Los anestesistas de la Ciudad Sanitaria Provincial niegan que su postura sea de "huelga salvaje"

La negativa a aceptar que su abandono del servicio constituya una huelga salvaje, tal como la calificó la presidenta del consejo de administración, María Gómez de Mendoza, es la única novedad importante que se ha producido en las últimas horas en torno al conflicto que enfrenta a los médicos de la Ciudad Sanitaria Provincial con los órganos directivos del centro. Aquéllos solicitaron formalmente la dimisión de la diputada y del director del hospital, doctor Barros, a consecuencia de la contratación directa de un anestesista, que fue considerada como antidemocrática.

La difusión de un escrito elaborado por los médicos del servicio de anestesia ha sido, hasta ayer, el último término del largo y cada vez más complejo conflicto entre los médicos y la dirección de la Ciudad Sanitaria Provincial. En este escrito se rechaza el comentario de la presidenta del consejo de administración del hospital, María Gómez de Mendoza, a un diario madrileño, en uno de cuyos párrafos se mencionaba «la huelga salvaje que están realizando los anestesistas» y se anuncia la aplicación de una serie de medidas para forzar una rectificación pública de esa referencia. Todo ello parece indicar que el enfrentamiento entre la dirección de la Ciudad Sanitaria y sus médicos se hace progresivamente más profundo.El detonante del enfrentamiento fue un suceso sin importancia aparente: la contratación eventual -por un año y con carácter improrrogable- de un médico anestesista. La dirección del centro ha explicado que esta contratación estuvo amparada sólo por razones profesionales, puesto que la persona a quien se extendió el contrato tiene un brillante currículo. Los médicos anestesistas se opusieron a ella, acusaron a los directivos del centro de conducta antidemocrática, y esta corriente se fue extendiendo. El pasado jueves, trescientos médicos de los distintos servicios del hospital pidieron la dimisión de la presidenta del consejo de administración y del director técnico del centro, doctor Barros.

Práctica de la medicina privada, uno de los motivos de fondo

Los trescientos médicos, reunidos en asamblea, decidieron publicar un escrito en el que se explicaban las razones de la solicitud de dimisión de la presidenta del consejo de administración y del director técnico del hospital. Algunas de ellas eran éstas: «Progresivo deterioro de la calidad asistencial y científica» del centro en los últimos años, «como consecuencia de las dificultades económicas determinadas por su dependencia de un concierto con la Seguridad Social»; el centro, «hasta ahora altamente especializado, se encamina a convertirse en un hospital de urgencia elemental e inespecífica» y podría «perder su nivel 7,3, correspondiente a la máxima, categoría hospitalaria del país»; la conducta «que consideramos irregular para la normativa vigente en lo que se refiere a la contratación de personal, caso de un anestesista para el servicio del propio director, contratado sin convocatoria, sin concurso y sin dar cuenta al jefe encargado del servicio de anestesiología y reanimación», y «los sucesivos aumentos de sueldo, establecidos en forma no proporcional», que «han perjudicado notablemente la economía de los médicos de las categorías funcionales menos elevadas, colocándoles en la actualidad en una situación económica angustiosa, y profesional profundamente frustrante». Los redactores del escrito confiesan también «un fenómeno de desmoralización general».El pasado sábado, la dirección del hospital mantuvo una conferencia de Prensa a fin de explicar sus posiciones ante el conflicto. Tal como se informaba en EL PAIS de anteayer, domingo, la presidenta del consejo de administración y el director técnico del hospital contestaron a estas acusaciones y denuncias, y exponían las que consideraban «verdaderas causas de fondo de la situación». María Gómez de Mendoza las resumió en ,los siguientes puntos: nombramiento del doctor Barros como director técnico; proyecto de contratar a un director gerente; el informe encargado, y ya disponible, sobre la economía de la Ciudad Sanitaria en los últimos años, y sobre todo las medidas inmediatas de la dirección sobre el ejercicio de la medicina privada en el centro, práctica habitual entre un apreciable número de los profesionales del mismo.

Al ejercicio de la medicina privada, el delegado de Hacienda de la Diputación Provincial en la Ciudad Sanitaria, diputado José Borrell, dijo que sólo se ponía una objeción: el que fuera practicado dentro de la jornada laboral; su legalidad intrínseca, por tanto, no fue cuestionada por la dirección en la conferencia de Prensa. El diputado Borrell añadió, no obstante, que la dirección desconoce la cuantía de los honorarios percibidos por los médicos en este concepto, y aclaró que pretende asumir en el futuro cobros y pagos, y, con ello, el cumplimiento de todos los compromisos fiscales. Al ser preguntado si ejercía la medicina privada, el doctor Barros respondió afirmativamente.

Según todos los indicios, la dimisión de Carlos Revilla como presidente de la Diputación, motivada en alguna medida por la irregular situación de la Ciudad Sanitaria Provincial, está llamada a ser sólo un antecedente de una crisis de alcance imprevisible. Por el momento, los directivos del hospital anunciaron su intención de seguir desarrollando todas sus decisiones.