La economía "golfa" florece por falta de un programa gubernamental para salir de la crisis

Dicen los expertos que no hay en el mundo guardias suficientes para detener e incomunicar, siquiera sea temporalmente, a la mano invisible del mercado, ni parlamentos ni dictadores capaces de derogar las leyes de la oferta y la demanda. Por ello, el mercado siempre funciona, y, a la larga, lo que no se va en lágrimas se va en suspiros. Y así florece por doquier el mercado negro de trabajadores colocados en el paro que hacen chapuzas o pluriempleo a bajo precio, o las producciones y ventas clandestinas de empresarios desleales.

Las rigideces impuestas al mercado y el alarmante nivel de paro aceleran el desarrollo del modelo italiano de economía sumergida o golfa (EL PAIS, 15-III-1981). Para los especialistas es imposible combatir el florecimiento de esta válvula de escape ilegal sin ofrecer previamente alternativas de empleo y de rentabilidad. Y estas alternativas no las puede ofrecer un Gobierno que carece de política económica.La generalizada costumbre de la manga ancha o de la vista gorda de los inspectores de Trabajo, de la Seguridad Social, de Hacienda, de Aduanas o de los alguaciles municipales está justificada en estos momentos por la mala situación de la economía española. Si todos ellos cumplieran, hoy día, celosamente con su misión, según sociólogos y economistas consultados, se produciría un violento e imparable reventón social. Una cifra de parados estadísticos de 1,6 millones (cerca de dos millones de parados reales, contando a los desanimados no contabilizados como población activa) no podría soportarse socialmente sin estos colchones subterráneos que, aunque ¡legales, mitigan, sin duda, la desesperación social en un país donde no existe programa alguno de lucha contra la pobreza.

Por su natural clandestinidad es muy difícil cuantificar el número de empresas piratas que no declaran a sus trabajadores, contratados a bajo sueldo a cambio de mantener el cobro del seguro de desempleo, los grupos de trabajadores por cuenta propia dedicados a chapuzas de cierta envergadura, que subcontratan a precios dumping, los fabricantes de calzado y vestido que tienen a sus trabajadores repartidos en sus hogares haciendo sus labores para un mercado incontrolado y sin normalizar, o los repartidores de mercancías, viajantes espontáneos, vendedores ambulantes o puerta a puerta.

Economia de pillo a pillo

Las bases sobre las que se desarrolla esta economía golfa son aceptadas por el empresario y el trabajador, de modo que, siendo ambos igualmente pillos, no pueden denunciarse nunca. No hay impuestos, ni seguridad social, ni contrato laboral. El despido es completamente libre, sin indemnizaciones ni magistraturas. El trabajador que acepta el empleo pirata no puede protestar porque estuvo compinchado ilegalmente con el patrón.Esta situación se presta, además, a multitud de abusos y a coartar las reivindicaciones de la plantilla legal y escapa al control y amparo de los sindicatos. Numerosos empresarios han manifestado a EL PAIS que son los propios sindicatos, con sus posturas rígidas en torno al mantenimiento de las plantillas, al mismo tiempo que piden aumentos sustanciales de salarlos en plena crisis, los que favorecen la subcontratación de obreros bajo cuerda.

En esta situación grave y enormemente fluida no puede abordarse la salida de la crisis sin una política económica global. Según los medios empresariales y financieros consultados por este periódico, la reunión del presidente del Gobierno con empresarios y sindicatos, celebrada anteayer en la Moncloa, las bilaterales que se han proyectado para elaborar unas propuestas de lucha contra el paro en el futuro inmediato, serán papel mojado si no se encuadran en un programa completo coherente de política económica, que hoy por hoy no existe.

Las sugerencias recogidas por EL PAIS,en medios económicos solventes apuntan a la necesidad de constituir un grupo de trabajo con los máximos expertos españoles en cada capítulo de política económica capaz de articular técnicamente un programa de acción urgente a corto plazo.

El largo plazo implica opciones ideológicas, modelo de sociedad, etcétera, que dificultan el eventual acuerdo entre las fuerzas políticas. La ideología predomina en el largo plazo sobre la pura técnica, pero en el cortísimo plazo las alternativas reales de política económica son menores, se aproximan, y sus límites quedan bastante desdibujados, ya que los recursos reales y la urgencia dominan sobre la ideología.

Este plan de urgencia, elaborado por la supuesta comisión de sabios y concertado o negociado con las fuerzas sociales y/o políticas, contendría claramente definidos los objetivos y los instrumentos, de modo que cada grupo supiera cuáles son los costes y los beneficios que se reparten entre todos para que el país comience a andar.

