Cambiar Madrid, un debate permanente

Hay un acuerdo ampliamente aceptado por todos de que Madrid-municipio, conjuntamente con los municipios de su área de influencia, se ha convertido en un medio incómodo, hostil y fuertemente desequilibrado. La discusión que hoy día hay planteada no radica en si son mayores o menores los desequilibrios, sino en si es posible cambiar este estado de cosas, cómo hacerlo y en qué plazos.Reconocido así dónde está situada la discusión, nos encontramos con un panorama de incertidumbre, de vacilación y de falta de perspectiva sobre la exigencia y a la vez la oportunidad de transformar el viejo modelo territorial, hoy día en crisis, por una nueva política urbanística. Desde hace algo más de un año, en que se iniciaron las primeras declaraciones sobre la necesidad de revisar el Plan General del Area Metropolitana de Madrid, venimos asistiendo a un forcejeo entre partidos por ocupar el mayor protagonismo en esta revisión, minimizando la importancia que pueden y deben tener los distintos sectores sociales, profesionales y ciudadanos en este debate.

Lo que han hecho los partidos

La Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid (Coplaco) hizo público en julio de este año un documento para debate y consideró abierta «oficialmente» la polémica. Sin quitarle importancia e interés a dicho documento, que lo tiene en cuanto a compendio y diagnóstico de una situación, llegaba tarde respecto a lo que se estaba «cociendo» en aquellas mismas semanas. Quizá por ello sus promotores no han montado actos públicos de debate contradiciendo el propio objetivo del trabajo.

UCD, desde el triunfo de la izquierda en los ayuntamientos en la primavera de 1979, venía manteniendo una posición de espera e incluso de cancelación de las iniciativas de planeamiento que desde Coplaco se habían tomado (Programas de Acción Inmediata, PAI). La revisión del Plan General y, en mayor medida, el proceso autonómico de Madrid, obligaban a un posicionamiento político y técnico que no podía demorarse más. Todo ello se producía en una situación en la que junto a la incapacidad de los intereses económicos representados por el Gobierno de UCD para elaborar, frente a la crisis actual, un nuevo modelo económico-territorial con vigencia para las próximas décadas, se detectaban crecientes síntomas de impaciencia en influyentes sectores inmobiliarios ante la falta de iniciativa gubernamental (recomendamos la lectura de las conclusiones del II Forum Inmobiliario). Así, de presión en presión, la política oficial ha venido impulsando ciertas políticas sectoriales (privatización del suelo público, programa de vivienda ... ), combinándolas, no sin éxito, con una actuación defensiva, de provisionalidad y de repliegue ordenado-consensuado (decreto ley sobre revisión del Plan General).

El PCE, que desde los años del franquismo es el partido que en Madrid más experiencia ha acumulado en materia urbanística, exponía a mediados de julio, a través de la Gerencia de Urbanismo de Madrid, una serie de objetivos y propuestas para la revisión del Plan General, de contenido polémico y sugestivo. La concepción unilateral y «municipalista» del fenómeno metropolitano, junto a la ausencia de referencias a la necesidad de vincular el planeamiento al proceso autonómico provincial, son los puntos menos consistentes de toda la propuesta; además, una difusión restringida y mediatizada de las propuestas ha impedido, también en este caso, su discusión en profundidad.

El PSOE ha guardado desde un principio distancias respecto al contenido de la propuesta del PCE y con la creación del Consejo de Municipios ha conseguido dotarse de una importante plataforma institucional (de facto) y política, desde la que poder proponer sus propias directrices e ir a su compatibilización con Coplaco (UCD) y Gerencia (PCE). Una vez más no han dejado de estar presentes las tensiones, desconfianzas y pugnas de protagonismo entre los propios partidos de izquierda y la ausencia de un proyecto político conjunto para la ciudad.

