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Reportaje:

Violencia indiscriminada de la extrema derecha en Valladolid

La ciudad de Valladolid se ha convertido en los últimos años en el paraíso de algunos grupos de extrema derecha, que utilizan sus calles como feudos propios y tratan de imponer su ley a aquellas personas que no comparten sus posiciones. Si bien desde hace algunos meses tanto el Gobierno Civil como la Jefatura Superior de Policía están tratando, con algunos aciertos, de detener lo que ha estado a punto de degenerar en una isla de violencia y terror fascista en pleno centro de Castilla, en escasos días, a raíz del asesinato en Madrid de Juan Ignacio González, secretario general del Frente Nacional de la Juventud (FNJ), la extrema derecha ha vuelto a dejar huellas de su presencia en la ciudad, con acciones como el asalto y las agresiones en la facultad de Derecho, a mediados de diciembre, y el tiroteo indiscriminado el pasado 6 de enero contra el bar El Largo Adiós, que estuvo a punto de costarle la vida a un joven ex militante del PTE.

Prácticamente todo el abanico político democrático de Valladolid ha sido en los últimos tiempos víctima de la violencia de extrema derecha. No sólo han sufrido agresiones militantes o locales de organizaciones políticas de izquierda, sino que hasta la sede de Unión de Centro Democrático, o la propia persona del actual gobernador civil, fueron en su día objetivo de las iras ultras.Valladolid, una capital crecida al compás del desarrollo industrial, con alcalde socialista, es hoy paraíso de unos grupos minoritarios que tratan, por la fuerza, de resucitar la hegemonía fascista que en su día tuvo la ciudad, cuna de históricos falangistas como Onésimo Redondo, José Antonio Girón de Velasco o Dionisio Martín Sanz. Desde octubre de 1979, dos meses antes del incendio provocado contra la sede del Movimiento Comunista, que originó la muerte de dos ancianos, han sido incesantes las acciones de violencia (asaltos, incendios, explosiones de bomba y agresiones a personas) que ha padecido la ciudad.

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Pocas son las calles del centro de Valladolid cuyos edificios no están marcados por el cartel o la pintada ultraderechista (a veces con frases insultantes contra las altas magistraturas del país). Fuerza Nueva, Fuerza Joven, Frente Nacional de la Juventud, Cedade, Comunión Tradicionalista y las fantasmas siglas de los Grupos Armados Revolucionarios (GAR), con las que últimamente se reivindican las acciones de la extrema derecha, forman parte del largo rosario de nombres ultras que el ciudadano está obligado diariamente a contemplar a su paso por las calles.

Hasta hace escaso tiempo había en Valladolid núcleos urbanos prácticamente acotados por miembros de estas organizaciones. La calle de Francisco Suárez destacaba, hasta la aparición de patrulleros de la policía, como la zona nacional más peligrosa e inaccesible para toda aquella persona que disintiera de estos grupos, y todavía hoy existen bares, como Molinero, en pleno centro de la ciudad, al que muchas personas evitan entrar en prevención de posibles incidentes.

Numerosos dirigentes de izquierda han acusado a la policía de inhibición e ineficacia en la lucha contra la violencia ultraderechista. Y en ocasiones se han dado nombres de funcionarios del Cuerpo Superior de Policía que mantienen amistad, desde tiempo atrás, con destacados dirigentes de estas organizaciones. Lo cierto es que se han producido detenciones a personas de extrema derecha que el juez casi siempre ha puesto en libertad, pero nunca en relación con incidentes de claro carácter terroristas, como son los incendios de locales políticos, colocación de artefactos o el tiroteo realizado contra el bar El Largo Adiós.

Situación preocupante

El alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños (PSOE), ex trabajador de FASA, comentaba a este periódico que Valladolid es una ciudad que, aparentemente no debe de tener conflictividad, y acusaba a la extrema derecha de estar generando violencia. «Valladolid tiene una aureola fascista que se debe a determinadas connotaciones históricas. Fue cuna en su momento de la reacción negra».