Estos mismos medios empresariales tienen grandes reticencias ante una eventual repetición de los viejos pactos de la Moncloa cuyo fracaso -según ellos- estaba garantizado de antemano, ya que basaban la creación de empleo en la inversión privada y no utilizó en ningún momento, en un larguísimo texto, ni la palabra beneficio ni la palabra rentabilidad. Por ello consideran que es ir directamente al fracaso el iniciar negociaciones sobre bases ideológicas distintas sin que el Gobierno tenga para ofrecer un papel concreto y coherente de política económica global. Negociar planes aislados de lucha contra el paro se califica en estos medios como chapuza.

En todos los círculos consultados hay unanimidad en que el objetivo prioritario de la política económica del Gobierno debe ser la lucha contra el paro. Coinciden igualmente en que la única forma seria de mitigar el drama del paro es mediante una política económica generadora de empleo. El matiz que destacan los especialistas como muy iniportante es Precisamente la necesidad de cambiar el foco sobre el paro por el foco sobre el empleo En este sentido, el objetivo básico se dirigiría hacia la contención de la paulatina pérdida de puestos de trabajo y, a la vez, a la creación de nuevos empleos.

El índice de participación de la población activa española sobre la total ha descendido sensiblemente desde 1974 (42,7%) a 1980 (33,8%). La desviación de población activa, no contabilizada como tal y que debería estarlo, ha sido superior a los tres millones de personas en el período 1974-1980. Esta pérdida continua de población activa en España contrasta con el comportamiento de los países europeos vecinos cuya media de población activa crece lentamente hacia el 47% de la población total.

Al crearse nuevos puestos de trabajo en España es posible que aumenten las cifras estadísticas de parados, pero disminuirá la cifra real, y esto es lo que obliga a ir hacia políticas de empleo en vez de hacia políticas de paro.

Nuestras importaciones crean empleo fuera

Una vez definido el objetivo de generar empleo y frenar la pérdida de puestos de trabajo, parece urgente la clarificación dé los instrumentos de política económica que se van a emplear y de los caminos por los que se trata de llegar al objetivo señalado.Las sugerencias recogidas en torno a una política de empleo apuntan, en primer lugar, hacia el comportamiento del sector exterior, que está reduciendo empleo en España y generándolo en el extranjero. El fuerte incremento de las importaciones en 1980 (19% en dólares y, aproximadamente, el 7% en volumen, sin contar petróleo) no parece justificable en una economía casi estancada como la nuestra, ya que gran parte de esas importaciones lo son de bienes de consumo en mayor medida que de capital. Las exportaciones, que apenas crecen en volumen, constituyen una cifra muy pequeña con respecto al tamaño y nivel de desarrollo de España. Por tanto, corregir la competitividad exterior e interior de nuestra economía es la pieza clave del salvamento.

Todos coinciden en afirmar que no podemos permitirnos el lujo de perder cuota de mercado exterior como prácticamente ha ocurrido en 1980. A corto plazo, se apunta la mejora de la productividad y una mayor liberalización de la política sobre el tipo de cambio, actuando combinadamente para ganar tiempo y mercado inmediatamente hasta que surtan efecto otras medidas más lentas de tipo estructural.

Algunos empresarios aseguran que contratarían en el acto a 120 obreros si pudieran despedir a cien. Otros piden a gritos la posibilidad de sustituir al 20% de su plantilla con igual número de trabajadores, de modo que no decaiga el nivel de empleo, y como vía rápida para incrementar la productividad. «El día en que los trabajadores sepan que si no trabajan pueden ser despedidos y sustituidos automáticamente por otros que están en paro, ese día habremos ganado la batalla de la productividad», nos ha declarado uno de ellos, que no se atreve a pedir el despido libre.

El fomento de la demanda interior, vía exportaciones y sustitución de importaciones, la liberalización de precios para poder repercutir en ellos los incrementos de costes, la reducción de las cargas laborales impuestas por la Seguridad Social (mediante la implantación inmediata de¡ impuesto sobre el valor añadido), dar mayor capacidad de autofinanciación a las empresas, establecer ciertos topes ,salariales mientras existan topes a la flexibilidad de plantillas, entre otras medidas, repercutirían directamente sobre las expectativas de rentabilidad, única vía para que los empresarios inviertan a todo correr, y creen puestos de trabajo, después de pagar las deudas con la primera recuperación de los beneficios. Lo demás -insisten dichos medios empresariales- son parches para una economía que precisa cirugía de urgencia.