La Comisión Europea trata de resolver la crisis presupuestaria de la CEE

La guerra del presupuesto, que enfrenta a las instancias rectoras de la Comunidad Económica Europea (CEE), cierra un año de mal recuerdo para el proceso integrador de Europa occidental. La Comisión Europea trata ahora de resolver la crisis creada.

Las dificultades que dividieron a lo largo de 1980 a los nueve países miembros, bajo el denominador común de la crisis económica general, culminaron en una grave tensión sobre el contenido mínimo necesario de las arcas comunitarias.El presupuesto general de la Comunidad para este año, aprobado in extremis por el Parlamento Europeo cuando sólo faltan unos días para que entre 1981, levantó reacciones coléricas del Gobierno francés.

Su incremento del 1,25% sobre la cifra total de 25.000 millones de dólares (cerca de dos billones de pesetas), fijada por el Consejo comunitario de Ministros, llevó el descontento también hasta los dirigentes de la República Federal de Alemania, Bélgica, Holanda y Dinamarca.

La decisión de Simone Veil, presidenta de la Asamblea parlamentaria de los nueve, de aprobar definitivamente un presupuesto suplementario para 1980 de 470 millones de dólares (37.000 millones de pesetas), abrió la guerra entre el Parlamento y el Consejo de Ministros.

La Comisión Europea (órgano ejecutivo comunitario) trata de mediar e introducir un poco de calma en los espíritus, ante las declaraciones fulminantes de algunos países miembros.

El primer ministro francés, Raymond Barre, advirtió que su país va a boicotear el presupuesto porque su Gobierno no puede permitir que los tratados «resulten desviados de sus objetivos».

La presidenta Veil rechazó las acusaciones de violación del procedimiento presupuestario: «Si algún país miembro no está de acuerdo, que recurra ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad».

Si el suplemento de gastos para 1980, aprobado con el visto bueno del 85% de los 410 parlamentarios europeos, despertó grandes divergencias en la CEE, la tensión no es menor en torno a la cifra fijada para 1981: 32.000 millones de dólares (dos billones largos de pesetas).

Los Gobiernos que se rebelan contra el Parlamento europeo alegan que el incremento del presupuesto resulta incompatible con las políticas de austeridad económica de los países comunitarios.

Al mismo tiempo advierten de los peligros de una «crisis de confianza» entre las instituciones de la CEE, que podría desembocar en una parálisis de toda la Comunidad.

Los miembros de la asamblea representativa de los nueve replicaron que los incrementos del presupuesto están motivados por causas sociales prioritarias: hay que hacer frente al deterioro de la situación, especialmente en una siderurgia en«estado de crisis manifiesta».

Al mismo tiempo argumentaron que es necesario reducir la contribución presupuestaria al sostenimiento de la Europa verde (la agricultura de la CEE), en beneficio de las nuevas políticas que impone la crisis económica general.

La Comisión Europea (órgano motor de la Comunidad y llamado a ser el futuro Gobierno de la Europa unida) trata de quitar dramatismo a la situación, en un esfuerzo de mediación para hallar una fórmula de compromiso.

En su opinión, según portavoces autorizados, el Consejo de Ministros (órgano decisorio) se extremó en sus decisiones al bloquear todas las solicitudes de los parlamentarios para proveer de más fondos a las arcas de la Comunidad.

El Parlamento Europeo (órgano representativo), siempre según la Comisión Europea, habría exagerado también al utilizar maniobras «llenas de peligrosas consecuencias» para imponer su voluntad.

Sesión extraordinaria francesa

Para poner «orden y paz», la Comisión movilizó a todos sus expertos juristas para que resuelvan el «embrollo político-económico-jurídico» que divide a la CEE.

El ex primer ministro del general De Gaulle y candidato gaullista a la presidencia de la República, Michel Debré, ha sugerido, en carta dirigida el viernes al actual primer ministro, Raymond Barre, la convocatoria del Parlamento francés en sesión extraordinaria.

Michel Debré estima necesaria esa reunión «para responder al golpe de fuerza, jurídico y político, cometido por la asamblea de las comunidades europeas, así como para confirmar el propósito de Francia de rechazar un presupuesto comunitario escandalosamente inflacionista».