En opinión del alcalde, la situación es preocupante por la reacción que puede traer consigo. «Valladolid no es una ciudad de extrema derecha y, por tanto, lo que está ocurriendo podría dar lugar a grupos de autodefensa que puedan actuar de forma violenta. Y esto es muy peligroso en un Estado democrático de derecho».

Rodríguez Bolaños cree que la ciudad que dirige no es tan grande para saber quiénes ostensiblemente han hecho alardes de situaciones violentas, y centra la conversación en la actuación de la policía. «En más de una ocasión hemos mantenido reuniones con el gobernador civil y mandos policiales, y en todo momento hemos mostrado nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. No quiero decir que la policía sea la culpable, pero estamos sorprendidos de que personas violentas que son detenidas estén al poco tiempo paseándose por las calles. Esto hace que las bandas ultras estén crecidas. Con ello no tengo más remedio que decir que las fuerzas encargadas de la seguridad no lo están haciendo con eficacia. Valladolid no es el País Vasco, ni tiene caseríos aislados, ni refugios clandestinos... Estas personas siguen alternando en bares y zonas conocidas y nadie les dice nada».

Uno de los temas que más preocupa a la izquierda en Valladolid es la amistad que, según parece, muchos policías mantienen con destacados dirigentes de la extrema derecha. En este sentido, un directivo del PSOE señalaba, a modo de ejemplo, que en una ocasión llamó por teléfono a la policía para comunicarle que al día siguiente llegaba Felipe González a Valladolid. «La llamada era para que la policía conociera la presencia de nuestro secretario general y adoptara las medidas de seguridad típicas en estos casos. Nadie sabía que Felipe González llegaba a Valladolid. Sólo aquí, en el PSOE, y en la policía. Al día siguiente apareció todo Valladolid lleno de pintadas con frases insultantes contra Felipe».

También se lamenta la izquierda de que esta ciudad no haya evolucionado cuando se produjo el cambio político en igualdad de condiciones que otras capitales de provincia. Juan Colino, diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), explicaba a este periódico que en aquellos tiempos el gober

Violencia indiscriminada de la extrema derecha en Valladolid

nador José Estévez (hoy gobernador civil de Málaga) se definía franquista, «y tuvimos que pedirle Peces-Barba y yo un día, después de las elecciones del 15 de junio que retirara de su despacho el retrato de Franco ».Según Colino, a la extrema derecha no se le puede combatir con policías que, aunque no militan e sus grupos, coinciden ideológicamente. «Esto se lo dijimos al anterior gobernador y se lo hemos vuelto a decir al actual: con antiguos miembros de la Brigada Político Social no se puede hacer nada para combatir a los ultras».

El parlamentario socialista insiste en que no es serio que la investigaciones sobre los recientes sucesos de la facultad de Derecho se le encomienden a un policía «que nos interrogó a mí y a otros demócratas más en el anterior régimen».

Diferencia de efectivos

Un funcionario de policía, de línea progresista, que conoce a fondo la Jefatura Superior de Valladolid, indicaba que hay un grupo de solo tres personas para combatir el terrorismo de extrema derecha en Valladolid y otro de, al menos, siete, encargado de la extrema izquierda, «cosa ilógica cuando el volumen de violencia se lo apuntan los ultras». El citado funcionario reconocía que «existen concomitancias afectivas en individuos de extrema derecha y funcionarios de todas las secciones de la Jefatura».

Este funcionario cree que faltan medios humanos y técnicos para combatir a la ultraderecha. «Para que haya una infiltración en estos grupos hay que traer gente nueva y quitar a los que mantienen concomitancias. Yo creía que la Corporación iba a sufrir una evolución, y lo que observo es lo contrario, una involución».

Al frente de la Jefatura Superior de Policía se encuentra, sin embargo, desde hace tan sólo tres meses, uno de los cuatro jefes superiores de policía más jóvenes de España. Se trata de Carlos Gómez de Ramón, un hombre de 39 años, procedente de la Brigada Criminal (hoy Policía Judicial), que en su anterior destino de Córdoba hizo frente en varias ocasiones a incidentes de extrema derecha. En círculos policiales se comentó, al ser nombrado, que Gómez de Ramón iba destinado a Valladolid, entre otras cosas, para combatir la violencia ultra, tema que preocupa en Madrid.

