Las competencias de las autonomías centran el debate sobre la ley de Centros
Las reacciones provocadas por el conocimiento del dictamen definitivo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Centros Docentes parece dirigirse principalmente hacia sus consecuencias en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas.
UCD y la Minoría Catalana se han apresurado a capitalizar en su favor la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el carácter orgánico de determinados artículos de la ley de Centros, que, consecuentemente, no podrían ser modificados ni sustituidos por las comunidades autónomas. Ello les sirve para presentar a los socialistas como culpables de lo que interpretan como un recorte sustancial de las competencias de las comunidades autónomas en materia de enseñanza.Las dos fuerzas políticas, estrechamente vinculadas a la filosofía de la educación que impregna el Estatuto de Centros, presentaban la disposición adicional, anulada ahora por el Tribunal Constitucional, como una generosa ampliación del techo de competencias.
El corolario lógico es que el recurso interpuesto por los socialistas ha servido para reducir aquel techo a los estrictos límites de los estatutos.
Roca Junyent dijo ayer a Europa Press que la Minoría Catalana siempre había considerado la ley de Centros como «positiva desde el punto de vista educativo, y altamente positiva desde el punto de vista autonómico, en cuanto aceptábamos que mejoraba los techos autonómicos que el estatuto venía a delimitar».
Añadió el portavoz de la Minoría Catalana que, con su posición ante esta ley, «queda claro que hacíamos un servicio importante a Cataluña y que, por el contrario, los, autores de esta impugnación evidentemente no han hecho lo mismo».
Para los socialistas, por el contrario, lo importante es la ideología que encierra esta ley. Para Luis María de Puig, portavoz de Educación de Socialistas de Cataluña, «el drama no está en si los artículos que no eran orgánicos ahora van a serlo, y, por tanto, van a vulnerar en cierta manera la posibilidad de legislación autonómica sobre ellos».
El portavoz socialista piensa que el problema es que «la ley supone una interpretación muy de derechas de la Constitución, y así la apoyó la Minoría Catalana, resulta que los artículos más duros sobre el sistema educativo, que apoyó la Minoría Catalana y nosotros votamos en contra, han sido orgánicos siempre».
