Los controladores aéreos aceptan la última y definitiva oferta de la Administración

El comité nacional de controladores aéreos decidió el pasado lunes aceptar las condiciones presentadas por la Administración para dar fin al conflicto que desde el pasado 9 de enero mantienen las partes y que en los días 27,28 y 29 de ese mes desembocó en restricciones al tráfico aéreo, situación que ayudó a la desconvocatoria del congreso que tenía previsto celebrar en Palma de Mallorca los tres últimos días de enero.

La oferta de la Administración abarca un plus de penosidad que se retribuirá en función de baremos determinados por las operaciones (despegue y aterrizaje) que se efectúan en cada aeropuesto (en 1980, La Coruña registró 1.149 operaciones; Palma de Mallorca, 70.861, y Madrid, 123.679). Además se concreta un plus por rotación de turnos en los aeropuertos que trabajan las veinticuatro horas del día y se incrementan las retribuciones en un arco que va de 22.000 a 30.000 pesetas mensuales (extremo este pendiente de confirmación).Fuentes del comité nacional de controladores manifestaron ayer que la oferta está alejada de sus pretensiones pero es su intención no complicar la situación para que no le sean atribuidas otras intenciones que las meramente profesionales.

El conflicto de los controladores aéreos coincide en el tiempo con la prevista celebración del congreso de UCD en Palma de Mallorca, los pasados días 29, 30 y 31 de enero. El primer aviso de huelga se remonta, no obstante, al día 9 de enero.

El 15 de enero se reúnen por vez primera la Administración y el comité nacional de controladores aéreos. En ella se exponen las peticiones y propuestas respectivas, Los controladores solicitan una retribución mensual básica de 114.632 pesetas, más 20.000 pesetas mensuales en concepto de productividad o especial penosidad, frente a las 83.000 pesetas de retribución básica y los pluses en concepto de horas extraordinarias o festivos (que suben a 4.000 o 5.000 pesetas mensuales) que perciben. La Administración, por su parte, propone una subida de la retribución básica hasta 90.739 pesetas, más 16.000 pesetas en pluses por diversos conceptos. Ambas partes acuerdan un plazo de diez días para que la Administración dé respuesta a las reivindicaciones de los controladores.

El día 26 de enero, ante la falta de respuestas de la Administración, se intenta una nueva reunión para resolver problemas técnicos. Aproximadamente a las cero horas del día 27, los centros de control de Barcelona, primero, y Madrid y Palma de Mallorca, después, deciden poner en práctica un bloque de restricciones para la ayuda de la navegación aérea. Esta postura rompe las negociaciones y facilita la desconvocatoria del Congreso de UCD en Palma de Mallorca, aunque durante el día 28 se realice un plan alternativo de transporte para los compromisarios.

El día 29 de enero, a las 14.30 horas, se decide la desconvocatoria de la huelga y el inicio de nuevas conversaciones. En tres días Iberia informa que se han suspendido el 70%, aproximadamente, de los vuelos desde Madrid y que las pérdidas ascienden a trescientos millones diarios.

El día 30 se reúnen las partes y se hace constar en acta la vuelta a la normalidad, el planteamiento de principio del problema, y el rechazo de medidas de fuerza hasta que no se nombre nuevo Gobierno. Se decide, asimismo, constituir un grupo mixto que estudie el modelo de prima de peligrosidad, modelo que se presenta el día 16 de febrero a dictamen.

El día 3 de febrero los controladores puntualizan que no es suya la responsabilidad de desconvocatoria del congreso de UCD. Al día siguiente, el subsecretario de Aviación Civil asegura que los controladores se habían excedido en sus facultades al imponer restricciones al tráfico aéreo

El día 17 los controladores del centro de Barcelona proponen al comité nacional una nueva huelga, para el día 23, propuesta que es rechazada al día siguiente.