Hay síntomas para temer que la batalla por cambiar Madrid, pueda acabar convirtiéndose prioritariamente en un campo de confrontación de protagonismo para su rentabilización electoral. El que la política atraviese las propuestas urbanísticas para Madrid es natural y deseable. Pero el que éstas queden reducidas a una simple caricatura de lo que deben ser, se sustraigan a la opinión pública y al debate los intereses de fondo, va en detrimento de todos y especialmente de los que las propugnan.

Centrar la atención sobre si el urbanismo debe ser de abajo a arriba o viceversa, o mezcla de las dos, o si las directrices metropolitanas responden o no a alguna de las figuras de planeamiento de la vigente ley del Suelo es preocupante cuando una serie de cuestiones se van soslayando.

Algunos ejemplos

En primer lugar, es obligado referirse al imprescindible debate sobre «cuáles son los objetivos de una nueva política urbanística» y el tipo de ciudad, región y formas de vida que se pretende conseguir Además, cambiar la dinámica actual de Madrid requiere la puesta en cuestión de algunos mecanismos básicos del modelo económico-territorial vigente en los últimos años. Es algo que, sin entrar ahora a desarrollar, no puede olvidarse ni ocultarse. El que la crisis económica haya paralizado coyunturalmente las migraciones interregionales no quiere decir que no subsistan e incluso se incrementen a ese nivel las desigualdades en la apropiación o distribución de capitales y recursos naturales. Ello, y muy especialmente en el caso de Madrid, por su función de capitalidad, repercute en el mantenimiento de importantes dinámicas desequilibradoras entre la metrópoli (el centro) y su entorno regional (la periferia, que en el caso de Madrid incluye regiones como Extremadura, Andalucía ... ). Además no conviene engañarse sobre las resistencias que existen y que se oponen a una política recuperadora y rehabilitadora de «la ciudad actual». Los beneficios sociales y los resultados antidespilfarro de tal política chocan hoy con sectores privados influyentes y empeñados en mantener un tipo de desarrollo urbano que dudosamente es el que Madrid necesita.

Cambiar la dinámica del «desequilibrio permanente» exige además contar con un protagonismo del sector público que precisamente parece dispuesto, según la política más reciente del Gobierno, a jugar el papel contrario: abandono y privatización del consumo social (enseñanza, sanidad, abastecimiento ... ) y trasvase de recursos económicos para financiar a bajo coste sectores productores en crisis.

Sigue pendiente de resolverse algo tan trascendental para la operatividad del planeamiento urbanístico como es la vinculación de las inversiones públicas al programa de actuación correspondiente. Por otra parte, seguimos comprobando cómo, mientras se discute la revisión del Plan General, se da luz verde, con silencios preocupantes, a políticas sectoriales que no se adecuan a la solución que necesitan nuestras ciudades: en el último programa de viviendas del Gobierno no se hace una sola referencia en los próximos tres años a la rehabilitación de viviendas.

La estrecha vinculación entre el futuro económico, poblacional, social de Madrid y su Plan General, con el proceso autonómico provincial, sigue sin quererse ver. Hasta ahora estos hechos se nos están presentando como separados, distintos, cuando, a nuestro entender, la fijación de unos objetivos programáticos de gobierno autonómico son básicos para relanzar el papel que tiene que jugar Madrid en el marco de un Estado de las autonomías, y a partir de la redefinición de ese rol orientar las inversiones y la legislación oportuna sobre política territorial y sectorial.

Al plantear estas y otras posibles sugerencias no se pretende ,desanimar a quien dice querer cambiar Madrid. Vaya por delante nuestra identificación personal con tal objetivo, pero hay motivos más que suficientes para reclamar un enfoque más global y más estimulante del método que se está siguiendo. Si se quiere que el Plan llegue a tener capacidad de transformar la realidad actual hay que crear un estado de opinión para ello y conseguir que todos los sectores, desde los vecinales hasta los empresariales, tomen parte activa en la discusión. Sólo así es superable el escepticismo y la falta de entusiasmo por tomar parte en una discusión sobre la que se empieza a cuestionar la voluntad real por llevarla a efecto.