Responsables por otros
De vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad, los profesores de instituto nos estamos encontrando con unos escritos de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en los que se nos anuncia la deducción de parte de nuestros haberes con las palabras textuales: «Resultando que los días... incumplió usted sus obligaciones docentes en el centro donde presta sus servicios ... » Este escrito, es de suponer, se retiere a la huelga de algunos profesores en reclamación de mejoras salariales. Decimos es de suponer porque, aparte la formal acusación de incumplimiento del deber, no se especifican los motivos ni las circunstancias, aunque se alude a una orden ministerial de 6-11-1979, que debe de referirse a huelgas de funcionarios.Pero he aquí que, en muchos casos -es el nuestro-, tal incumplimiento de obligaciones es pura suposición de la delegación, pues no hemos participado en la huelga. Y no lo hemos hecho, muchos de nosotros, no por estar en desacuerdo con las reivindicaciones de nuestros compañeros, sino porque tales reclamaciones económicas, aun siendo justas y urgentes, no son el único ni el más grave de los problemas que hoy tiene la enseñanza pública en España. Pero el Ministerio de Educación prueba una vez más su ya reconocida ineficacia al ser incapaz de conocer cuáles de sus funcionarios estaban en huelga y cuáles no, y opta por efectuar descuentos en la nómina de todos, creando el grave precedente de situar en la inseguridad jurídica a unos ciudadanos que pueden, por lo visto, a partir de ahora, sufrir condena por lo que no han hecho sin previa indagación de que ello sea cierto y sin derecho a ser oídos; y de obligar al acusado -hecho sin precedentes en la jurisprudencia, salvo inquisiciones pasadas (¿pasadas?)- a demostrar su inocencia en vez de obligar al acusador a probar sus acusaciones. Tanto más se condena al ciudadano sin oirlo, cuanto que el plazo legal para recurrir contra tales deducciones ha transcurrido holgadamente cuando la notificación llega al destinatario (está fechada el 17 de diciembre y el 8 de enero se está empezando a recibir). Eso sí, un escrito sin firma ni sello que acompaña a la notificación oficial parece insinuar que una sumisa disculpa ante la delegación dejará la sanción sin efectos. ¿Qué pasaría si ahora, derrochando imaginación, los huelguistas tuvieran la humorada de declarar que no hubo huelga?
Dejando a un lado la gravedad de los hechos expuestos, dos preguntas nos acucian:
1. ¿Quién sancionará al Ministeno, que ha incurrido en dejación de funciones al no haber puesto en marcha los mecanismos de inspección existentes para controlar la normalidad académica de los institutos?
2. ¿Cómo se atrevió el Ministerio de Educación, con la mayor desfachatez, a dar cifras y datos sobre la huelga de profesores, manipulando engañosamente a la opinión pública a través de notas en periódicos, radio, televisión, en las horas de mayor audiencia, si evidentemente no sabía, como ahora demuestra paladinamente, cuántos y cuáles de sus funcionarios docentes estaban en paro? ¿Son así de fiables todos los datos oficiales?
Con independencia de esta denuncia pública, nos reservamos la investigación del derecho que nos asiste a defendernos por los cauces legales de la injuria y amenaza de que somos objeto. Y, dado que no hay razón para que los métodos de un departamento ministerial no pasen a otros, deseamos poner en guardia a los españoles, que quizá cuando menos lo piensen se vean obligados a probar a diario su inocencia para no encontrarse con castigos tan inmerecidos como inesperados. Se empieza teniendo que aclarar al patrono si se estuvo en huelga o no y se acaba teniendo que pedir certIficados de buena conducta para acreditar que no se es ladrón, estuprador, estafador o asesino. / y doce firmas más, profesoras de instituto de segunda enseñanza.
