futuro de la distribución de productos petrolíferos en España ha de estudiarse, pues, a partir de esta premisa: la desaparición legal del monopolio comercial de petróleos -no necesariamente de su vertiente fiscal, que sería aconsejable mantener.

Con la desaparición del monopolio cabe plantearse opciones extremas: la liberalización total, dando entrada a cuantas empresas desearan dedicarse a tareas de distribución, o preservar un monopolio de hecho que hiciera prácticamente imposible la ac-tuación en esta fase de otras empresas.

La liberalización total de la distribución no llevaría a la creación de un mercado transparente. La experiencia europea y la propia experiencia histórica española anterior al monopolio, señalan la existencia de mercados oligopolísticos, con reparto de áreas geográficas de actuación en algunos casos, y con escasas diferencias de precios en los productos finales de similares características. Con lo cual, las pretendidas ventajas que acarrearía una liberalización de esta fase en cuanto a ofrecer una diversidad de precios al consumidor, son, cuando menos, muy cuestionables. Esta opción, no obstante, ha tenido y tiene sus defensores, fundamentalmente en el grupo de intereses privados del subsector, y de modo especial en el de capital extranjero.

Pero los inconvenientes de liberalizar la distribución no se quedan ahí, en la formación de un mercado oligopolista. Hay que considerar también otras posibles consecuencias derivadas de aplicar esta alternativa.

No se nos oculta que el control de la fase distribución confiere un importante poder decisorio, a quien lo ostente, sobre todo el proceso de transformación de los crudos. Más si cabe en el caso español, donde, dado el exiguo grado de autoabastecimiento de materia prima, el aprovisionamiento de petróleo es una variable externa.

Factor básico

Si seguimos considerando que «el petróleo es un factor industrial básico», además de «elemento sustantivo de la defensa nacional» (*), como lo hiciera el impulsor de la creación del monopolio hace más de cincuenta años, se desprende de inmediato la necesidad de una presencia notable de los poderes públicos con el subsector petróleos. En esta óptica, la de una estrategia nacional propia en los planos económico y militar, se sitúa el rechazo a la liberalización de la distribución de los derivados del petróleo.

El atractivo del negocio de la distribución-comercialización es explícitamente apetecido por ciertas compañías multinacionales, cuya potencialidad económica se sitúa en relación de ventaja comparativa con las compañías nacionales, a la hora de llevar a cabo una inversión en la creación de redes particulares de distribución.

La réalización de este supuesto -presencia de multinacionales en la distribución-, derivaría en una significativa pérdida de control por parte de intereses nacionales de un sector, insistimos, estratégico; pérdida que no es en absoluto aceptable en la difícil coyuntura económica mundial que atravesamos.

Los costes económicos que implica la multiplicación de redes para la distribución -junto a la infrautilización de la red del monopolio, en caso de mantenerse bajo una única gestión empresarial- es un dato de sumo interés a tener en cuenta en la decisión a adoptar sobre el futuro del monopolio.

Y no es de menos importancia la previsión de posibles desabastecimientos de combustibles líquidos, en áreas del territorio nacional, que por su escasa densidad poblacional y/o bajonivel de renta, tienen un consumo reducido, en términos comparativos. El problema surgirá fundamentalmente a partir de la libertad futura de establecimiento de puntos de venta -que se da por admitida-. La presencia estatal en la distribución habría de servir de contrapeso cara a evitar una excesiva concentración de las estaciones de servicios en los núcleos y zonas de mayor consumo.

Tarea estatal

Asimismo, el carácter público del negocio de la distribución habría de servir de moderador en el crecimiento de la red de comercialización, con objeto de evitar una proliferación de punto de venta que, al rebasar unas cifras óptimas, redunde en un encarecimiento de los productos finales. El ejemplo de algunos países europeos (con triple y aún más número de estaciones de servicio por unidad de superficie que nuestro país) marca una tendencia de encarecimiento de los costes de los derivados del petróleo en la fase de comercialización.

Es el Estado quien ha de abordar esa tarea. La necesidad de un alto grado de control público -que se articula con la presencia estatal en otras fases del subsector- sobre un sector de carácter estratégico y la exigencia de instrumentos adecuados para el logro de los objetivos planeados en el terreno de la política energética, son razones de peso que, a nuestro juicio, justifican la continuidad del monopolio, sobre la distribución, si no ya de derecho, sí de facto. Cuestión aparte es abordar la compleja problemática que surgiría al intentar determinar las relaciones entre el monopolio de hecho y las empresas -públicas y privadas- presentes en las dos fases relacionadas con la distribución: refino y comercio.

Hay, sin embargo, opiniones que aun estando de acuerdo en lo básico de la argumentación expuesta hasta aquí, optan por la liberalización, en base a una profunda crítica de la pasada actuación del monopolio. Sin tratar de hacer una defensa cerrada a la gestión de Campsa sobre el monopolio, conviene matizar sobre las posibles censuras -con muchas de las cuales asentiríamos- que sobre ella se vierten. Afirmar que el monopolio ha perjudicado los intereses económicos de la nación en general y del consumidor en particular, implica comparar con los resultados potenciales que se hubieran obtenido con una situación de mercado libre en la distribución de los derivados del petróleo.

Resulta problemático realizar una comparación de este tipo. No se encuentran, como se ha mencionado más arriba, situaciones de mercado transparente que sirvan de referencia. Luego, en caso de perseverar en la afirmación, habría que realizar un ejercicio de simulación teórica, de discutible validez.

No hay que olvidar tampoco que el monopolio, con actuación en exclusiva en las fases de distribución, aporta menos del 10%, como media, al precio final de los combustibles líquidos; habrá que indagar en otras fases -y fundamentalmente en política de abastecimiento de crudos- o en la fiscalidad que pesa sobre estos productos, para entender tanto los niveles como la evolución de los precios finales. Precios que, incluyendo una cuantía porcentual de ingresos para el Estado, similar a la de muchos países de Europa occidental, no han estado, en los últimos años, por encima de la media de los precios pagados por el consumidor europeo.

El futuro de la distribución de productos petroleros, tiene la suficiente importancia como para evitar que se tomen decisiones precipitadas en torno a ello; se requiere un debate previo entre todos los sectores sociales del país. El tema tiene una vertiente económica de indudable interés -costes de distribución, abastecimiento del mercado nacional, etcétera-, pero quizá es en el plano político donde el debate arrojaría posiciones más controvertidas.

Si sobre el mantenimiento del monopolio fiscal parece que serían muchos los que abogamos por él, no existe el mismo grado de consenso sobre la continuidad del monopolio de distribución, que aquí se defiende. En definitiva, se discute sobre el futuro de un sector de carácter estratégico para una política nacional independiente, tanto en el terreno militar como en el resto de las esferas sociales. Las dependencias respecto a áreas políticas y económicas del exterior, que se pueden generar a través de un control importante del subsector petróleos por empresas multinacionales, supone un recorte a la propia soberanía nacional.