Tarifas e inversiones eléctricas

Las tarifas eléctricas, además de los costes de explotación corrientes, ¿financian también las nuevas inversiones? Esta sospecha surge tras cada nueva subida, y en esta ocasión se quiere que este tema sea debatido en el Congreso.Por mi parte, y de entrada, debo decir que no sé si las tarifas actuales incorporan entre los componentes del coste el de la financiación de la, nueva inversión. Tampoco voy a tratar de calcularlo, porque no dispongo de datos para contestar con precisión, y, aunque los tuviese, pienso que interesa más hacer un planteamiento general de este importante tema económico. La financiación de las inversiones energéticas, y especialmente de su principal componente, el sector eléctrico, es uno de los temas cruciales en la política económica del sector; pero, a pesar de su importancia y por conocidas razones, nunca ha sido abordado.

Para que el lector pueda centrar el tema, diré que la discusión se centra en el cálculo y contenido de las tarifas; para unos, las tarifas deben hacer frente a los gastos originados en el suministro, e incorporar, por tanto, los costes, de explotación, las amortizaciones de las obras e instalaciones en servicio, los costes de financiación ajena e incluso la remuneración al capital propio; la tarifa no debe incluir ningún importé adicional o beneficio excedente aun cuando fuese dedicado a la financiación de inversiones del sector -centrales nucleares básicamente- aún en proceso de ejecución.

Desde el año 1951 hasta 1972 se aplicaron las llamadas «tarifas tope unificadas». Consistían, brevemente, en un sistema de facturación con dos componentes: un término «A» que trataba de recoger el coste de la electricidad, y otro «r», en cuyo cálculo entraba fundamentalmente el mayor coste de las nuevas centrales en comparación con los existentes, más algunas compensaciones al carbón nacional y a algunos suministros especiales de energía eléctrica.

Tanto el término «A» como el complemento «r» se materializaban en dos complicadas e irreales fórmulas polinómicas. El coste de producción o término «A» tomaba como base las remuneraciones al trabajo, al capital y los restantes costes en el año 1935, que se comparabaq con los del año en curso para establecer el índice de variación interanual; el término «r», a su vez, trataba de comparar costes de instalaciones de generación -muy viejas y muy nuevas- y, por tanto, de dificil cálculo. El verdadero resultado es que el término «A» infravaloró considerablemente el coste de la electricidad, y el término «r», el del sobrecoste de las centrales de generación.

En el cuadro adjunto vemos la cuenta de explotación conjunta de las sociedades integradas en UNESA en el año 1972. Se puede observar que el término «A» era insuficiente para cubrir los costes de explotación y éstos se equilibraban con las cifras procedentes de las primas de construcción de nuevas centrales y las compensaciones térmicas; por otra parte, y por el lado de los costes, se puede constatar la no inclusión de ningún concepto de gasto por razón de construcciones de centrales.

No, los abonados eléctricos españoles podemos dormir tranquilos, si lo que nos lo impide es la sospecha de que hayamos financiado vía tarifas el crecimiento del sector eléctrico; sin embargo, esto no ha significado que no haya sido subvencionado. La asignación de una elevada cuota del mercado de capitales, en parte a unos tipos de interés privilegiado, ha, sido el procedimiento de financiación al desarrollo del sector eléctrico en los años cincuenta y sesenta.

A medida que se profundizaba en la crisis energética, los sistemas eléctricos de todo el mundo han registrado en sus balances un progresivo endeudamiento externo, consecuencia, fundamentalmente, de dos hechos: un acusado alargamiento en la maduración de sus inversiones en curso, y por otra parte, un fortísimo encarecimiento del dinero que agravaba el, efecto anterior.

El creciente endeudamiento externo de las compañías eléctricas y la eliminación de los tipos de interés preferenciales han planteado en todos los países la conveniencia de que las tarifas incorporen una parte de la inversión futura. La razón última que explica esta propuesta obedece a que en el pasado las compañías eléctricas tuvieron, de hecho, la subvención encubierta a través de la financiación; desaparecida ésta, y siguiendo todavía con precios políticos para algunos consumidores, es preciso encontrar otra vía que permita sobrevivir financieramente a las empresas de servicios públicos.

La situación en España ha sido la misma. A medida que se amortizaban los empréstitos antiguos en condiciones muy favorables y aumentaba rápidamente el inmovilizado en curso, la carga financiera se ha disparado en la renovación de los nuevos presupuestos.

Esto, ¿qué significa? En mi opinión, algo bastante simple, y es que aun cuando nos expliquen tan mal, como. es costumbre, los aumentos ,de tarifas (sin embargo, nos dan una cifra exactísima, el 1971%), está claro que la carga financiera incluida en los costes computables en tarifas van a seguir creciendo desmesuradamente, a menos que se fuerce la autofinanciación de las compañías eléctricas, que solamente es posible hoy a través de los precios pagados por la electricidad.

Es decir, creo que, salvo que decidamos llevar una carga financiera desmesurada a los precios futuros de la electricidad, es preciso pagar en los precios actuales una parte del coste futuro, hecho que se justifica en tres aspectos fundamentales: a) la disminución de la participación de las compañías eléctricas en el mercado de capitales (en 1979, el sector eléctrico absorbió el 71% de las emisones de renta fija no financieras); b) la actualización de los costes con un criterio de reposición, hoy no contemplado en las tarifas, y e) evitar los saltos bruscos de los costes en el tiempo cada vez que se incorporan nuevas inversiones (centrales, básicamente) a unos costes de instalación mucho más altos.

Pero el hecho de tener un talonario no justifica la firma de cheques en blanco a favor de las compañías eléctricas. La contrapartida de unas tarifas que incluyan la financiación de la inversión en curso llevaría automáticamente a la limitación de los dividendos reales distribuidos por éstas. Para ello sería preciso, en primer lugar, abandonar el sistema de actualización de balances que está perpetuando la débil estructura financiera del sector. En el año 1973, la regularizáción de balances supuso la creación de 165.000 millones de pesetas, que suponían casi el 60% del capital entonces en circulación; en siete años se ha liquidado esta suma, librando a los accionistas del 40-60% del valor de las acciones emitidas. En los tres últimos años, las compañías eléctricas emitieron 144.000 millones de pesetas, de los que 79.000 millones fueron liberados para los accionistas. Esta medida, junto con la limitación de dividendos y el reforzamiento de los coeficientes de amortización, justificarían sobradamente unas tarifas superiores a los costes actuales del suministro de energía. Además supondrían un apoyo a la normalización del sistema financiero, que necesitaría menos del crédito bancario y de alguna manera contribuiría a la estabilización de los tipos de interés.