Política informativa

LA PONENCIA elaborada por UCD sobre política informativa, de cara a su segundo congreso, es tan gratificante como sorprendente. Por supuesto que dicha ponencia deberá pasar por la consecuente discusión del congreso mallorquín de enero, pero por su congruencia política e intelectual merece un comentario avant la lettre. La defensa de la libre circulación de las noticias y el establecimiento de un marco de responsabilidades informativas circunscrito a la empresa periodística, el redactor y el lector, son pilares del ejercicio de la democracia tal como se entiende en Occidente. Tal como la remisión del periodista a su juez natural cuando se extralimita en sus funciones profesionales. Así, cuando la ponencia citada de UCD se manifiesta partidaria de la agilización de la actuación del poder judicial en defensa de la honorabilidad de las personas e instituciones, en cuanto resultaran afectadas por los medios de comunicación social, no hace otra cosa que subrogarse en una de las aspiraciones de todo buen periodista. Por cuanto esta profesión -elevada al limbo por el franquismo- está buscando a la vez tanto sus derechos como sus responsabilidades.El párrafo sustancial de la ponencia ucedista sobre política informativa es aquel en el que se alude a los «que entienden la libertad como amenaza o quienes actúan de forma inconsciente sobre esquemas similares». Para continuar que el partido en el Gobierno se reafirma «en la convicción de que toda acción política se genera a partir del análisis de la realidad, y sólo a partir de ésta, sin escatimarla, puede plantearse una rigurosa, honesta, exigente y completa política informativa».

Tales afirmaciones, completamente lógicas en los. esquemas de las democracias tradicionales, no dejan de chocar con la política gubernamental acerca de la televisión, la agencia del Estado o los llamados Medios de Comunicación Social del Estado.

Resulta reconfortante que una ponencia ucedista desdeñe, por parte del Estado o del Gobierno, la propiedad de medios de comunicación escritos. Es claro que esta Administración heredó deI anterior régimen una cadena de periódicos «propagandísticos» que hace tiempo debería haber suprimido. La liquidación de ese aparato de agit-Prop ha resultado lenta, tardía y dolorosa. Pero no cabe duda de que, salvaguardando los intereses laborales que median, ni el Estado ni el Gobierno deben tener diarios a su servicio.

Otro gesto de honradez política es el reconocimiento de que la agencia estatal Efe lleva a cabo cierta política de dumping respecto a otras agencias noticiosas privadas. No menos importante es la awrición del principio de que las regiones autonómicas precisan de programaciones televisivas propias, así como Jel absurdo democrático de una televisión estatal exclusiva y excluyente.

Acaso sea éste -por su trascendencia social- el punto crucial de la ponencia de UCD: la absurda disquisición entre una televisión estatal y monopolizadora y el libre acceso empresarial y privado a los canales televisivos comerciales. Es cierto que lo deseable sería en esta materia el seguimiento de un modelo parejo al británico, con una gran cadena televisiva verdaderamente «estatal», de calidad, de servicio social y bajo control parlamentario, compitiendo en libertad con emisoras privadas. El problema residiría en que dada la abyección informativa y lúdica de nuestra única televisión -la del Estado-Gobierno-, cualquier canal televisivo privado puede aportar a la ciudadanía unos niveles de calidad tales que obliguen al teleespectader a dimitir de los canales sufragados por el Estado. Y todo ello sin entrar a considerar aspectos financieros siempre más transparentes en una empresa privada que en ctra pública.

Así las cosas, la vieja fábula de Stevenson sobre la dualidad entre el bien y el mal, de la que ningún hombre se escapa, se reproduce fielmente en el aparato de UCD. La política informativa del Gobierno alcanzó sus peores cotas con el establecimiento de un fondo de reptiles que parece que Rosa Posada está dispuesta a no sufragar. La televisión continúa en m anos de hombres tan diligentes hacia el poder como inútíles hacia su propio medio, y los restos de la cadena de Prensa del Movimiento languidecen entre el abandono y las consignas políticas esporádicas.

Si al menos, en enero y en Mallorca, el partido en el Gobierno alcanza a suscribir esta ponencia, otras disensiones de UCD pueden quedar en un segundo plano. A la postre, la política es información, y la información siempre es una forma de hacer política. Y si este Gobierno opta por una auténtica política democrática sobre la información, se habrá definido con mayor claridad que si dirime las abstrusas polémicas entre las «familias» que conforman el actual rompecabezas de los que nos gobiernan.