Juicio contra el ocupante de un piso adjudicado a una maestra de la Sección Femenina

Angel Fulgencio Hurtado, albañil en paro, madrileño, de veintinueve años de edad, fue juzgado ayer en el Juzgado de Instrucción número 4, acusado de haber cometido delito de coacción por ocupar el 17 de enero de 1979 una vivienda vacía en el barrio de San Blas, que anteriormente estuvo asignada a Carmen Tortuero, maestra, afiliada a la extinguida Sección Femenina de la Falange Española. La sentencia se conocerá la próxima semana, y el caso visto ayer forma parte de otras diez situaciones semejantes.La petición hecha por el fiscal fue de un mes y un día de arresto mayor y una multa de 20.000 pesetas. El abogado defensor, Fernando Salas, se pronunció por la absolución.

El acusado, casado y padre de un niño de cuatro años, tras reconocer que forzó la puerta para instalarse con su familia en un piso vacío en la calle de Ribadesella, 8, pasó a explicar que anteriormente compartía con sus suegros una vivienda de menos de cuarenta metros cuadrados, también en el barrio de San Blas. «Pero esa situación no podía continuar, porque éramos muchos para tan poco espacio y además nos llevábamos muy mal con mis suegros. Yo estaba en paro y vivíamos de las 17.821 pesetas que cobraba mi mujer en Laken Ibérica, SA».

La denunciante, Carmen Tortuero, reconoció en la sala que el piso que en su día le asignara Pilar Primo de Rivera, como parte de una operación de la que se beneficiaron maestras de la Sección Femenina, no lo llegó a utilizar nunca como vivienda y que el uso que hacía de él se reducía a ir a comer algunos días y lavar después los utensilios utilizados. Añadió que no se consideraba perjudicada y que no pretendía la recuperación del piso, ya que, como reconoció a preguntas de la defensa, posee un piso que habita con su marido.

"Operación" de Pilar Primo de Rivera

El abogado de la defensa, Fernando Salas, aseguró que no se había producido delito de coacción porque la vivienda se encontraba vacía desde 1977 y que nadie posee documentos que acrediten su propiedad, ya que la denunciante solamente tuvo la vivienda en calidad de asignada, por tratarse de un lote de pisos construidos a finales de la década de los cincuenta por el Instituto Nacional de la Vivienda y que, tal como se hacía entonces, un cupo fue destinado a la Secretaría General del Movimiento. Desde aquí, y por una operación dirigida por Pilar Primo de Rivera, se asignaron pisos a mujeres de la Sección Femenina. Una vez disuelta la Secretaría General del Movimiento, la junta liquidadora de su patrimonio destinó estas viviendas al Ministerio de Educación, sin que este organismo les haya dado un destino definitivo.