Suspendidos de empleo y sueldo dos médicos de la Ciudad Sanitaria Provincial
María Gómez de Mendoza, como presidenta del Consejo de Administración de la Ciudad Sanitaria Provincial, ha ordenado que dos de los médicos del hospital queden suspendidos de empleo y sueldo, como medida provisional, en tanto no se termine la instrucción de sendos expedientes que se ha incoado contra ellos. Los dos médicos, de los que no se conoce el nombre, han participado relevantemente en el conflicto que enfrenta a este colectivo con la dirección del hospital (véase EL PAIS del jueves y el viernes pasados).El conflicto surgió por la contratación directa de un médico anestesista, por razones de urgencia y por un período improrrogable de un año, según explicó María Gómez de Mendoza. El resto de los anestesistas consideró que la medida afectaba a sus intereses profesionales y tenía un carácter antidemocrático. El jueves, todos los médicos del hospital celebraron una asamblea en la que se ratificaron en su postura.
En el transcurso de la asamblea, uno de los dos médicos sancionados parece que se destacó por la virulencia de sus intervenciones, proponiendo acciones que podrían resultar perjudiciales para el cuidado de los enfermos y para el prestigio del hospital -según reza en el documento de apertura del expediente- El otro médico pertecene al servicio de anestesiología y reanimación. Como juez instructor de ambos ha sido nombrado el diputado provincial José Borrell.
Al mismo tiempo, el médico cuya contratación fue el detonante del conflicto envió ayer un escrito a la presidenta presentando la dimisión de su puesto, ya que no quiere ser motivo de discordia.
Por otra parte, los comités de empresa y las secciones sindicales de CC OO y UGT de la Ciudad Sanitaria y los hospitales Psiquiátrico y Villa del Prado han redactado un extenso documento en el que apoyan incondicionalmente a la Diputación Provincial y al director general del centro en cuestión, doctor Barros, a quienes reconocen sus desvelos y la adopción de medidas eficaces en solucionar algunos de los graves problemas de la Ciudad Sanitaria.
Respecto al movimiento de protesta de los médicos, el documento afirma que han buscado un pretexto para forzar la dimisión del doctor Barros y de María Gómez de Mendoza, así como para negar la representatividad de los comités de empresa, en defensa sólo de sus intereses como grupo, «al frente de los cuales están antiguos y actuales cargos que durante cuarenta años no resolvieron ni uno solo de los problemas».
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