Nuevos enfrentamientos por el control de los impuestos insulares en Canarias

La lucha entre los cabildos y la Junta de Canarias por el control del órgano recaudador de impuestos de la hacienda canaria, Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares (JIAI), ha vuelto a resucitar.

La contestación reciente de los siete cabildos insulares a la inclusión de los presupuestos de la JIAI en el de la Junta ha sido interpretada como una velada maniobra para retrasar el cumplimiento de un decreto-ley ratificado en febrero pasado por el Congreso de los Diputados sobre el traspaso de la JIAI al órgano preautonómico canario.Los cabildos insulares habían controlado hasta esa fecha la recaudación de los arbitrios insulares. Este tema ha suscitado en las islas la mayor polémica económica de los últimos años y una división en el seno de la UCD canaria.

La transferencia de la recaudación de los recursos históricos de los cabildos a la Junta ha desatado un dilatado enfrentamiento entre las corporaciones insulares y la misma, al temer las primeras que la pérdida de su control les acarree futuros problemas presupuestarios. Los presidentes de los cabildos insulares han solicitado a este ente que el presupuesto de laJIAI sea diferenciado del suyo propio, lo que, en fuentes del órgano preautonómico, se ha indicado a EL PAIS que ha sido desautorizado por el Ministerio de Hacienda. El miércoles próximo, el titular de este departamento, García Añoveros, intentará aunar los criterios s obre la cuestión de los presidentes de cabildos pertenecientes a UCD (cinco), de la Junta y de los comités provinciales de dicho partido, divididos actualmente.

La recaudación de la JIAl ascendió el año pasado a 11.000 millones de pesetas. A partir de ahora, las futuras recaudaciones irán también destinadas a nutrir las arcas de los cabildos, aunque figurarán integradas en el presupuesto de la Junta. La organización de la hacienda canaria se descentralizará en el futuro en delegaciones fiscales autónomas por cada una de las siete islas, que serán aglutinadas por un coordinador general en Tenerife y por la Consejería, de Hacienda de la Junta, con sede en Las Palmas.

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