Presentada la propuesta de sanción contra dos ingenieros de la Diputación Provincial
José Borrell, diputado provincial socialista, en su calidad de juez instructor de los expedientes disciplinarios incoados contra dos ingenieros del servicio de Vías y Obras, Manuel Bada y Angel Llaguno, ha presentado ya una propuesta de sanción de dos años para el primero, y cinco, para el segundo, de suspensión de empleo y sueldo. La propuesta, casi con toda seguridad, será modificada por el presidente de la Diputación, José María Rodríguez Colorado, en virtud de una serie de datos nuevos que aparecen en otro expediente administrativo distinto de los anteriores.Los expedientes disciplinarios han probado que ambos ingenieros tenían por norma, desde hace varios años, apropiarse del porcentaje del 1,1, % del importe total de las obras, por el concepto de replanteo y liquidación de obras. En los últimos cinco años la suma total apropiada, declarada por ellos mismos, ascendió a 9.656.000 pesetas, que se repartían entre todo el personal del servicio, aunque José Borrell declaró ayer, en una conferencia de Prensa, que, al no estar registra dos los cobros en la contabilidad oficial de la Diputación, era casi imposible saber si la cifra es exacta o no.
Ambos ingenieros declararon en el transcurso del expediente su convencimiento de que lo que hacían era legal. Sin embargo, el juez instructor, en base a la regla general de que el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento, ha calificado la falta como de muy grave y ha hecho las propuestas de sanción señaladas antes.
Simultáneamente a los dos expedientes disciplinarios, el diputado Borrell ha sido también Juez instructor de un tercero, éste de carácter administrativo, que no va contra personas particulares, sino que se destina a esclarecer la legalidad o no del sistema empleado. Las conclusiones del administrativo son que, efectivamente, el sistema de cobro es ilegal, por lo que la, cantidad antes citada, y que en su día los ingenieros tuvieron que devolver, se la queda definitivamente la Diputación. Asimismo se han apreciado signos de posible responsabilidad de otros, dos ingenieros del servicio, por lo que se hace propuesta de apertura -de otros expedientes disciplinarios contra ellos. Por otra parte, y aunque no existan pruebas documentales, el diputado Borrel estima que a través de los datos parciales investigados pudiera-ser que el importe total percibido sea muy superior a los 9.656.000 declarados, por lo que propone que se realice una auditoría por especialistas. Este punto es importante, puesto que, si se verifica esta posibilidad, las sanciones propuestas serían aumentadas.
Al mismo tiempo, el juez instructor propone abrir un nuevo expediente administrativo sobre la práctica de todos los ingenieros de apropiarse también del porcentaje del 4% sobre el total del proyecto en concepto de dirección de obras. Si el expediente administrativo considera que esta práctica es también ilegal, se abrirían a continuación más expedientes disciplinarios; es decir, personales.
José Borrell reiteró que él no dicta las sanciones, sino que las propone, y es el presidente de la Diputación o la comisión de gobierno o el pleno de todos los diputados quienes fijan definitivamente la sanción, según su importancia.
