Los abogados madrileños debaten hoy aspectos de la defensa de los detenidos por terrorismo

El Colegio de Abogados de Madrid debatirá hoy, en junta general, si los colegiados que las proponen no las retiran a última hora, diversas propuestas relativas al comportamiento público de la corporación con motivo de los actos religiosos del día de su patrona, la Inmaculada Concepción, y a la defensa de los acusados de delitos de terrorismo.

La presentación a debate de estos temas, sobre todo del primero, ha creado cierta tensión en el colectivo madrileño de abogados, hasta el punto de que se espera una asistencia masiva, cuando lo normal es que a dicha junta, la primera de carácter ordinario que se celebra todos los años en el mes de enero, no asistan más de un centenar de colegiados.En total, las propuestas presentadas al debate de la junta general son dieciséis, algunas de las cuales han sido asumidas por la junta de gobierno del Colegio, que preside el decano Antonio Pedrol, y todas ellas han sido dadas a conocer previamente a los colegiados, a fin de que se vote si el debate de las mismas en la junta de hoy es aceptado o rechazado por el colectivo de abogados.

Las propuestas relativas al comportamiento público del Colegio de Abogados con motivo del día de su patrona tienden a que, en aras del principio de confesionalidad del Estado, reconocido en el artículo 16 de la Constitución, «se suprima la invitación oficial de la junta de gobierno a la misa de rito católico, apostólico y romano que todos los años viene celebrándose en el mes de diciembre, dejándose sin efecto si es que existiera cualquier gasto, aportación o gabela que por cualquier concepto se devengase para su celebración y estuviera siendo abonada con cargo a los presupuestos del Ilustre Colegio de Abogados, pudiendo los colegiados que lo deseen producir a su costa tales abonos». En base a idéntico principio, el mismo grupo de diez colegiados que plantea la anterior propuesta tambien solicita que «se proceda por la junta de gobierno a ordenar la supresión en todos los escritos, circulares y convocatorias, del anacrónico inciso final de «Dios guarde a V.S. muchos años».

Fin a las prorrogas

Las propuestas relativas a la defensa de acusados de delitos de terrorismo, presentadas por abogados habitualmente dedicados a esta actividad, pretenden un pronunciamiento de la junta general a favor del derecho de asistencia letrada al detenido, al que se aplica la denominada ley Antiterrorista en vigor. En dichas propuestas se pide que la junta de gobierno del Colegio de Abogados se dirija a las autoridades competentes para que pongan fin a la forma de conceder las prórrogas de detención de los acusados de terrorismo, a la que califican de arbitraria, así como a la «unilateral y anticonstitucional interpretación del derecho de asistencia al detenido, dada por circulares del Ministerio del Interior, lo que está provocando numerosos incidentes debidos a la correcta aplicación que los letrados queremos dar al mencionado derecho constitucional».Otra propuesta, muy relacionada con las anteriores, pretende que la junta general tome posición contra la intervención de las comunicaciones del abogado con sus clientes reclusos, y, entre tanto no se modofique la legislación que permite tal intervención, plantea que «por la junta general se tome el acuerdo de recomendar a los letrados que sufran intervención en sus comunicaciones con clientes, se nieguen a defender en el acto del juicio oral, haciendo pública denuncia de los motivos que a ello les obligan y sin que ello implique renuncia a la defensa, que bajo ningún concepto podrá ser asumida por otro letrado sin la preceptiva venia profesional del anterior».

La junta de gobierno del Colegio madrileño ha asumido, por su parte, algunas propuestas de las presentadas, que no rozan o chocan con la legalidad actual o que no son tan conflictivas, como es la urgencia de convocar un congreso nacional de la abogacía, «en orden a estudiar, acometer y resolver los gravísimos problemas que aquejan a la profesión».

En esta línea, la junta de gobierno también ha asumido para su defensa una propuesta que pide la unificación de los juzgados de distrito madrileños en un sitio único, a fin de poner fin a su actual dispersión, y la adopción de medidas para evitar «los intolerables retrasos que a diario se producen en todos los señalamientos, especialmente en los juicios de faltas».