El Tribunal Supremo de Berlín Occidental absuelve al presunto incendiario del Reichstag

La décima sala del Tribunal Supremo de Berlín Occidental ha dictado sentencia absolutoria post mortem en favor de Marinus Van der Lubbe, presunto incendiario del Reichstag, ejecutado el 10 de enero de 1934 por los nazis. Cuarenta y siete años después de aquel incendio, que allanó a Adolfo Hitler el camino del poder absoluto, una comisión de historiadores ha logrado reunir suficientes documentos para probar que fueron los propios nacionalsocialistas quienes prendieron fuego al Parlamento alemán con el fin de desatar una amplia operación contra sus verdaderos rivales políticos, los comunistas.

En la sentencia absolutoria el juez berlinés estima que el presidente del tribunal de Leipzig que condenó a muerte a Van der Lubbe, Wilhelm Buenger, sentenció al acusado a la pena capital atendiendo a presiones de Hitler y sin exigir previamente que se investigase la posible culpabilidad de los seguidores del entonces canciller, del Reich.El siniestro se produjo en la noche del 27 de febrero de 1933. Sin prueba alguna en las manos, Hermann Goering, presidente del Reichstag y ministro del Interior de Prusia, además de brazo derecho de Hitler, acusó aquella misma noche a todos los comunistas de haber incendiado el edificio del Parlamento, como primer paso de un levantamiento general contra la democracia. Ello no impidió que las sospechas de muchos alemanes se orientasen hacia el propio Goering, que ya en 1932 había inspeccionado el túnel que unía su residencia con los sótanos del Reichstag. El que la vigilancia policial del edificio no se apercibiese del siniestro hasta que las llamas hubieron destruido ya todo el interior fue un motivo más de sospecha. Un día después, el presidente del Reich, el decrépito Hindenburg, y el canciller Hitler promulgaban una «orden para la protección del pueblo y del Estado por la que suspendían todas las libertades ciudadanas y, de hecho, se establecía el régimen de terror nazi, que se formalizaría en las elecciones de marzo siguiente.

En septiembre de 1933, y ante la sala cuarta del Tribunal de Leipzig, compareció, además de Van der Lubbe, un grupo de comunistas en el que la primera figura era Georgi Dimitrov. Este realizó una defensa tan brillante del grupo de acusados, que solo se dictó la sentencia capital contra Van der Lubbe, decidida ya de antemano.

Dimitrov, que trece años después se convertiría en el primer ministro de Bulgaría y en líder de un gran atractivo personal, orientó su defensa en Leipzig hacia un objetivo concreto: convencer a los 82 periodistas invitados al proceso -de ellos, dos terceras partes extranjeros-, de que la clave del incendio del Reichstag debía buscarse en la extrema derecha. Por ello invitó, antes de tomar la palabra, a que Goering explicase en qué se basaba su insistencia sobre la autoría de los comunistas. Por lo demás, debería haber una explicación lógica de cómo un hombre solo, provisto de una caja de cerillas y cuatro paquetes de carbones de la marca Oldin, pudo destruir en una hora el enorme edificio del Parlamento.

Si, como había dicho el presidente del tribunal al comienzo del proceso, se trataba de aplicar la «justicia soberana alemana», rechazando todo tipo de connivencia entre los poderes judicial y político, la parte fiscal debía presentar pruebas fehacientes. El presidente, Buenger, trató de restar fuerza a la requisitoria de Dimitrov y exigió a éste que se manifestase sobre si pensaba o no que el tribunal estaba influido de antemano por el Gobierno. Dimitrov se limitó a responder que sospechaba que las investigaciones practicadas por la policía «podían haber sido influenciadas por una posición política determinada». Goering, fuera de sí, le insultó: «Para mí, usted es un bandido, carne de horca».

La Prensa internacional celebró la victoria moral del líder comunista sobre su acusador Goering. Para éste, la victoria había sido suya y por ello se conformó con que Marinus Van der Lubbe, obrero en paro, enfermo de la vista, aún convaleciente de un accidente de trabajo, fuese ahorcado a los veinticuatro años de edad. Los demás acusados recuperaron su libertad, aunque la represión policial puesta en marcha con la orden presidencial de¡ 28 de febrero se ejerciese contra ellos en las mismas puertas del Tribunal.