Partidos políticos, y cristianos de base critican el texto de los obispos contra el divorcio
Desde que la Conferencia Episcopal Española hiciera público el pasado miércoles, 48 horas antes de iniciarse el congreso de UCD, su documento contra el proyecto de ley de divorcio, en el que consideraba que si éste "llegara a promulgarse tal como está formulado quedaría seriamente comprometido el futuro de la familia en España y gravemente dañado el bien común de nuestra sociedad" se ha producido una amplia polémica al respecto. Las reacciones al documento, episcopal han sido mayoritariamente de crítica; muchas de ellas difundidas por la agencia Europa Press (que llegó a recoger el aplauso a los obispos de «el presidente del partido político Ceys, Fernando Enebral»), se mostraron a favor.
Se han levantado voces en pro y en contra de la convocatoria de un referéndum y los españoles han podido hacer algún descubrimiento peculiar: la publicación del documento beneficia a los socialistas, según la pluma del columnista del Ya Abel Hernández. Por otra parte, el secretario general de los socialistas vascos, Txiki Benegas, declaraba, tras su entrevista con el Rey, dentro de los contactos para a propuesta de presidente del Gobierno, que había quedado gratamente sorprendido por los criterios liberales y progresistas del Monarca en torno al divorcio.En el ámbito de los grupos parlamentarios, que, a fin de cuentas, son los que decidirán con sus votos el futuro del proyecto de ley, ultimado por la Comisión de Justicia y las principales formaciones políticas, excepto Coalición Democrática, atacaron duramente lo que calificaron de injerencia de la Iglesia en las competencias del Estado.
Los socialistas calificaron el texto episcopal como «inoportuno, desmedido y desestabilizador». Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, manifestó, en declaraciones a Radio Nacional, que esas palabras «se podrían aplicar también al proyecto de ley».
El PCE lamentaba y rechazaba «el contenido y los objetivos políticos de la declaración de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal y expresa, una vez más, su voluntad de defender la soberanía del Parlamento y la vigencia de la Constitución», mientras el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, opinaba que la declaración episcopal es «un buen documento» y que los obispos «tienen todo el derecho del mundo» a pronunciarse sobre el proyecto de ley de divorcio.
Otros grupos políticos no parlamentarios, como el Movimiento Comunista, Liga Comunista Revolucionaria y los Nacionalistas de Izquierda catalanes, calificaron la opinión de la Iglesia como una «gravísima» e «inaceptable» injerencia de la jerarquía eclesiástica en los asuntos civiles.
Joaquín Ruiz-Giménez, ex dirigente de la Democracia Cristiana y actual presidente del Club de Amigos de la Unesco, calificó el documento de los obispos de «innecesario» y lamentó que la Conferencia Episcopal se hubiera pronunciado de nuevo sobre un tema que ya estaba tan claro en su anterior declaración de 1979.
Por el contrario, Derecha Democrática Española, grupo que encabeza Federico Silva, se solidarizó con la declaración de los obispos, que calificó de «firme y mesurada».
Dentro de Unión de Centro Democrático, en las fechas transcurridas entre la declaración episcopal y la aprobación ayer de la ponencia sobre política familiar en el congreso centrista (véase información en página 17), las reacciones ante el texto de los obispos fueron desde el des contento por la reacción eclesiástica de Rafael Arias-Salgado, recogido por la agencia France Presse, hasta el democristiano y anterior redactor de la ley de Divorcio, Iñigo Cavero, quien dijo que desde que conoció el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley «esperaba esta declaración episcopal». Asimismo Juan Antonio Ortega se manifestaba, desde Mallorca, contrario a las reformas introducidas en el proyecto por Francisco Fernández Ordóñez.
La reproducción en EL PAIS de unas declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y líder del sector crítico de UCD, Oscar Alzaga, publicadas el pasado 19 de diciembre, en las que decía que los democristianos no plantearían problemas al texto dictaminado por la comisión, «porque no hay que olvidar que este proyecto se elaboró en la época de Landelino Lavilla, entró en el Congreso firmado por Iñigo Cavero y sus modificaciones sustanciales han sido redactadas por el señor Escartín», hizo que el dirigente democristiano dijera a un redactor de este periódico que la citada frase la había dicho medio en broma. Alzaga intentó puntualizar, en esta ocasión, sus declaraciones de entonces, lo que no hizo mes y medio antes; al término de los trabajos de la comisión, el líder crítico hizo notar a EL PAIS su acatamiento de la disciplina de partido al votar a favor del texto de la ponencia en el tema del procedimiento de divorcio y, por tanto, no apoyar el voto particular del ponente José Antonio Escartín, de su misma línea política; ahora manifestó que «el proyecto de ley se ha deformado fundamentalmente con las introducciones, por la vía de la disposi
Partidos políticos, y cristianos de base, critican el texto de los obispo contra el divorcio
ción adicional sexta, de un mecanismo de divorcio por mero disenso que contradice abiertamente el programa de UCD».También en las áreas del partido centrista, el comentarista político del diario Ya Abel Hernández publicaba el pasado viernes un artículo según el cual la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Luis Apostua, envió hace tres semanas un informe a los obispos sobre la posible incidencia que podría tener un pronunciamiento de la jerarquía eclesiástica contrario al proyecto de ley de Divorcio, en el que se alertaba a los obispos del peligro de ruptura de UCD en dos. Al parecer, el informe decía que un sector de los centristas se iría con Coalición Democrática, lo que, contando con la ley d'Hondt, daría el triunfo a los socialistas en las próximas elecciones.
En el ámbito eclesiástico, el secretario de la Conferencia Episcopal, Jesús Iribarren, comentó, ante la avalancha de críticas contra la declaración de los obispos, que el episcopado no tenía previsto dar una respuesta oficial a las mismas. Europa Press recogía las manifestaciones de «medios cercanos a la casa de la Iglesia», según los cuales, «tanto la Conferencia Episcopal como todos los obispos españoles en sus respectivas residencias están recibiendo múltiples testimonios de adhesión por el documento ».
El congreso de UCD
Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, decía a Radio Nacional que «el momento oportuno de publicar el documento era éste y nada tiene que ver con el congreso de Unión de Centro Democrático». Yanes se mostraba opuesto a la convocatoria de un referéndum sobre el divorcio, al contrario que la Agrupación de Seglares Católicos de su propia ciudad, quienes manifestaron que presentarían las 500.000 firmas precisas en solicitud de la consulta, porque «no queremos una ley civil en materia de matrimonio».
El colectivo Cristianos de Madrid criticaba muy duramente a los obispos, que, según ellos, hacen aparecer sus escritos «como documentos autentificados por Dios».
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