Gómez de Ramón dice que, a su llegada a Valladolid, fue informado de que en esta ciudad se detectaba un enfrentamiento de grupos radicales contrapuestos, con mayoría de extrema derecha. «Desde que estoy aquí se puede decir claramente que no hay decantación de zona nacional o zona roja y que la gente puede transitar libremente por la calle. Los niveles de tranquilidad se han ido superando y no se puede decir, ni lo es, que Valladolid sea el Oeste americano, un safari o el Chicago de los años treinta».

El máximo responsable policial de Valladolid indica que muchos de sus funcionarios son personas que llevan muchos años trabajando en la policía y que son profesionales que han actuado con eficacia tanto en el régimen anterior como ahora. Defensor de sus hombres, Gómez de Ramón sale al paso de los rumores sobre algunos funcionarios a su servicio diciendo que «a un policía hay que juzgarlo profesionalmente y no de otra forma. El hecho de que un señor lleve más de doce años de servicio no debe de ser condición para que cese. En todo caso, si se produjera un relevo, sería por dejar de ser eficaz. La policía es la misma siempre y va por el delito venga de donde venga».

Gómez de Ramón señala que la policía no puede tener ideología y que su actuación debe de ser aséptica, y añade que «la labor es difícil, complicada y extensa. El número de personal no es el idóneo y tenemos escasez tanto de funcionarios como de miembros de la Policía Nacional. Espero que pronto vengan refuerzos. El número de miembros de la Brigada de Información es escaso y, lógicamente, mi idea es potenciar, reestructurar y remodelar el servicio con objeto de conseguir mayor eficacia».

Para el gobernador civil, Román Ledesma, a quien los ultras quisieron agredir en octubre de 1979 durante el entierro de un guardia civil, Valladolid ha cambiado últimamente, ya que se ha intensificado la investigación y el control sobre zonas donde se producían generalmente agresiones. Por el contrario, estima que tanto las agresiones en la facultad de Derecho como el tiroteo contra El Largo Adiós constituyen un hecho aislado en la nueva situación, aunque, en su opinión, muy preocupante, sobre todo, el segundo, «porque se han empleado armas de fuego y ha resultado herida de gravedad una persona».

Ledesma dice que es totalmente falso que haya tolerancia, concomitancia o falta de interés en la policía respecto a los grupos violentos, y niega que exista una escalada de la violencia. Luis Alfonso Cid es el presidente de Fuerza Nueva de Valladolid. Recientemente sufrió el incendio de su automóvil. Es hábil en sus declaraciones a EL PAÍS, y comienza diciendo: «La culpa de todo lo que está ocurriendo la tiene el gobernador, que es un fascista. Valladolid se encuentra normal. Todo lo que se dice son camelos. Aquí ocurre como en todos los sitios... ».

El representante de Fuerza Nueva dice que en la calle se comenta que el atentado contra El Largo Adiós ha sido un ajuste de cuentas entre drogadictos, aunque admite que está en contra de todo tipo de terrorismo. Según él, en Fuerza Nueva ingresan idealistas y aventureros. «Los primeros se quedan y los segundos se van. No es nuestro estilo ni nuestra manera generar violencia. Yo me muevo por muchos barrios y nunca he tenido incidentes, a pesar de que han atacado en tres ocasiones mi coche. Los altercados de bares no son de ideologías, son de copas».

Contrario al presidente de Fuerza Nueva se expresa Félix Mario Fernández Calleja, miembro del secretariado provincial de Comisiones Obreras (CC OO) y uno de los integrantes de la Comisión Ciudadana Antifascista, creada para promover conciencia en la población contra estos hechos. Fernández Calleja asegura que los grupos ultras comercian con armas y tienen campos de tiro, «pero el problema está en que no existen pruebas y que la gente tiene miedo a hablar. Esta ciudad es pequeña, nos conocemos todos, pero existe un gran temor ante posibles represalias».

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de enero de 1981

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