La neutralidad militar de Canarias, principal punto de fricción entre UCD y la izquierda en el Estatuto

Socialistas y comunistas coinciden en que el Estatuto de Autonomía para Canarias, aprobado casi exclusivamente con los votos de UCD el pasado día 22, no podrá ser sancionado en el Parlamento, «al no tener acreditada su vía». Dicho texto autonómico fue entregado el pasado lunes por los parlamentarios canarios de UCD al presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla. Simultáneamente, el Grupo Parlamentario Comunista solicitó públicamente la retirada del mismo, en base a la no existencia de la acreditación necesaria y a lo que considera grave insuficiencia en su contenido.

El próximo día 12 de enero tiene previsto reunirse la Mesa del Congreso. Según los socialistas, no podrá admitir a trámite el Estatuto canario, ya que no está acreditado por la vía del artículo 151 ni del 143, al haber anunciado recientemente el Ministerio de Administración Territorial que no se habían cumplido los requisitos que exige el primero de los artículos citados. Para que se establezca el procedimiento por el artículo 143 deberá aprobarse antes en el Parlamento una ley orgánica prevista por el Gobierno para los casos de Canarias, Aragón y País Valenciano. El PSOE, que pone condiciones a esta ley, considera que el Estatuto canario, en las actuales circunstancias, ha quedado bloqueado, a pesar de que, tras su aprobación en las islas, haya ingresado en el Congreso. El presidente de la Junta de Canarias, Alvarez Pedreira, centrista, señaló que UCD y el resto de las fuerzas deberían renegociar el Estatuto antes de que sea votado en el Parlamento.

Canarias y la OTAN

Néstor Padrón, presidente insular del PSOE en Tenerife, declaró a EL PAIS que su partido está dispuesto a exigir hasta el final que se incluya en el Estatuto la garantía de que el archipiélago no será utilizado militarmente por países extranjeros u organizaciones supranacionales. Esta cuestión de la neutralidad militar de Canarias había sido motivo de que el PSOE abandonara, el pasado día 22, la asamblea mixta de parlamentarios y representantes de mancomunidades, en la que fue aprobado el Estatuto. UCD estima que el tema de la neutralidad militar es de exclusiva competencia del Parlamento estatal.Ayer, en una conferencia de Prensa en Las Palmas de Gran Canaria, el PCE convocó al conjunto de las fuerzas políticas de izquierda de las islas a la creación de un frente de oposición al Estatuto aprobado v de defensa del autogobierno y la neutralidad de Canarias. «Estos días la Prensa norteamericana publica que la Administración Reagan es partidaria de que los archipiélagos atlánticos pasen a depender de la OTAN. Según estas informaciones, en las próximas negociaciones bilaterales de Estados Unidos con España se exigirá que las islas Canarias puedan ser utilizadas militarmente por los americanos», declaró a EL PAIS José Carlos Mauricio, secretario regional del PCE.

Según señaló Alfonso Soriano, presidente provincial centrista de Santa Cruz de Tenerife, UCD es también contraria a que en tiempos de paz el archipiélago sea utilizado militarmente por fuerzas extranjeras.

Al conocer las declaraciones socialistas ante la presentación del Estatuto, Manuel Broseta, secretario general para las comunidades autónomas, dijo que Canarias tiene acreditada la vía autonómica del artículo 143 de la Constitución, porque se convocó «la asamblea prevista en el artículo 146 de la Constitución, que corresponde a la iniciativa autonómica por el artículo 143, para aprobar el proyecto de Estatuto por esa vía. A esa convocatoria acudió el PSOE para aprobar el Estatuto, lo que significa que el PSOE canario reconoció la legitimidad de la asamblea y del artículo 143 de la Constitución como vía para la autonomía canaria».

Broseta dijo que en la citada asamblea se planteó un problema de legitimidad de la misma, y el PSOE votó a favor de la legitimación de la reunión, y se fue después porque no se aceptó su enmienda relativa a temas de defensa (la que pretendía la neutralidad de las islas), que es «una limitación a las competencias exclusivas que el Estado tiene en materia de defensa. Esta competencia es irrenunciable en cualquier Estado, sea del tipo que sea».