Una bomba destruye los locales del PSOE en Valladolid

Un artefacto explosivo, compuesto por más de cuatro kilos de pólvora prensada, destruyó ayer, casi en su totalidad, la sede provincial del PSOE de Valladolid, situada en la calle del General Ruiz, en pleno centro de la ciudad. La bomba, similar a las utilizadas en los atentados contra la antigua sede del PCEml, la librería Villalar, el Ayuntamiento y el domicilio de la CNT, estalló a las 4.30 de la madrugada y fue introducida a través de un boquete practicado en los cristales protectores del local socialista. Los autores del hecho colocaron el artefacto, dotado de mecha lenta, en un rincón de la sede socialista, después de escalar los tres metros que separan la entreplanta del suelo.

La onda expansiva tiró tabiques, techos y paredes, rompió el mobiliario y causó también daños considerables en tres establecimientos comerciales ubicados en las cercanías. En uno de ellos se podían observar nueve impactos. A causa del estallido, algunos vecinos de los pisos adyacentes cayeron al suelo desde su cama.El ruido despertó a los habitantes de una amplia zona de la ciudad y causó una gran alarma. El atentado sucede tres días después de que el PSOE hiciera pública su intención de presentar una interpelación parlamentaria sobre la violencia ultra en Valladolid y horas más tarde de que se produjera un juicio contra dos militantes de Fuerza Nueva y otros dos de Fuerza Joven, acusados de participar en los disturbios organizados por la extrema derecha el 3 de junio cuando el Ayuntamiento aprobaba el cambio de nombre de siete calles. Esa misma noche estalló otro artefacto, también compuesto por pólvora prensada, en la casa consistorial.

El atentado contra la sede del PSOE ha causado una gran conmoción en una ciudad donde la escalada de la violencia atribuida a la ultraderecha no ha cesado desde hace años.

El senador Juan Antonio Arévalo y el alcalde socialista Tomás Rodríguez Bolaños fueron los primeros en personarse, al filo de las cinco de la madrugada, en el local del PSOE. La sede, de setecientos metros cuadrados de superficie, estaba totalmente arrasada. Tan sólo un busto de Pablo Iglesias -realizado por Emiliano Barral y escondido durante años- por los hijos del alcalde socialista Antonio García Quintana, fusilado durante la guerra civil- y algunos tabiques permanecían en pie. El resto de las dependencias (despachos, salón de actos, pasillos, archivos, etcétera) quedaron destruidos.

Los daños materiales, aunque aún no han sido valorados, pueden ascender a más de siete millones de pesetas. «A esto hay que añadir», señaló Juan Antonio Arévalo, «los daños morales, puesto que la sede fue construida en sus ratos libres por militantes del PSOE».

Se responsabiliza al gobernador civil

Durante toda la jornada fueron numerosas las visitas al lugar del atentado de personas vinculadas a partidos democráticos y de autoridades provinciales. Ignacio Camuñas ofreció a los parlamentarios socialistas la posibilidad de llevar a cabo planes especiales contra la presencia de la ultraderecha en Valladolid. Sin embargo, la oferta fue rechazada por los socialistas, que han ratificado su postura de no dialogar más con el gobernador civil hasta que no se lleven a cabo hechos concretos.

Gregorio Peces-Barba, que llegó a Valladolid acompañado por Pedro Bofill, como representante de la ejecutiva federal, calificó el atentado como «arrogancia intolerable en respuesta a las acciones del PSOE exigiendo responsabilidades por los actos terroristas ocurridos en Valladolid». El diputado socialista responsabilizó al gobernador civil de la escalada de violencia, e insistió en la necesidad de realizar una reestructuración profunda en la policía vallisoletana. Peces-Barba habló a las 8.30 horas con el ministro del Interior, quien, en aquellos momentos, desconocía el atentado contra el PSOE. «Le dije al señor Rosón», señaló Peces-Barba, «que atajar las actuaciones de la extrema derecha era una cuestión de voluntad política. A partir de ahora no admitimos más diálogos, sino que queremos hechos consumados; es decir, reorganización policial, reestructuración administrativa en esta materia y detención de los responsables. Hay funcionarios policiales en Valladolid que no pueden actuar contra la ultraderecha porque tienen connivencias ideológicas claras con ella».

Tomás Rodríguez Bolaños, alcalde de Valladolid, mostró su disgusto porque los representantes de UCD en la comisión permanente municipal no habían querido incluir en el comunicado de condena la referencia a la extrema derecha. «Es una falta de seriedad grave, porque si realmente existe voluntad de atajar el tema hay que demostrarla».

Los grupos parlamentarios Socialistas del Congreso y del Senado han presentado interpelaciones al Gobierno sobre este hecho y el resto de acciones violentas dirigidas por la extrema derecha. De la misma forma ha actuado el Grupo Parlamentario Comunista, quien, a través de Simón Sánchez Montero, ha pedido la comparecencia del ministro Rosón y del gobernador civil ante la Comisión de Interior del Congreso.