La ley de Divorcio no sufrirá grandes modificaciones hasta que llegue al Senado

Viene de primera página

El Comité Ejecutivo de UCD no estudió ayer tarde los temas de mayor discrepancia en torno al divorcio artículo por artículo, sino que consideró más bien conceptos como «áreas de preocupación», y habló de las diferencias en términos muy generales. Ello permitiría, a juicio de algunos, dejar una mayor movilidad al grupo parlamentario, dentro de lo que determinados sectores interpretan como un enfrentamiento entre el partido, con un aparato dominado por los oficialistas, y el grupo parlamentario, donde los críticos se mueven con gran holgura. Este tratamiento de la situación por áereas muy generales hizo que no hubiera que llegar a votación alguna y que pudieran concretarse unas directrices específicas que se darán a conoce hoy a los parlamentarios centristas en la reunión del grupo. Tampoco se habló de disciplina de voto, pese a que ésta se estimaba. necesaria en un documento de gran dureza elaborado por la ponencia interna del partido y que, tras considerarse por la mañana en una reunión de ésta se pasó prácticamente por alto en la reunión de la tarde.

La ponencia interna que fue nombrada para acotar las diferencias de los distintos; sectores de Unión de Centro Democrático -integrada por los portavoces del Congreso y del Senado, los portavoces en ambas Cámaras, los ministros de la Presidencia, Pío Cabanillas, y de Justicia, Fernández Ordóñez; el presidente del Consejo de Estado, Jiménez Blanco, y los dirigentes Fernando Abril y Antón Cañellas- había elaborado un documento, «en concepto de directrices políticas del partido», que, de salir adelante, supondría, en líneas generales, la vuelta al proyecto de divorcio de Iñigo Cavero y el recorte de las ideas más progresivas introducidas por Fernández Ordóñez. El documento zanjaba además el dilema del voto de conciencia o el sufragio unificado, porque expresaba la necesidad de «mantener la cohesión, prestigio y disciplina del grupo», especialmente en lo referente a la disciplina de voto.

El texto, que «ataba de pies y manos a Fernández Ordóñez», en opinión de un diputado socialdemócrata, y que no fue considerado en la reunión del Comité Ejecutivo centrista que se celebró ayer por la tarde, fijaba dos modificaciones «necesarias», de las que decía que eran vinculantes «para ambos grupos (Congreso y Senado) y para todos y cada uno de sus miembros» y cinco modificaciones «convenientes», que deberían ser debatidas y votadas en ambos grupos y vincular después a sus integrantes.

Variaciones "necesarias"

Las modificaciones necesarias eran el artículo 82.5 y el procedimiento. En ambos casos se pedía su supresión y, como mal menor, se exponían alternativas. En el artículo 82.5, sobre cuya actual redacción medios próximos al ministro de Justicia han declarado que admitirían ligeras modificaciones en la línea de las expresadas más arriba, Ia ponencia interna pedía que se exigiera «un requerimiento fehaciente al cónyuge legitimado para pedir la separación sobre si consiente o no, a los fines del precepto, en el cese efectivo de la convivencia conyugal, estimándose la no contestación al requerimiento como negativa al mismo». En la propia reunión de la ponencia interna de ayer por la mañana, a la que no asistió el ministro de Justicia, se apuntaba ya por algunos, al parecer, suavizar esta redacción.

La alternativa a la supresión del procedimiento (disposición adicional sexta), previsto sin litigio para los casos en que los cónyuges acudan de mutuo acuerdo a la separación o el divorcio, era más taxativa y hablaba de «su sustitución por la alternativa presentada por el voto particular del señor Escartín». El procedimiento Escartín, apoyado por los democristianos, se diferencia poco del de incidentes, es decir, con enfrentamiento de las partes, y prevé la apertura de un período de prueba en el que el juez y el fiscal entran a estudiar no sólo el cese efectivo de la convivencia conyugal sino la causa de ese cese y la «quiebra profunda» de esa convivencia, conceptos jurídicamente difusos. Medios judiciales han afirmado que aceptar este procedimiento en un momento como el actual, de renovación del aparato judicial, contribuiría a la paralización de los tribunales.

No obstante, medios técnicos del Ministerio de Justicia perfilaban ayer una nueva redacción del procedimiento de divorcio, mientras el hecho de que Escartín haya aceptado defender el proyecto íntegro en el Pleno del Congreso se acompañaba de una interpretación en el sentido de que pudiera modificar o restar importancia a su voto particular al procedimiento.

Por lo que respecta a los puntos considerados como de conveniente sustitución por el informe de la ponencia interna de UCD, hacían referencia a los que han venido siendo objeto de mayor polémica, como los referentes al matrimonio canónico (artículo 60).

La citada ponencia especial estimaba conveniente, asimismo, imposibilitar la separación por mutuo acuerdo mediante la adición de una frase que figuraba en el proyecto de Iñigo Cavero sobre la necesidad de probar la quiebra de la convivencia conyugal.

Además de devolver al juez gran parte de la discrecionalidad que tenía el proyecto de Iñigo Cavero, el informe de la ponencia interna de UCD modificaba también la posibilidad de hacer compatible el cese efectivo de la convivencia conyugal con el mantenimiento del mismo domicilio en determinados supuestos y hacía necesario que ese mantenimiento del domicilio fuera «en virtud de resolución judicial ».

Estas modificaciones, que están en el ánimo de los sectores confesionales de UCD, especialmente a raíz de diversas manifestaciones orales y escritas de las jerarquías eclesiásticas, no fueron estudiadas por el comité ejecutivo ayer, reunión a la que el portavoz del grupo parlamentario, Miguel Herrero, no da más importancia que la de «fijar directrices, pero el grupo es autónomo».