Los tres nuevos detenidos del BVE pudieron facilitar armas a los presuntos asesinos

Tres personas fueron detenidas en la provincia de Guipúzcoa durante la madrugada de ayer por funcionarios policiales de la comisaría de San Sebastián, por presunta relación con el Batallón Vasco Español (BVE). Con ellos son ya seis los supuestos activistas de la mencionada organización detenidos en las últimas horas.

A pesar de que no ha sido revelada la identidad de los tres nuevos sospechosos, la participación que se les atribuye en las actividades terroristas del BVE, según pudo saber EL PAIS, consisten en haber facilitado armas a los militantes que se encargaban de ejecutar los asesinatos.

La desarticulación de uno de los comandos del BVE, que pone fin a una situación calificada reiteradamente como impunidad por las fuerzas políticas democráticas, ha sido recibida con optimismo por los principales partidos del País Vasco, que han coincidido en señalar la necesidad de que se agoten las investigaciones. Sin embargo, organizaciones de la izquierda rupturista han mostrado su escepticismo sobre la actuación policial. Según las gestoras pro amnistía, «no servirá de mucho encarcelar a estos fascistas cuando los verdaderos culpables quedan sueltos». Por su parte, el Movimiento Comunista de Euskadi (EMK) asegura que las detenciones son «una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza del BVE».

En otro orden de cosas, cuatro partidos políticos han denunciado la actuación de Herri Batasuna (HB) y ENIK durante los funerales de la víctima del BVE Francisco Javier Ansa, celebrados anteayer en Andoain (Guipúzcoa). Según los partidos Nacionalista Vasco, Socialista, Comunista y Euskadiko Ezkerra, los gritos de ¡Gora ETA Militarra! (¡Viva ETA Militar!), coreados por un sector del público en la manifestación que siguió al funeral, desvirtúan el sentido unitario que debiera haber tenido el acto y revelan que HB y EMK «parece que necesitan de la muerte como fundamento de su actividad política».

Castells denuncia obstrucción a la justicia

El abogado Miguel Castells denunció ayer, en conferencia de Prensa celebrada en la capital guipuzcoana, supuesta obstrucción a la justicia por parte de la policía y la Dirección de la Seguridad del Estado. Castells, que hablaba en nombre de los letrados que representan la acción popular en las diligencias judiciales por el paso ilegal de la frontera hispano-francesa de tres personas, en diciembre del pasado año, inmediatamente después del atentado contra un bar de Hendaya, afirmó que la policía de San Sebastián y la DSE se habían negado a facilitar su identidad y paradero, alegando primero graves daños a la seguridad del Estado, y, después, desconocimiento de la filiación de los tres individuos.Castells, que se mostró incrédulo sobre la posibilidad de que los organismos del Estado contraten informadores sin conocer su identidad y someterles a una investigación previa, recordó la negativa del Ministerio del Interior a facilitar información sobre el tema en varias ocasiones, aduciendo la existencia de un procedimiento judicial en San Sebastián, «que ahora obstruye la DSE al no facilitar datos imprescindibles», según comentó el senador de Herri Batasuna.